Desde hace un lustro, se profundiza en el Perú la crisis del capitalismo salvaje, la privatización de los derechos sociales, la renuncia del Estado a proveer salud y educación, la desindustrialización y la permanencia de la economía primario-exportadora que van de la mano con la con la falta de autonomía internacional.
Sectores populares y medios han buscado en estos años la construcción de alternativas votando en las elecciones nacionales y regionales por nuevas candidaturas no comprometidas con la corrupción y levantando enérgicas banderas en jornadas de lucha como las exigencias medioambientales de comunidades campesinas, las huelgas magisteriales, la movilización de la juventud del Bicentenario contra el golpe congresal de noviembre del 2020 y la huelga de los obreros de las empresas agroexportadoras reclamando derechos laborales.
El Gobierno de origen popular de Pedro Castillo
En la elección del profesor rural de origen campesino Pedro Castillo, la mitad de los votantes (mas un pequeñísimo margen) fue capaz desde diversas ideas e intereses de rechazar a la ultraderecha de políticas fascistoides y en especial a la corrupta candidata fujimorista financiada por los grandes propietarios del país.
La victoria en la segunda vuelta fue sumamente difícil porque los poderes fácticos no solamente invirtieron una suma gigantesca, valorizada en muchísimos millones de dólares de propaganda, sino que se atrevieron a propugnar abiertamente un golpe civil militar.
Luego de haber fracasado, estos poderes no han cesado en el propósito de derrocar al gobierno e impedir que realice las reformas plasmadas en el Plan Bicentenario Sin Corrupción enarbolado para la segunda vuelta, cuyo carácter es efectivamente patriótico y social.
El gobierno de Castillo tiene méritos como la propuesta de segunda Reforma Agraria y la Reforma Tributaria que deben ser defendidos y profundizados, aunque el propio gobierno no las haya mantenido, porque responden a las necesidades del país y son parte de las reformas contenidas en el Plan Bicentenario.
También es meritorio que frente a las protestas recientes, el gobierno esté realizando reuniones del Consejo de Ministros con la presencia de la población organizada y que junto con sus representantes apruebe normas y propuestas como el proyecto de Ley antimonopolios.
Lamentablemente, el señor Pedro Castillo no ha sabido valorar el gigantesco capital moral que le encargaron sectores muy importantes de los peruanos, que en las zonas rurales y en el sur del país fue enormemente mayoritario. No se le exigía al señor Castillo que sea un académico de fuste, porque a todas luces no tiene esa preparación, ni tampoco que se manejara con soltura en las luchas por el poder porque carece de una trayectoria con experiencia política; pero sí se esperaba de él que rompiese con el patrimonialismo y el clientelismo que caracteriza al Estado peruano desde tiempos coloniales.
Colonialidad del poder que se mantiene medio siglo después del ascenso campesino y la Reforma Agraria que eliminaron la servidumbre rural, y persiste en el racismo y la exclusión permeando toda la sociedad. Los grandes poderes manejan la cosa pública del Estado central como propiedad personal y la reparten entre sus allegados y subordinados. El peor de los efectos de esta tradición estatal es que se replica en los poderes regionales y locales al margen de ideologías, lo que precisamente se aprecia en el Gobierno Regional de Junín y en la práctica del Presidente de nombrar a sus allegados en lugar de buscar en todo el país a quienes puedan asumir semejantes responsabilidades.
Por supuesto es muy bueno que los altos funcionarios del Estado vengan de las regiones. El proceso de regionalización ha fortalecido los cuestionamientos contra Lima-Callao, de tal manera que el Estado peruano tiene que pensarse desde macroregiones, como podrían ser Norte, Sur y Centro, abarcando como pedía Pulgar-Vidal Costa, Sierra y Selva y quedando la ciudad de Lima-Callao como una macroregion en sí misma.
Que el incremento de precios no aumente la miseria y la pobreza
La inflación internacional y el incremento de precios que es la más grave en los últimos cuarenta años, ha golpeado duramente al campesinado por la multiplicación del costo y la escasez de fertilizantes, a los transportistas por el mayor precio de los combustibles y a los pobres en general por el incremento en la canasta básica. Cómo siempre, los poderes fácticos de los grandes propietarios, las empresas transnacionales que manejan la exportación minera, los monopolios bancarios, farmacéuticos y alimentarios, entre otros, y la prensa concentrada, pretenden que el incremento de los precios recaiga en los más pobres. La fórmula de aprobar exoneraciones tributarias sin incrementar por otros mecanismos la recaudación es antipopular porque reduce el presupuesto para atender derechos sociales y desarrollo.
Con el propósito demagógico de ocultar las características del capitalismo salvaje, la ultraderecha promueve o en todo caso admite medidas como dedicar más de cuarenta mil millones de soles a los fonavistas, y otras iniciativas por el estilo que amenazan provocar un forado fiscal y prometen una futura crisis económica que los grandes poderes emplearán para anular cualquier beneficio ganado por las mayorías. De manera parecida se autoriza un nuevo retiro de las AFP’s sin construir una jubilación pública con estudios actuariales que garanticen su financiamiento futuro.
