Dos familias peruanas, una en Ambo, Huánuco, y otra en Ica y Huancavelica, han tenido que enterrar a jóvenes, muertos a causa de impactos, de una bomba lacrimógena en un caso, y de un proyectil de arma de fuego en otro, objetos disparados por efectivos de la Policía Nacional en el contexto de las protestas de transportistas y agricultores, así como de actos vandálicos en la primera semana de abril. En Huánuco las condolencias le corresponden a la familia de Alexander Trujillo Nolasco, cuya vida física fue arrebatada a los 18 años mientras policías enfrentaban a una turba que intentaba destruir el peaje de Ambo. Mientras que en Huancavelica, el dolor se concentra en la familia de Yhony Quinto Contreras, quien a los 25 años dejó esta vida en medio de un enfrentamiento por el control de la carretera Panamericana Sur en su kilómetro 290, en Ica.
A las muertes de estos dos ciudadanos jóvenes fallecidos por acción de policías, se añaden las de tres personas impedidas de recibir tratamientos médicos urgentes por acción de manifestantes en vías bloqueadas, una atropellada por un conductor irresponsable que eludía un bloqueo de vías, y un niño presa de un miedo que lo llevó a ahogarse en un río.
En general, estos hechos, sumados a la dificultad de la Policía Nacional en resguardar a su propio personal y a la propiedad pública y privada atacada por vándalos organizados (y presumiblemente financiados por personas u organizaciones con interés en desestabilizar al Gobierno), evidencia las siguientes deficiencias en dicha institución:
– Deficiencias en acopio de información para una adecuada apreciación de inteligencia operacional y estratégica que permita anticipar el número, la ubicación y el equipamiento de los efectivos en las prioritarias situaciones de perturbación del orden interno.
– Deficiencias en la formación del personal en técnicas de despeje de vías, reducción de delincuentes y dispersión de vándalos en contextos de protestas sociales, formación que parte de saber distinguir vándalos de protestantes legítimos, para reprimir o detener a los primeros y proteger a los segundos.
– Deficiencias en el equipamiento adecuado para restablecer el orden interno sin matar ni herir gravemente a nadie y a la vez, disminuir los riesgos del propio personal.
Para superar esta situación, urge:
- Fortalecer las unidades de producción de inteligencia, aprovechando la experiencia acumulada en oficiales, suboficiales y personal civil del Ministerio del Interior.
- Capacitar intensamente al personal policial con las pautas definidas en el “Manual de derechos humanos aplicado a la función policial”, actualizado a partir de la experiencia.
- Equipar a las unidades que se desplieguen en escenarios de protestas sociales, con implementos defensivos y ofensivos suficientes según el tipo de situación, y evitar tomar acción hasta no contar con ellos, así como con el personal debidamente entrenado.
Esto en el marco de impulsar el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional para la protección de las personas. Lo que requiere un cambio de liderazgo en el Ministerio del Interior, retomando las recomendaciones de varios informes en los años recientes, así como la línea que había iniciado el ex ministro Avelino Guillén.
