Este miércoles entraron en vigor las leyes, aprobadas por el Congreso que castigan, hasta con 15 años de prisión, la publicación de “cualquier manifestación escrita” que aluda al “control territorial” de las pandillas. Los gremios de periodistas califican la nueva legislación como “mordaza”, mientras el presidente Nayib Bukele asegura que no “dará tregua” a las pandillas en su lucha por erradicarlas del país.
Tensión por el autoritarismo del Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Este miércoles en forma de “restricción a la libertad de prensa”, como acusan los profesionales de la comunicación del país, tras que entrara en vigor una reforma en el Código Penal que busca castigar a los medios que “reproduzcan mensajes de las pandillas” con hasta 15 años de prisión.
Sin mucha discusión, el Congreso salvadoreño aprobó el martes estas leyes contra los mensajes “que puedan generar zozobra y pánico en la población”. Una decisión que tiene doble rasero, ya que estas también prohíben la publicación de investigaciones como la que señaló directamente al presidente Bukele por pactar con las pandillas -en muchas ocasiones estos grupos mandaban videos, entrevistas con políticos o sus representantes a medios-.
Esta medida no llega solo a los periódicos, televisiones y radios, también afecta a los ciudadanos directamente, ya que se ha prohibido expresamente cualquier alusión publica a las conocidas como maras, como los grafitis.
Para justificar estas medidas autoritarias, el presidente Bukele recurrió a la historia, en concreto al Holocausto nazi.
“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada, era entendible que fuera así. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas”, sostuvo el mandatario en su cuenta de Twitter.
La denominada por el Gobierno como “guerra contra las pandillas” comenzó a raíz de que entre el 25 y el 27 de marzo de 2022 se registraran 87 homicidios en todo el país. El 26 de marzo fue el día más sangriento del último siglo para El Salvador, solo durante esa jornada asesinaron a 62 personas; tan solo 13 del total pertenecían a bandas criminales. Durante el fatídico día, perecieron civiles corrientes, tales como un surfista o un vendedor de zapatos.
Tras este episodio, y a pesar de las pruebas de que Nayib había pactado anteriormente con las maras a cambio de apoyo político y gobernanza en 2021, el presidente prometió exterminarlas.
Denuncias del gremio de periodistas y oenegés
El método de Bukele para luchar contra las pandillas es lo que critican distintas organizaciones e incluso la comunidad internacional. Este miércoles Estados Unidos pidió al presidente el fin del estado de excepción, declarado el pasado 27 de marzo, ya que este puede atentar contra los derechos fundamentales de la población.
Desde la esfera periodística, el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Castro Fagoaga, señaló las reformas legales como “un claro intento de censura a los medios de comunicación”.
“Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de esas personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad. No mencionar a las pandillas tampoco les hará desaparecer”, sostuvo Castro.
Al respecto, la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, calificó de “grave” esta “reforma que criminaliza hasta pintar un grafiti sobre maras y la publicación de información sobre ellas en medios si generan ‘zozobra'”.
Junto a esta, la organización Amnistía Internacional ha expresado su preocupación de que el Gobierno de Bukele pueda utilizar estos decretos y políticas estrictas para acallar las voces críticas con el gobierno. También pidió que se respetaran los derechos de aquellos que están entre rejas, incluidos pandilleros.
Pero Bukele, sostiene que los que denomina como homeboys -pandilleros- no merecen ni “el más mínimo respeto”.
“No me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a esos pandilleros si tanto los quieren (…) Si queremos algún día ser un país desarrollado, debemos hacer lo que los países desarrollados hacen, no lo que ellos nos dicen que hagamos”, sostuvo Bukele durante una de sus intervenciones públicas el 4 de abril.
El estado de excepción, que se espera que dure 30 días, permite a Bukele restringir la libertad de entrada y salida del país o la libertad de expresión, entre otras cosas. Una medida que también posibilita que la policía arreste a ciudadanos sin pedir dar razones o explicaciones.
Amenazas de “no comer ni un arroz” a los pandilleros
La política de “tolerancia cero” parece que se está convirtiendo en una realidad en El Salvador. Y las amenazas en una táctica del Gobierno. Así lo demostró Bukele el pasado 4 de abril cuando hizo uso de sus redes sociales para advertir pandilleros en un video titulado “mensaje a los criminales”, a quien pidió que se dejen arrestar sin oponer resistencia y que se olviden de “venganzas”.
“Por ahí andan rumores que se quieren empezar a vengar de la gente honrada al azar (…) hagan eso y no habrá un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá a dentro. Les juro por Dios que no comen un arroz”, advirtió el dirigente durante un evento de graduación de 205 alumnos militares de la Academia Nacional de Seguridad Pública.
Incluso llegó a decir que las pandillas son el “brazo armado” de las organizaciones humanitarias, de la comunidad internacional y de los partidos opositores. Acusaciones que carecen por completo de fundamento.
En El Salvador se pueden observar grafitis para marcar una especie de frontera entre las zonas con presencia de grupos contrarios; de los que forman parte muchos menores de edad -que también podrán ir a la cárcel con la reforma de la ley-.
“Se va a sancionar una tentativa de homicidio casi igual que poner un grafiti. Hay una desproporcionalidad en las penas. Por eso el Código Penal va graduando las penas de acuerdo con los bienes jurídicos que se protegen, como el máximo valor es el de derecho a la vida (…) El incremento de las penas no resuelve el problema de delincuencia”, apuntó un juez salvadoreño que quiso conservar el anonimato al periódico ‘El Faro’.
“¿Decidirá @nayibbukele (Nayib Bukele) por Twitter, su Asamblea Legislativa, o sus jueces, quién va preso hasta 15 años por esto?”, apuntaba Taraciuk, de Human Rights Watch, al respecto de estas reformas.
Desde el 27 de marzo, se han recabado al menos 100 denuncias de vulneraciones de derechos, principalmente emitidas por las familias de los supuestos pandilleros arrestados arbitrariamente. Según el Ejecutivo, desde ese mismo día El Salvador ha arrestado a miles de pandilleros. Una caza que parece no terminará pronto.
