Desde Los Ángeles, la campaña nacional apoya políticas contra la pobreza y movilizará el voto de los electores de bajos recursos
Miembros de la llamada “Campaña de la Gente Pobre” se tomaron las calles de Los Ángeles y se preparan para el 18 de junio en Washington, donde harán un llamado a los votantes pobres para respaldar el proyecto legislativo HR 438 “Tercera Reconstrucción: abordar completamente la pobreza y los bajos salarios de abajo hacia arriba”.
“Una fuerza de cambio”, “84 millones de adultos sin seguro médico o asegurados insuficientemente”, “marcha moral en Washington y en las urnas”, “Lucha contra la pobreza” y “No seremos silenciados” fueron solamente algunos mensajes en carteles de los manifestantes, quienes siguieron la caminata por las céntricas calles de la urbe angelina, detrás de un camión que mostraba el lema: “Somos 140 millones de pobres y personas de bajos ingresos”.
Liderados e inspirados por los copresidentes nacionales de Poorpeoplescampaign, el obispo William Barber II y la reverenda Liz Theoharis, centenares de manifestantes de Los Ángeles, San Diego, Washington, Oregón y tres miembros de la tribu Apache de Arizona, y una esposa mexicana que perdió a su esposo durante la pandemia de Covid-19 llamaron a un cambio en el país.
“Cada vez que Dios cambiaba las cosas, él comenzaba con una reunión”, dijo el obispo Barber frente al edificio del Ayuntamiento en Central Park. “Hubo una reunión en la creación; en el Mar Rojo; cuando Jesús alimentó a los 5,000 y en Pentecostés. Los abolicionistas [de la esclavitud en Estados Unidos] tuvieron una reunión; se reunieron también para el sufragio femenino, y una vez que haya una reunión de renacimiento moral el cambio comienza a suceder porque algo es más grande que nosotros”.
Considerando que en Estados Unidos hay más de 140 millones de personas que son pobres, de bajos ingresos o que, desde el inicio de la pandemia de Covid-19 están a un paso de que una emergencia los lleve a la ruina económica, los manifestantes cifraron sus esperanzas en la aprobación de la resolución HR 438, que fue introducida en mayo de 2021 en la Cámara de Representantes por las congresistas Pramila Jayapal (Washington) y Barbara Lee (California).
“Necesitamos hacer algo urgente”, dijo Ismael Herrera, quien marchó al lado de su esposa Sandra Guerra. “La economía nos está asfixiando y la clase media está desapareciendo”.
La resolución en el Congreso señala que la injusticia de la pobreza y la poca riqueza “está profundamente entrelazada con las injusticias del racismo sistémico, la negación de la atención médica y la devastación ecológica, el militarismo y la narrativa moral distorsionada del nacionalismo religioso que busca culpar a los pobres en lugar de abordar los sistemas que causan la pobreza”.
Estas injusticias, dicen, tienen consecuencias devastadoras, incluidas 250,000 muertes anuales debido únicamente a la pobreza y la desigualdad.
La HR 438 contempla también que hay 140 millones de personas pobres, de los cuales 39 millones son niños y 74 millones son mujeres, y los más afectados son afroamericanos, latinos, asiáticos e isleños del Pacifico y nativos americanos.
“La gente está en las calles para exigir más; está sufriendo y la pobreza ha aumentado”, dijo a La Opinión, Apolonio Morales, director de políticas en la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA). “La gente está perdiendo sus casas, los inmigrantes están impactados y es tiempo que este gobierno [del presidente Joe Biden] haga algo por la comunidad”.
Y entre los reclamos públicos, la Campaña de la Gente Pobre sostiene que o de bajos recursos. Ellos representan el 51% del total de la población en el “Estado Dorado”: 1.3 millones son afroamericanos; 10.7 millones son latinos y 5.6 millones son blancos.
Desde Arizona llegó a Los Ángeles Wendsler Nosie Sr. para denunciar el proyecto “Resolution Copper” de la multinacional Rio Tinto Group de Londres, que pretende extraer toneladas de cobre en el llamado “Triángulo del Cobre”, ubicado en tierras de los nativo americanas, a 60 millas al este de Phoenix.
La propuesta es una mina que puede suministrar al mundo durante 40 años, el cobre que necesita para respaldar la innovación tecnológica y ambiental.
“El proyecto va a destruir tierra sagrada”, dijo Nosie Sr., quien fue presidente de la tribu Apache San Carlos, compuesta por casi 15,000 miembros tribales.
“La resolución afecta a todos los estadounidenses en varios frentes: uno es el tema ambiental porque el Congreso otorgó exenciones totales de todas las leyes federales, y eso significa que, si esto se lleva a cabo por completo, entonces ha sentado un precedente en todo el país”.
Nosie Sr. expresó que el problema involucra a todas las naciones tribales, “porque estamos hablando de ancestrales terrenos religiosos y sagrados para toda nuestra gente”.
“Hablamos de que el gobierno federal está tomando una decisión que nos perjudica e involucra a todos, porque hablamos de millones de galones de agua contaminada y de un cráter de casi dos millas de profundidad, dos millas de ancho y que eleva una temperatura de 184 grados a la superficie terrestre”, declaró.
“A un radio de 50 millas la temperatura será 10 grados más caliente, así que este es un grave problema para Arizona y el país, si permitimos que esta empresa minera se instale en nuestras tierras”, concluyó.
SIDE BAR
“¿La única opción? Que muera en casa”
Una de las participantes de la marcha de los pobres fue Lucía Torres, cuyo esposo Juan Carlos, quien sufría de diabetes y recibía sesiones de diálisis cada tercer día, falleció el 31 de marzo de este año.
Lucía contó a La Opinión que las fallas renales de su esposo se complicaron porque había contraído pulmonía.
Aunque Juan Carlos tenía medical de emergencia, cuando fue hospitalizado fue aislado del resto de los pacientes.
Lucia dijo que, en ningún momento le dijeron que su esposo se había contagiado de Covid-19, y ahora lucha para que esta enfermedad se incluya en el acta de defunción.
“El medical de emergencia no cubría todos los tratamientos”, dijo. “Me dijeron que fuera a recogerlo”.
Kenia Alcocer, vicepresidenta de California para el Comité Directivo Nacional de la Campaña de la Gente Pobre donde asesoran a Lucía Torres, manifestó a La Opinión que los médicos le dijeron que el esposo de la mujer mexicana podría vivir otros tres años si lo internaba en un hospicio.
Sin dinero y sin seguro médico, la única opción era que se lo llevara a su casa a morir”, dijo.
Juan Carlos falleció a los 59 años frente a sus hijos y ahora, su familia lucha para que pueda recibir ayuda con los gastos funerarios, aunque para tal efecto, se debe incluir en el acta de defunción que la causa de su muerte fue por Covid-19.