Sin oposición democrática

Si algo caracteriza al Gobierno del presidente Castillo hoy es su falta de capacidad para fijar rumbo. Los perfiles tan distintos de sus jefes de gabinete y los bandazos en varios ministerios dan cuenta de ello. El presidente no terminó de jugarse por iniciativas concretas como la frustrada reforma tributaria, ni trató de capitalizar el buen avance de la vacunación, ni buscó personificar el cambio de tono en la gestión de la conflictividad social. Tampoco se le vio encarar a la abusiva y mentirosa Repsol. Sus decisiones parecen más bien destinadas a desandar cualquier avance y a mermar el respaldo de una ciudadanía cada vez más escéptica y hastiada de la clase política.

El presidente ha dejado pasar muchas oportunidades para afirmarse en un programa identificado con las demandas populares. Ha mostrado también poco interés en marcar la diferencia en sectores como Transportes y Comunicaciones o Vivienda, aediados por corruptelas. Quizá lo más preocupante es que ha entregado el MEF a un funcionario que resulta adecuado en la perspectiva de la continuidad neoliberal, pero está bastante lejos de representar un corte con las dinámicas más perversas del modelo económico, como la defensa del sistema de las AFP o la desatención de las demandas laborales y salariales del alicaído sector público.

Frente a todo ello, la democracia ofrece varias alternativas. Una de ellas es la movilización, por la que cada vez más sectores organizados optarán como reacción al progresivo abandono de promesas que van quedando en el camino, como la segunda reforma agraria o la eventual revisión de contratos de inversión privada lesivos al interés nacional. Como parte de la práctica democrática, el derecho a la protesta existe para resistir o para disputar la orientación del Gobierno desde la ciudadanía, así como desde el Parlamento se dispone de diversos mecanismos de control político.

Sin embargo, lo que está ocurriendo en el Congreso no es una actuación institucional. Por el contrario, lo que vemos allí es la búsqueda de fórmulas para alterar el equilibrio de poderes o, directamente, para remover a Castillo a cualquier costo, lo que en esencia muestra desprecio por el mandato democrático, al intentar revertirlo. Incluso sectores del llamado centro entraron al guión de “ajustar” las causales de inhabilitación y a última hora han desistido, al reparar (recién) en el riesgo de una “conspiración antidemocrática”, que para cualquiera que siga la escena política es evidente desde que se proclamaron los resultados electorales.

Hoy, los medios de comunicación y quienes pueden expresar su postura en ellos, le llaman “oposición” a los sectores representados por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. Eso es un error. Definir su acción como opositora desvirtúa la naturaleza de la democracia, en la que el punto de partida es aceptar que el resultado electoral nos coloca por cinco años en un tablero en el que quienes ganan, gobiernan —idealmente formando coaliciones o ampliando su base—, mientras quienes pierden, fiscalizan y, de ser el caso, investigan y sancionan políticamente. Pero la realidad es que la presidenta del Congreso no solo no acepta estas reglas, sino que usa su posición para promover un golpe de Estado, colocándose momentáneamente a la cabeza de una variopinta mezcla de radicales religiosos, militares retirados y remanentes de la vieja política partidaria. Lo que necesita el país ante un Gobierno desorientado como el de Castillo no es el golpismo de Alva, los especiales editoriales de El Comercio o el consejo de Keiko en RPP, sino una ciudadanía movilizada que le recuerde al presidente las razones por las cuales llegó a Palacio.