La caída de Castillo, causada en parte por sindicaciones de colaboradores, solo sería un eslabón más de la cadena: Fujimori, Toledo, Humala, García, Ollanta, PPK y Vizcarra jurídicamente han sido sumamente perjudicados por este tipo de colaboradores. Y a la lista se suman gobernadores, alcaldes, congresistas, magistrados, empresarios, abogados, etc.
De izquierda a derecha: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. (Fotos: Andina.pe)
Además se sabe que un colaborador jala a otros colaboradores. Como K. López está sindicando a una larga lista de personas, muchos deben estar pensando seguir sus pasos, porque la información que tienen que proporcionar debe ser muy importante, nueva, oportuna y verificable, la misma que se puede acabar.
La colaboradora del momento tiene a su favor que su información de saque es verosímil porque es sobre las fuertes sospechas de corrupción que había contra el Presidente y su entorno, frente a las que él guardó silencio y hasta se contradijo (las licitaciones, nombramientos y medidas irregulares, por ejemplo).
La experiencia demuestra también que es difícil que alguien como Karelim López se autoinculpe (para ser colaborador el primer requisito es reconocer la comisión de uno o varios delitos) y se enfrente al poder, sin tener “su pan bajo el brazo” en términos de pruebas. Sobre todo porque es fácil de suponer que, por el papel que jugaba (representante de una serie de intereses ante el Presidente y otras autoridades), las tiene.
Todo parece indicar que su solicitud para acogerse a la colaboración ya ha sido aceptada por la fiscal, quien podría haberla rechazado si no la viera viable. Tiene que haber brindado ya algo importante, lo que ha hecho, además, que no se opte por el requerimiento de prisión preventiva.
Ahora, el presidente Castillo tiene a su favor que es un proceso que –como se ha dicho– recién está comenzando, que tiene que pasar por diversas etapas, que la corroboración tiene que ser muy rigurosa, en especial por tratarse de un Presidente en funciones, y que eso puede tardar años, como suele ocurrir. No obstante, nada impide legalmente que si la fiscal considera que existen las pruebas suficientes firme en corto tiempo el acuerdo y que el juez –como es costumbre – lo apruebe.
Sin duda la ya baja popularidad del Presidente caerá aún más, y eso propiciará un nuevo pedido de vacancia o una acusación constitucional, sin importar que sean o no constitucionales (ambas posibilidades siguen siendo aún con esto por lo menos discutibles), o que el pedido de renuncia tome las calles. Acá ya no es defender el resultado electoral frente a un fraude inventado, u oponerse al terruqueo o al cargamontón sino de defender la lucha anticorrupción.
Una razón más para impedir que el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso pase al Pleno, ya que su verdadero fin es debilitar la colaboración eficaz; dictamen que expresa que impedir la lucha contra la corrupción es otra “causa” que tienen en común casi todas las organizaciones políticas, desde Perú Libre hasta Fuerza Popular.
