Luis Pásara
Congresistas, presidentes, alcaldes, jueces, fiscales, graduados en malolientes centros de estudios venales, deberían competir, con otras mulas graduadas, para poder dirimir cuál bestia fue la agraciada con el trofeo mayor del más grande estafador.
Nicolás Yerovi Miles de títulos profesionales no corresponden a una formación de calidad.
Las muchas universidades carentes del mínimo de condiciones para formar profesionales competentes se han extendido como una plaga en el país. Ahora hay ocasión de comprobarlo, al ver la facilidad con la que tesis –incluso de maestrías y doctorados– fabricadas por empresas dedicadas a ese negocio han sido aprobadas sin exigencias. El daño está hecho: circulan en el país –y también fuera de él– muchas gentes que cuentan con un título profesional que no certifica verazmente sus capacidades.
Es imposible establecer cuántas personas se han graduado sin demostrar el nivel de preparación necesario. Estos graduados engañan a quienes solicitan sus servicios pagando por algo que no tiene valor.
La degradación del sistema universitario empezó a fines de 1996, durante la dictadura fujimorista, con la llamada Ley de Promoción de la Inversión en la Educación (Decreto Legislativo 882), que bajo la excusa de complementar “el esfuerzo realizado” por el Estado “con una mayor participación del Sector Privado”, asimiló las universidades privadas a un régimen empresarial. Sus rentas fueron ubicadas entre las de tercera categoría y quedaron exceptuadas del impuesto mínimo a la renta (arts. 14 y 15), entre otros beneficios. Se supo entonces que el impulsor de esta normativa fue Carlos Boloña, quien había sido ministro de Economía entre 1991 y 1993 y volvió a serlo en 2000. Él era copropietario del instituto que con la entrada en vigencia de la ley se convirtió en Universidad San Ignacio de Loyola, de la que Boloña fue rector entre 1995 y 2000.
Guiadas por el propósito de lucro, en los últimos 25 años las universidades privadas han proliferado; muchas de ellas en condiciones deplorables, esto es, en locales inadecuados, sin bibliotecas y con docentes improvisados. Y, lo más importante de todo, con niveles de exigencia mínimos que “garantizan” al alumno que, a cambio de los pagos, obtendrán un título.
La Sunedu detuvo el festín
En el proceso degenerativo cupo un papel importante a la Asamblea Nacional de Rectores que, convertida en una feria de trueques, aprobó toda iniciativa sin ejercer el control de calidad que le correspondía legalmente. La comilona se interrumpió en 2014 con la aprobación de la ley 30220, que estableció la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), como “responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento” (art. 13).
La clave del diseño de la institución está en su Consejo Directivo, “órgano máximo y de mayor jerarquía de la Sunedu” (art. 17.1). El Consejo está integrado por siete miembros, de los cuales cinco son “seleccionados mediante concurso público”, dos de ellos docentes de universidades públicas y uno de universidad privada, y los otros dos personalidades asimismo seleccionadas mediante concurso público (art. 17.1.3). Elegidos con un mandato de cinco años, los miembros no pueden ser “titulares de acciones o participaciones en universidades o sus empresas vinculadas o en otras personas jurídicas relacionadas a las actividades o materias reguladas por la Sunedu” (art. 17.3.1), ni ser “autoridades, directores, representantes legales o apoderados, asesores o consultores permanentes de universidades o personas jurídicas vinculadas a estas” (art. 17.3.2). Esta normativa estuvo destinada a evitar la interferencia de intereses particulares en el trabajo de la Sunedu, asegurando su independencia.
La inconstitucionalidad de la ley 30220 fue alegada en varias demandas planteadas ante el Tribunal Constitucional por los colegios de abogados de Lima y de Lima norte más algunos congresistas. En noviembre de 2015 el Tribunal resolvió, por cinco votos a dos, declarar infundadas las demandas, centradas en impugnar la creación de la Sunedu.
Desde entonces la entidad ha realizado su trabajo. Conforme se explica en un video didáctico preparado por Rosa María Palacios, 141 instituciones presentaron solicitud para ser obtener licenciamiento como universidades por la Sunedu. De ellas, 92 lograron el licenciamiento y 42 –casi 30%–, no lo alcanzaron debido a no satisfacer los requisitos mínimos exigidos. Entre ellas, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Telesup y otras menos conocidas como la Universidad Privada Leonardo da Vinci, la Universidad Peruana Austral del Cusco o la Universidad Marítima del Perú.
Cuando se legisla según intereses particulares
Las universidades bamba se estrellaron contra el control de calidad de la Sunedu. Pero los intereses particulares representados en el Congreso consiguieron a comienzos de mayo que se aprobara un proyecto de ley destinado a cambiar la composición del Consejo Directivo de la Sunedu. El proyecto contó con el respaldo de Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular y Perú Libre, para alcanzar 69 votos a favor, con 39 en contra. Con la excusa de recuperar la autonomía universitaria, se otorgaría el control del sistema universitario a quienes sean elegidos, como miembros del Consejo Directivo de la Sunedu, por las mismas universidades cuyas calidades deben ser verificadas por la entidad. En el caso de las universidades-negocio esto significa poner al gato de despensero. El negocio, como el gato, engordaría.
¿Cómo se explica el giro? Cinco bancadas del actual Congreso tienen en sus filas a sujetos vinculados a universidades que no han alcanzado licenciamiento. Entre ellos destaca el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Ricardo Molina (Renovación Popular), quien obtuvo su título profesional en una universidad que no ha obtenido licenciamiento, la Universidad Néstor Cáceres Velásquez, de Puno. El vicepresidente de la Comisión es Álex Paredes, de Perú Libre, titulado en la Universidad José Carlos Mariátegui, de Moquegua, que tampoco obtuvo el licenciamiento. José Luis Elías es congresista de Podemos Perú, la bancada de José Luna Gálvez, dueño de Telesup, universidad que tampoco logró el licenciamiento. María Acuña Peralta es hermana de César Acuña, propietario de la Universidad César Vallejo, que en estos días se ha revelado como otorgante de títulos sobre la base de tesis plagiadas.
La Defensoría del Pueblo ha manifestado su rechazo a la contrarreforma. Asimismo, estudiantes y profesores universitarios han expresado su repudio a una ley que aseguraría el funcionamiento de las universidades bamba, manteniendo un sistema que ya ha causado un perjuicio severo a la formación profesional en el país. Al parecer, el presidente Castillo observaría la ley, aunque los aspectos que serían observados no están claros en el momento de escribir este comentario. En cualquier caso, el Congreso podría insistir en el proyecto y convertirlo en ley. Solo la reacción ciudadana puede impedirlo.
