Últimamente los gobernadores brasileños han intentado hacer algo que el presidente rechaza categóricamente: concebir una propuesta para que los estados ayuden a frenar el brote más letal del virus hasta la fecha. Se esperaba que incluyera un toque de queda, la prohibición de organizar eventos multitudinarios y límites a las horas en las que pueden funcionar los servicios no esenciales.

El 10 de marzo se presentó el documento, de una página. Supone un apoyo general a la restricción de la actividad, pero carece de medidas específicas. Seis gobernadores, todavía temerosos de enfrentarse a Jair Bolsonaro, se negaron a firmarlo.

A menos que se alivie la presión sobre los hospitales, cada vez más pacientes tendrán que pasar la enfermedad sin una cama en un centro sanitario ni con la esperanza de recibir tratamiento en una unidad de cuidados intensivos, lamentó el gobernador del estado de Piauí, Wellington Dias. El político dirige el foro de gobernadores.

De hecho, ya se están registrando las primeras muertes. En la región más rica de Brasil, Sao Paulo, al menos 30 pacientes fallecieron en marzo esperando una cama en la UCI, según un conteo publicado por la web de noticias G1. En Santa Catarina, al sur del país, 419 personas esperan ser trasladadas a una cama en una unidad de cuidados intensivos, y en el vecino Río Grande do Sul las UCI están al 106% de su capacidad.

Alexandre Zavascki, médico en la capital de Río Grande do Sul, Porto Alegre, describe la llegada constante de pacientes con problemas respiratorios.

“Vemos que una buena parte de la población se niega a ver lo que está ocurriendo, se resiste a los hechos. Esas personas pueden ser las próximas en pisar un hospital, y querrán camas. Pero no habrá ninguna”, denuncia el médico. Agrega que el país necesita que las autoridades locales adopten “medidas más rígidas”.

A pesar de las objeciones del presidente, el Supremo Tribunal Federal de Brasil confirmó que las ciudades y los estados tienen la potestad de imponer restricciones a la actividad. Aun así, Bolsonaro ha condenado constantemente sus movimientos, alegando que la economía necesita seguir activa y que el aislamiento causaría depresión. Las medidas se relajaron a finales del 2020, cuando las infecciones y decesos por COVID-19 descendieron. Se inició la campaña para las elecciones municipales y los brasileños que regresaron a casa estaban cansados de la cuarentena.

El último repunte está impulsado por la variante P1. Según detalló el ministro de Salud del país en febrero, es tres veces más transmisible que la original. Acabó siendo la mayoritaria primero en la ciudad amazónica de Manaos, y en enero obligó a trasladar por aire a cientos de pacientes a otras regiones.

El fracaso de Brasil a la hora de contener el virus desde entonces se percibe cada vez más como una preocupación no solo por sus vecinos, sino también como una advertencia para el mundo, señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa el 5 de marzo.

“En el conjunto del país, la adopción radical de medidas sociales para preservar la salud pública será muy, muy crucial”, afirmó el jefe de la OMS. “Sin hacer cosas que tengan un impacto en la transmisión o supriman el virus no creo que pueda haber una tendencia a la baja en Brasil”, advirtió.

Los más de 10.000 fallecimientos reportados hace poco en Brasil fueron la peor cifra desde el inicio de la pandemia, y el conteo de estos días va camino de ser incluso más elevado luego de que se registraran cerca de 2.300 decesos solo el 10 de marzo, cifra superior a la del día anterior.

“Los gobernadores, como gran parte de la población, se están hartando de tata inacción”, enfatizó Margareth Dalcolmo, una destacada neumóloga del instituto estatal Fiocruz. El pacto propuesto es vago y seguirá siendo simbólico a menos que tenga un gran alcance y confronte al Gobierno federal, agregó.

El consejo nacional de ministros estatales de Salud ya había solicitado que se estableciese un toque de queda en todo el país y de cuarentenas en las regiones donde la capacidad hospitalaria está cerca de su máximo. Una vez más, Bolsonaro se mostró contrario.

“No lo decretaré”, señaló el político en un acto el 8 de marzo. “Y pueden estar seguros de una cosa: mi Ejército no saldrá a la calle para obligar a la gente a quedarse en casa”, aclaró.

Las restricciones ya podían notarse en el exterior del palacio presidencial luego de que el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, implementase un toque de queda y un confinamiento parcial. Rocha advirtió el 9 de marzo que podría endurecer las restricciones, excluyendo así solo a farmacias y hospitales. A día de hoy, la lista de espera para ocupar una cama en una UCI en la región es de 213 personas.

Bolsonaro explicó a la prensa el 8 de marzo que el toque de queda era “una afrenta, inadmisible” y que incluso la OMS creía que los confinamientos no eran adecuados porque afectaban de manera desproporcionada a los pobres.

Aunque la agencia de Salud de Naciones Unidas reconoce los “profundos efectos negativos” de esta medida, señala que algunas naciones no tienen más opción que imponer medidas muy estrictas para ralentizar los contagios, y que los gobiernos deben aprovechar al máximo el tiempo del que disponen para hacer pruebas y rastrear casos, además de atender a los pacientes.