El amotinamiento ocurrió en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Ecuador ha sufrido en los últimos dos años varios hechos de esta magnitud, con decenas de víctimas mortales y sin lograr total control de los recintos carcelarios. Como respuesta, el Gobierno de Guillermo Lasso propone desarrollar la primera política de derechos humanos hacia la población penitenciaria.
Un mortífero motín se desarrolló en la madrugada de este lunes en un centro penitenciario ubicado en el centro de Ecuador. La Fiscalía informó que el enfrentamiento dejó al menos 44 fallecidos y más de una decena de heridos.
Los hechos ocurrieron por enfrentamientos entre las bandas rivales ‘Los Lobos’ y ‘R7’, según informó el Ministerio del Interior.
“La mayoría de ellos, por no decir casi el cien por ciento, a simple vista se puede observar que fueron privados de la vida por arma blanca, no con arma de fuego”, informó Patricio Carrillo, ministro del Interior.
Según el ministro, la mayoría de los fallecidos fueron agredidos “en los pabellones y en las celdas”. La cifra de muertos puede ascender, debido a la gravedad de las heridas de los lesionados.
Se logró recapturar además a 112 presos que intentaban salvar su vida y otros con intención de fugarse. La Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas, custodiarán las carreteras que unen la penitenciaría con el municipio más cercano y el resto de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.
Al término de la revuelta se realizó una requisa en la que se encontraron armas de fuego dentro de la cárcel. El centro ya está nuevamente bajo el control de las autoridades.
Grave situación carcelaria
En un informe dado a conocer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la crisis carcelaria, se instó al Gobierno ecuatoriano a recuperar el control de las penitenciarías, ofrecer condiciones de vida dignas a los reos y la creación de políticas para prevenir el delito.
En la nación suramericana han muerto unos 400 presos en dos años debido a este tipo de enfrentamientos entre pandillas y organizaciones vinculadas al narcotráfico.
La sobrepoblación de las cárceles también es uno de los problemas que afectan al sistema penitenciario.
A finales el pasado año se contabilizaban unos 36.000 reclusos en 36 de este tipo de instalaciones disciplinarias, cuya capacidad final es de 30.000.
El nivel de hacinamiento llega al 62% en algunas cárceles, como la de Guayaquil, escenario de sangrientos enfrentamientos. El penal local cuenta con al menos 7.231 prisioneros.
Primera política carcelaria de derechos humanos
Para solucionar la crisis, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso pondrá en práctica algunas medidas. Contratará unos 1.400 nuevos agentes penitenciarios, concederá alrededor de 5.000 indultos a condenados por delitos menores y desarrollará la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria.
A principios de este mes, el director del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PAcCTO), Xavier Cousquer, dio a conocer que la Unión Europea (UE) destinó 2,5 millones de euros (unos 2,64 millones de dólares) para ayudar, de manera urgente en los esfuerzos para combatir la crisis carcelaria en Ecuador.
El más reciente hecho de este tipo ocurrió el pasado 25 de abril. 15 presos resultaron heridos en enfrentamientos registrados entre reclusos dentro de la cárcel El Inca, de Quito. De este hecho, unos 100 continúan prófugos.