Lo fundamental en la coyuntura es aprobar tributos adicionales para las grandes empresas mineras transnacionales que están obteniendo ganancias no previstas. Asimismo, se requieren nuevas tasas tributarias para las grandes fortunas personales. Por último, es pertinente lograr que todos aquellos evasores y elusores tributarios cumplan con sus obligaciones.
La meta es incrementar la presión fiscal hasta el promedio latinoamericano, pasando del 15 a más del 20 % del PBI. Solo de esa manera los pobres no se morirán por falta de atención médica ni carecerán de la formación indispensable para trabajar y, además, habrán recursos para favorecer la producción con valor agregado y mayor diversidad, incluyendo la industria, todo ello necesario para incrementar empleos con derechos y sobre todo pasar del crecimiento, indispensable pero insuficiente, al desarrollo sostenible.
En la coyuntura de inflación y aumento de precios el Estado puede aliviar el sufrimiento de las familias mediante empleo temporal en obras públicas, reparto de alimentos a través de las organizaciones populares y bonos que abarquen efectivamente a la población de menores recursos. Ha de procederse con cautela porque no se trata de una crisis momentánea; según la mayor parte de los expertos, la profundización de la inflación mundial, acompañada de una ralentización del crecimiento e incluso recesión, es altamente probable.
También es de extrema urgencia que el Estado peruano a través de Petroperú comience a producir fertilizantes, porque es un crimen sin nombre que los grandes poderes fácticos hayan impedido durante varios lustros que el Perú aproveche el gas y los fosfatos que posee con tal finalidad. Igualmente es urgente que Petroperú explote aquellos yacimientos que cuentan con licencia social y ambiental. Cómo no es suficiente la producción local, la alternativa práctica es comprar petróleo a Venezuela, de mala calidad, pero perfectamente aprovechable por la magnífica refinería de clase mundial que ha construido Petroperú con préstamos por cinco mil millones de dólares que pagaremos todos los peruanos.
En cuanto a los transportistas pobres, mototaxistas, colectiveros y taxistas informales, es preciso tener en cuenta que tras la pandemia, en el Perú como en todo el planeta los empleos son de menor calidad y la informalidad ha ganado terreno. Decenas y hasta cientos de miles de familias dependen de estos transportistas y no es posible aplicar regulaciones ajenas a nuestra realidad.
En defensa de la economía popular, cualquier acuerdo político, sea con el actual gobierno o mediante la convocatoria a nuevas elecciones generales, debe incluir las medidas necesarias para reducir el sufrimiento de las grandes mayorías de estratos pobres y medios, estableciendo un nuevo paradigma donde la cúpula económica del país comparta su enriquecimiento.
Las reformas patrióticas, sociales y económicas son tarea del presente
Las reformas patrióticas y sociales que suponen indispensablemente un nuevo capítulo económico constitucional que elimine la subsidiariedad del Estado (política pinochetista y fujimorista que prohíbe en la práctica la creación de empresas públicas y deja al país en manos de monopolios privados), requiere consensos de las mayorías. El cambio constitucional habrá de otorgar al Estado la capacidad de intervenir en la economía incluyendo sin embargo candados para combatir la corrupción en las empresas públicas, la contratación de personal innecesario o la venta de sus productos y servicios con precios políticos que les impidan obtener ganancias y las condenen a la quiebra.
El nuevo capítulo económico de la Constitución tiene que establecer la propiedad del Perú sobre sus riquezas naturales antes y después de su extracción, sin contratos ley por encima de los poderes del Estado, de manera que los capitales transnacionales y locales, muy necesarios para el desarrollo, no quedar actuar con la arbitrariedad que ahora se les permite.
Por supuesto, este nuevo capítulo económico constitucional deberá mantener la exigencia de responsabilidad fiscal, de manera que los congresistas no tengan iniciativa de gasto ni el gobierno pueda hacer gastos no financiados, incluso si hay orden judicial, local o internacional que pretenda obligarlo; en el mismo sentido el BCRP debe seguir prohibido de financiar políticas demagógicas.
Un nuevo pacto social, centrado en un modelo económico que garantice al Estado ingresos suficientes para atender gratuitamente y con calidad uniforme, derechos sociales, y al mismo tiempo, capacidad para promover el desarrollo sostenible, es tarea actual a construir mediante la movilización y aprovechando instrumentos como el referéndum. En todos los casos cualquier determinación tiene que hacerse sobre la base del principio de que todo ser humano es igual en calidad a otro ser humano, y por ende cada individuo vale un voto, ni más ni menos, pudiendo el ciudadano autoidentificarse como crea conveniente al momento de votar.
