Por primera vez en la historia del país un presidente de la República es investigado, sin suspensión, durante su mandato por presuntos cargos en el ejercicio de sus funciones. El viernes último, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la indagación preliminar que abrió el 5 de mayo en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y 6 congresistas de Acción Popular, e incluir al jefe del Estado.
El fiscal de la Nación señala que al mandatario Pedro Castillo se le investigará por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
Se trata del caso del favorecimiento por parte del organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías Descentralizado, en beneficio de 3 constructoras chinas y 2 peruanas que obtuvieron 7 contratos por 814,5 millones de soles durante la gestión del exministro Silva.
El hecho lo reveló la colaboradora eficaz Karelim López, quien señaló la existencia de una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que supuestamente estaba encabezada por el presidente Castillo desde Palacio de Gobierno.
En la anterior disposición del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, con la que inició la investigación contra Juan Silva y los 6 congresistas acciopopulistas, se mencionaba que estos no podrían haber actuado sin consentimiento del jefe del Estado.
La decisión de Pablo Sánchez se basa en los últimos indicios conocidos, como los audios que corresponderían a conversaciones entre el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el empresario y amigo de Castillo Zamir Villaverde. También contó con declaraciones de un segundo colaborador eficaz, de acuerdo con la disposición del fiscal de la Nación suscrita este viernes, documento al que tuvo acceso La República.
Decisión histórica. Sánchez dijo que se basó en presuntos graves actos y el poder del cargo presidencial. Foto: difusión
De acuerdo con la versión del colaborador eficaz, durante la campaña electoral el sobrino del presidente Fray Vásquez Castillo le dijo a Zamir Villaverde que Juan Silva sería ministro de Transportes y Comunicaciones “porque era su paisano”.
Además, el sobrino le indicó al colaborador eficaz que requería conseguir un profesional para el cargo de director de Provías Descentralizado, ya que el jefe del Estado, por intermedio de Juan Silva, “tenía interés de designar a los funcionarios” de esa institución con el objetivo de “adjudicar obras a las empresas de provincias que habían apoyado la campaña”, incluyendo a otras.
Villaverde le habría indicado a Vásquez que Alcides Villafuerte era la persona para ser designada. Luego, Villafuerte fue nombrado como gerente de Obras de ese despacho. Villaverde habría recibido la llamada de Silva pidiéndole que atienda a un empresario llamado “Roger”, uno de los que habría financiado la campaña.
También relató el colaborador eficaz que entre noviembre y diciembre del 2021 el exministro Juan Silva le solicitó S/ 50.000 a Zamir Villaverde, quien termina dándole el 4 de noviembre S/ 100.000 en el departamento del entonces ministro.
Y agregó que entre agosto y setiembre del 2021 Villaverde suministró a Juan Silva S/ 30.000, a pedido de este último un día antes. Y que cuando se concretó la entrega el entonces ministro Juan Silva le habría mencionado que ese dinero era para el presidente.
Por otro lado, en un informe de la fiscal Karla Zecenarro, en el que se basó el fiscal de la Nación para abrir investigación contra Pedro Castillo, se precisa la transcripción de una conversación que sería de Zamir Villaverde y Juan Altamirano, entonces asesor de Silva. En este audio se haría alusión a dos licitaciones de obras públicas del MTC, en las que dieron la buena pro a “empresas del club”.
El interlocutor referido a Villaverde que necesitaba gestionar el cambio de funcionarios y “pueda agarrar los contratos”.
“Lo que estoy tratando es hacer una gestión”, dice y añade que esperaba el apoyo de Silva. Y que también había pedido a Fray Vásquez para hable con su tío Pedro Castillo.
El fiscal Pablo Sánchez consideró la necesidad de iniciar investigación preliminar por los graves hechos imputados y la importancia del cargo presidencial que “tendría la posibilidad cierta de destruir, modificar o alterar los elementos de prueba”, y “hacer uso de la violencia para amedrentar a los testigos o investigados”, conforme a la resolución que firmó y a la que tuvo acceso éste diario.
“Es por ello que la investigación preliminar inmediata es fundamental (…), no pudiendo esperarse a que el presidente culmine su mandato”, explica el fiscal de la Nación.
El mismo viernes que el fiscal Pablo Sánchez emitió la resolución abriendo investigación contra Pedro Castillo, la defensa del jefe del Estado entregó las respuestas a las 61 preguntas que formuló por escrito la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire. Entre las interrogantes se encontraba el tema señalado sobre si Castillo si era líder de una organización criminal.
Las respuestas de Castillo fueron en su mayoría negativas, o simples, sin profundidad. Lo negó todo.
Fuente: La Republica.
