Hace pocos días, en un inusual gesto, Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores a representantes del Foro Cívico, una plataforma de organizaciones de la oposición venezolana en la cual estaban incluidos importantes miembros de sociedad civil que le cuestiona. En el encuentro, sus representantes, activistas de Derechos Humanos, académicos, sindicalistas y empresarios, todos de línea moderada, hicieron solicitudes para la recomposición institucional del país. Entre ellas estaban incluidas proposiciones para el nombramiento del nuevo Tribunal Supremo de Justicia y reclamos sobre los múltiples trastornos de los mecanismos republicanos de la nación.
Acompañado de su esposa, Cilia Flores, y de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro tomaba nota de las observaciones. “Hemos decidido reactivar el diálogo nacional con todos los sectores políticos, culturales, sociales. El diálogo de México recibió un duro golpe, pero si estamos pidiendo diálogo para el mundo tenemos que dar el ejemplo. Vamos a un diálogo más amplio e inclusivo en el país”, dijo Maduro.
Para el 21 de abril el Gobierno se dispone a instalar el Foro de Diálogo Social, con presencia de miembros de la Organización Internacional del Trabajo, una mesa de intercambio con sindicatos y empresarios cercanos a su causa, así como también miembros de la patronal empresarial Fedecámaras, tradicional bestia negra de la narrativa chavista.
Asediado desde todos los frentes hace unos tres años, desconocido por parte importante de la sociedad venezolana durante muchos meses, sancionado internacionalmente, Maduro inicia una ofensiva para adelantar una apertura política —que también es económica— que le permita recuperar autoridad ante sus adversarios y conjurar definitivamente los intentos por sacarlo del poder.
Mientras lo hace, Maduro tiene frente a sí a un frente político opositor disperso y debilitado, con diferencias casi irreconciliables entre sus facciones y lastimada su autoridad frente a su militancia. En este bordado, Maduro parece intentar ponerle límites políticos a la existencia de sus adversarios, y sigue llenando el expediente de Juan Guaidó, amenazándolo periódicamente con llevarlo a la cárcel junto a “sus cómplices”.
El “punto muerto” en el cual se encuentran las negociaciones con la oposición en México después de la captura del empresario Alex Saab ha permitido a Miraflores abrir frentes de conversación con sectores sociales diversos con el objeto de descomprimir el discurso que le asedia y debilitar aún más la influencia de los partidos opositores, en un contexto de una recuperación económica y ante una sociedad sedienta de soluciones. Mientras, la Administración demócrata de Joe Biden abandona el tono intransigente de sus predecesores frente a Venezuela.
El régimen chavista ha permitido el asentamiento de una Oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas — instancia en la cual se investiga a la administración de Maduro por acusaciones de Crímenes de Lesa Humanidad — y ha dado continuidad a las conversaciones con autoridades estadounidenses para procurar el otorgamiento de licencias en los campos petroleros venezolanos.
Mientras tanto, las relaciones con la patronal Fedecámaras se encuentran en un momento particularmente óptimo, con cruces mutuos de recomendaciones y parámetros de coexistencia acordados. El empresariado ha aprovechado la zanja para hacerle ver a los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, dos de los dirigentes chavistas que comandan esta estrategia, sobre la inconveniencia en los constantes cambios de tono de Maduro con los capitales y las potenciales dificultades para aumentar la inversión privada en el país sin seguridad jurídica.
La decisión sobre la devolución de activos expropiados al sector privado tenderá a profundizarse. Un alto funcionario del chavismo, consciente de las resistencias internas ante la medida, ha comentado en una conversación privada que “si fuera por mí, devolvería todas las empresas”.
Para Jesús Chuo González, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, la medida del chavismo expresa un fracaso. “Hay un giro, una transición económica en marcha, porque han colapsado los mecanismos tradicionales de la revolución bolivariana en su relación con el país a partir de 2018. Esta política llena un vacío. Luego de negarse a hacerlo, el madurismo ha ejecutado un ajuste económico sanguinario. Además, las expectativas de cambio que promovía Juan Guaidó han sido frustradas y las cosas cambiaron. Hay que reinterpretar esta realidad.” Para González, todos los caminos políticos existentes conducen a una hipotética consulta electoral en 2024.
Los estudios de opinión recogen que la población parece centrada en mejorar su vida económica cotidiana como una prioridad y se desinteresa de la política. Los empresarios agroindustriales más enemistados con el Gobierno han atendido el llamado para la devolución de propiedades.
“Abrirse políticamente es para el Gobierno de Maduro una necesidad”, sostiene el también analista político y experto electoral Andrés Caleca. “Maduro busca consolidar las divisiones en el frente opositor. Algunos opositores han sido comprados con la corrupción; la mayoría ha sido ferozmente reprimida e inhabilitada políticamente, con otros puedes tratar de entenderte ofreciendo opciones.”
Caleca no descarta que toda esta operación sea temporal y que Maduro sea perfectamente capaz de volver a la ortodoxia chavista en sus procedimientos de nacionalizaciones y expropiaciones si logra retener el poder más allá de 2024. “Pienso que en este intento de apertura puede estar contando la opinión de Cilia Flores, su esposa, que aparece poco pero es una figura fundamental en el gobierno, y en las Fuerzas Armadas, que constantemente hacen evaluaciones políticas de lo que sucede.”