De la misma manera, hacen falta reformas constitucionales que rompan finalmente la colonialidad del poder y superen el defecto fundacional de la República, creada hace dos siglos para impedir a los pueblos originarios y afrodescendientes el libre desarrollo de sus propias culturas y eventualmente lograr lo mismo que estaban haciendo los criollos, es decir construir liderazgos que representen sus intereses nacionales. Por eso se justifica una visión plurinacional, pluricultural e intercultural del Estado republicano. Ello no significa alentar la secesión; por el contrario, es el camino justo para que la diversidad cultural y nacional ascienda hasta donde deba florecer, defendiendo al mismo tiempo la soberanía del Perú sobre cada metro cuadrado y sancionando con las máximas penas de cárcel y destitución automática del cargo cualquier intento de dividir el Perú, que deberá ser defendido por la fuerza de ser necesario.
El carácter patriótico de las reformas implica además la defensa de la soberanía en la arena internacional, contra la práctica de la República Imperial estadounidense que agudiza los conflictos internacionales a fin de impedir la recuperación geopolítica de Rusia y el continuo fortalecimiento del peso económico mundial de China. Es preciso rechazar cualquier presión de los Estados Unidos sobre América Latina (que mejor debería llamarse Indoafroamérica) para que haga suyas las sanciones contra Rusia. Cabe más bien proclamar y defender la neutralidad y proclamar que nuestra región es zona de paz ajena al dominio de cualquier poder extraregional.
Rusia, desde luego está en su derecho de oponerse a la extensión de la OTAN que amenaza su supervivencia, pero no tiene derecho a invadir Ucrania. Debió limitarse a defender las poblaciones étnicamente rusas, que por efecto de las políticas traidoras de Yeltsin y Gorbachov quedaron encerradas en Ucrania y han padecido catorce mil muertos desde el 2014 a manos del batallón de Asov nazi y del gobierno de Kiev, manejado por Estados Unidos.
Democratizar la política
Las soluciones a la crisis política, cuya forma actual no ha comenzado con Pedro Castillo, sino con la súper mayoría parlamentaria del fujimorismo en el gobierno anterior, suponen como condición sine qua non la democratización de los partidos políticos y el efectivo impedimento de las pre-coimas, es decir el financiamiento de los poderosos a los candidatos, y asimismo la desaparición de la vacancia “por incapacidad moral”, que no es otra cosa que el derrocamiento del presidente sin expresión de causa.
En la actualidad, la gran mayoría de los partidos son propiedad de algún individuo que de esa manera confisca el derecho de los afiliados a conducir la organización. Salvo excepciones muy minoritarias, la forma de elección de candidatos debe ser mediante primarias. El financiamiento de las campañas electorales debe correr principalmente a cargo del Estado y las contribuciones de los ciudadanos no tendrían que exceder un sueldo mínimo. La pena por pre-coimas electorales no puede ser menor a 20 años de cárcel para el candidato, el responsable de economía de la campaña, el propietario principal de la empresa corruptora y su funcionario encargado de tramitar el pago.
No hace falta modificar la norma vigente que establece una sola cámara congresal y la prohibición de reelección inmediata de los congresistas, medidas ambas aprobadas en referéndum popular. Lo que sí debe prohibirse es que la Cámara única apruebe leyes en una sola votación debiendo ser obligatorio que después de un periodo prudencial deba volverse a votar, y además si el presidente observa la Ley, el Congreso debe requerir de una mayoría adicional para aprobarla por su cuenta. La reelección parlamentaria está vigente, solo que el político interesado debe esperar un periodo, y en treinta o cuarenta años de trayectoria política una personalidad respetada por los ciudadanos puede ser tres o cuatro veces parlamentario o parlamentaria.
Construir mayorías para cerrar el paso a la ultraderecha
La presión de los poderes fácticos donde destaca la prensa concentrada no pudo impedir que Pedro Castillo asuma la presidencia, pero la movilización de sectores medios de Lima encabezados por bandas protofascistas que desataron una noche de violencia el último cinco de abril atacando los órganos electorales, el Poder Judicial y la Fiscalía que la ultraderecha desea controlar completamente, y también el surgimiento de un supuesto líder de obreros agrícolas promovido por el aprismo y fujimorismo en Ica, demuestran que las tácticas de “mover la calle” desde la derecha pueden tener éxito, principalmente por los errores del gobierno de Pedro Castillo.
Las justas movilizaciones del campesinado en múltiples circunscripciones demuestran que en las actuales circunstancias puede surgir un significativo movimiento de izquierda en sectores rurales del Sur del país, pero al mismo tiempo sectores importantes de la población limeña, de capas medias e incluso populares, pueden ser la base de una radicalización de derecha que de pábulo a la organización de una alternativa autoritaria de enorme peligro.
Como se ha dicho desde el comienzo de este artículo, en la presente coyuntura lo primero es que la movilización popular impida que el incremento de precios recaiga sobre sus hombros y paralelamente que la continuidad del gobierno de Castillo o la convocatoria de elecciones generales tengan la precondición de democratizar la vida política y permitan construir una mayoría suficiente, que en este momento no hay, para un nuevo pacto social de transformación constitucional consensuado entre sectores populares y estratos medios.
