Hace apenas dos semanas, el legislador Waldemar Cerrón (Perú Libre) sustentó un proyecto de ley para reducir los montos de las multas de los políticos infractores en materia de financiamiento de campañas. Culminada la semana de representación, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez (Fuerza Popular), ya tiene un dictamen para someterlo a debate y votación.
Hoy, si un candidato no reporta sus ingresos y gastos de campaña, debe pagar entre 44 mil y 132 mil soles (10 UIT a 30 UIT). Patricia Juárez plantea reducir a 5 UIT el mínimo de la multa: es decir, 22 mil soles, la mitad del monto actual.
La propuesta es impulsada por Fuerza Popular y Perú Libre, además de Podemos Perú, en un contexto en el que estos partidos tienen integrantes que incumplieron la entrega de sus informes de ingresos y gastos.
Waldemar Cerrón pedía incluso una reducción drástica, llegando a un mínimo de 440 soles por dicha infracción. Y Enrique Wong (Podemos Perú) tenía una propuesta del pago de 4.400 soles por la falta.
Juárez, en su dictamen, recoge la idea, pero no los montos, pues fija la reducción en 5 UIT, la mitad de la multa actual que deberían pagar los candidatos infractores. Se trata de una regla que el mismo Congreso fijó en periodos pasados.
Incentivo a las dádivas
Otro aspecto que contempla el borrador de dictamen de Juárez es la reducción de multas para los candidatos que incurren en la entrega de dádivas durante las actividades de campaña.
Actualmente, la multa equivale a 30 UIT, es decir, 132 mil soles. La parlamentaria fujimorista propone reducirlo a un mínimo de 5 UIT (22 mil soles) y un máximo de 30 UIT.
En este extremo, Waldemar Cerrón también planteaba una reducción drástica hasta un mínimo del 10% de la UIT (440 soles), bajo el pretexto de que las multas tenían que ser viables.
El texto que pretende hacer aprobar Juárez incluye párrafos finales que suspenderían los actuales procesos de sanción que impulsa la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Se trata de un planteamiento conocido coloquialmente como la cultura del “perro muerto”, en relación a las deudas impagas. La propuesta proviene del proyecto de Perú Libre.
Algo más: el texto que se aprobaría hoy en Constitución fija un plazo de cuatro años para la prescripción de esta falta, para cuando la ONPE no haya concretado aplicar la sanción.
