Finalmente, el Congreso atendió la urgencia ciudadana de una renovación en la cabeza de la Defensoría del Pueblo y a inicios de marzo conformó la comisión especial multipartidaria (hay un representante de cada uno de los 10 grupos parlamentarios, más la presidenta del Congreso) encargada de evaluar postulantes a Defensor o Defensora del Pueblo y presentar a quiénes obtengan consenso ante el pleno del Congreso. Allí se requieren dos tercios (87 votos) para nombrar a quien se encargará de defender los derechos fundamentales de las personas o las comunidades, mediante la supervisión del cumplimiento de obligaciones constitucionales o legales de las entidades del Estado y de las empresas que prestan servicios públicos.
¿Qué aportó la Defensoría del Pueblo en sus primeros 20 años?
Además de defender derechos de decenas de miles de personas en todo el Perú, en sus primeros años la Defensoría del Pueblo impulsó que toda persona que ocupa un cargo de servicio público, actúe orientada hacia un buen servicio al ciudadano o ciudadana, respetando, protegiendo o garantizando, según cada situación, sus derechos fundamentales. Para ello introdujo en el Estado el enfoque de derechos, así como las miradas que de él se derivan: de género, interculturalidad, discapacidad y vulnerabilidad. Asimismo, introdujo la práctica del voluntariado dándole oportunidad a jóvenes para incrementar sus capacidades de servicio público; y dio un importante margen de acción a sus oficinas desconcentradas. Todo ello cultivando la neutralidad partidaria, la capacitación permanente y el estímulo de la ética pública en su personal. Así se ganó el respeto de las distintas tiendas políticas y muchas organizaciones civiles, convirtiéndose en la mediadora más confiable en conflictos sociales.
¿Qué pasó en el quinquenio siguiente?
El Congreso de mayoría fujimorista impuso el 2016 un liderazgo que decidió inclinarse por atender los intereses de dicha mayoría en confrontación con el Poder Ejecutivo Esto generó un desenfoque de la acción defensorial. Hasta agosto de 2016, se habían publicado 175 informes defensoriales, un promedio de 17.5 por año, con recomendaciones basadas en datos, que dieron líneas para reformas, puntuales o generales, en distintas áreas de las administraciones públicas, en beneficio de las personas y sus derechos constitucionales. En los 5 años siguientes, con más personal y recursos sólo se produjeron 12 informes defensoriales, 2.4 por año en promedio, es decir siete veces menos que en los 20 años anteriores, y con calidad desigual e impacto bajo. Si bien se publicaron muchos “informes especiales” sobre aspectos regionales o sectoriales, estos no compensaron la disminución del impacto en las propuestas que atiendan problemas para los derechos de la gente. Asimismo desapareció el litigio estratégico para defender dichos derechos constitucionales.
En consecuencia, según el Informe sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las instituciones del INEI, a marzo de 2020, el 67% de la ciudadanía desconfiaba en la Defensoría del Pueblo y sólo el 21% confiaba en ella, lo que contrasta con otros estudios de opinión en los períodos anteriores. Igualmente, con puntuales excepciones (el Programa de Pueblos Indígenas, por ejemplo), las unidades nacionales dejaron de ser voces relevantes en el debate público sobre aspectos sectoriales de la vigencia de derechos constitucionales.
Para peor, la pandemia llevó a un repliegue del personal de las oficinas defensoriales, disminuyendo la presencia inmediata de los “chalecos azules” en establecimientos de salud, instituciones educativas, comisarías, despachos fiscales o municipalidades, recordando en cada lugar la obligación de respetar, proteger o garantizar los derechos de cada persona, sin discriminación.
¿Qué debe buscar la Comisión especial multipartidaria?
A alguien que lidere una vuelta a las fuentes de la acción defensorial, que impulse a todo el personal a salir a defender los derechos de todas las personas, especialmente, las más vulnerables. Que, para ello, reactive vínculos con organizaciones locales, regionales o nacionales aliadas en la defensa de derechos fundamentales. Y que dé un mensaje de recuperación de la confianza ciudadana, motivando que la ciudadanía en cada región vuelva a ver a la Defensoría del Pueblo como “su” Defensoría en el camino de construir un Perú con justicia y democracia reales.
