Cada año en el Perú surgen numerosas disputas en las que las comunidades exigen justicia en su derecho al agua de calidad. Según la Defensoría del Pueblo, en octubre de 2021 en el Perú se registraron 84 conflictos socioambientales relacionados con la actividad minera. Esta cifra es una de las más altas de la región latinoamericana.

Por otro lado, la contaminación por la actividad minera no causa siempre reacciones visibles. En algunos casos, la población sigue su vida cotidiana por largos tiempos sin que haya conflictos. Como muestra un reportaje de OjoPúblico desde Cerro de Pasco, las familias de dicha ciudad han sido expuestas a la acumulación de los metales pesados por décadas, mayormente en silencio.

El antropólogo Javier Auyero describe este tipo de fenómeno como ‘sufrimiento ambiental cotidiano’. El término refiere a los fenómenos en cuales las poblaciones marginadas aceptan vivir junto a las industrias contaminantes por diversos motivos. Muchas veces se trata de las declaraciones confusas de las empresas extractivas o las autoridades que no exponen la gravedad de la contaminación.

Por otro lado, la aceptación de la contaminación está asociada a las desigualdades históricas y contemporáneas en el manejo ambiental. El caso de la mina Azulcocha, en Alto Cunas (Junín) demuestra bien el tema. La mina fue fundada a finales de 40 en la cabecera de cuenca del río Huasiviejo, tributario del río Cunas, que es la fuente principal del agua de las comunidades de la región.

Las actividades de extracción de minerales en Azulcocha fueron iniciadas por la compañía norteamericana Cerro de Pasco Corporation. Desde entonces la mina ha sido operada bajo varias razones sociales peruanas y extranjeras. Su principal producto de extracción desde los 60 ha sido el zinc.

Durante sus ochenta años en la operación Azulcocha, la empresa ha alterado los ecosistemas y la vida de la población cercana. En 1993, por primera vez, una ley concerniente a la conservación del medio ambiente y al uso sostenible de los recursos naturales fue registrada en la Constitución peruana. Sin embargo, durante décadas las actividades de Azulcocha se desarrollaron sin mayor consideración al ambiente o el agua.

Las condiciones precarias hicieron que muchas comunidades de la zona aceptaran las condiciones de las actividades mineras. En el departamento de Junín, las comunidades del Alto Cunas fueron algunas de las más afectadas por la violencia del conflicto armado entre 1980 y 1994. Las cooperativas productivas y los medios de vida en muchas comunidades fueron destruidos ocasionando altos niveles de pobreza.

En los 90, el régimen post-conflicto de Alberto Fujimori se presentó como una propuesta política para combatir la pobreza y revitalizar la economía. Su agenda principal fue impulsar el sector extractivo a través de las inversiones extranjeras. Esto resultó en mayor expansión de la área de nuevas concesiones mineras del país.

Hoy, la industria minera forma la base de la economía del Perú. Según el Anuario Minero 2020 del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el sector representó el 62% de las exportaciones nacionales. El Perú ocupa el segundo lugar en la producción mundial de cobre y plata, y el tercero en zinc.

La extracción de zinc en la mina Azulcocha se intensificó en 2004 durante el ‘boom minero’ bajo una empresa canadiense Vena Resources SAC. Varias comunidades alrededor firmaron contratos de alquiler de sus tierras. Muchos de ellos con la idea de que el cambio impulsaría más trabajos, programas sociales y compensaciones monetarias. La empresa les había asegurado que las operaciones mineras no causarán contaminación del agua.

En las últimas décadas el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ha sido la herramienta principal para medir la responsabilidad de los proyectos mineros. En Perú, la nueva ley minera aprobada en 1992 declaró el EIA como obligatorio para las nuevas concesiones mineras.

Sin embargo, algunos investigadores han criticado el EIA como método que no tiene una genuina consideración de los derechos de las poblaciones. En muchos casos, los procesos de EIA de diferentes operaciones mineras han utilizado criterios que excluyen a las comunidades aledañas a la operación minera y su derecho a las consultas previas.

En las últimas décadas varias comunidades alrededor de la mina Azulcocha han reclamado sus observaciones de contaminación en las aguas. Además, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha reportado regularmente altos niveles de metales pesados en el río Huasiviejo. Estos se han definido mayormente como antiguos pasivos ambientales sin calificación a los procedimientos sancionadores.

En abril de 2019, la mina Azulcoha pasó a cargo de la nueva empresa peruano-canadiense Sierra Sumaq Rumi. Esto generó una movilización entre las comunidades de Alto Cunas contra la mina. Los pobladores argumentaban que ya no querían minas que no actúan responsablemente ni al medio ambiente ni a las comunidades. Hasta la actualidad el conflicto no ha sido resuelto.

Los casos como Azulcocha muestran que la implementación de EIA no ha logrado resolver las injusticias relacionadas con la contaminación del agua. En muchos casos las prácticas de responsabilidad de las empresas mineras están basadas en compensar los daños ambientales con proyectos sociales o puestos de trabajo. Sin embargo, esta herramienta no ha evitado irresponsabilidades en el manejo de la calidad de las aguas.

La degradación ambiental se genera a menudo de manera invisible. Muchas veces no causa desastres dramáticos, pero sus impactos pueden ser graves y de gran alcance para el ambiente y la salud humana. Para evitarlo, se necesitan evaluaciones más justas y continuas de los proyectos mineros. Sino el actual panorama seguirá permitiendo la lenta contaminación de las aguas altoandinas.