Si los precios se mantuvieran por los US $ 100 dólares el barril, PetroPerú por la explotación del lote 192 tendría una participación del 49% y la privada Altamesa Energy de Canadá del 51%, una participación cercana al modelo de contrato petrolero del general Juan Velasco Alvarado (50%/50%), y la petrolera estatal no invertiría capital fresco que tanto necesita el lote 192 canibalizado desde marzo del 2020, cuando se retiró la empresa canadiense Frontera Energy.
En el contrato firmado entre PetroPerú y Altamesa que está siendo cuestionado por los voceros de “Perú Libre”, la participación de PetroPerú disminuye al 39 % si los precios internacionales del petróleo son menores a los US $ 60 dólares el barril. Lo cierto y evidente es que no hay producción en dicho lote y no lo habrá en un futuro próximo (3 años) si vamos a un litigio internacional.
Por tanto, de mantenerse esta tendencia alcista de los precios del crudo por una serie de razones, la petrolera estatal tendría una participación del 49%, y con esa participación financiaría las inversiones que deben hacerse en el viejo lote.
El lote 192 antes denominado 1-AB, es un viejo lote explotado desde los inicios de los años 70 del siglo pasado por la OXY renegociado varias veces, y desde el 2001 hasta el 2015 estuvo bajo responsabilidad de Pluspetrol Norte, y desde esa fecha por administraciones temporales hasta febrero del 2020.
Esto significa que se trata de un “viejo lote” que tiene importantes reservas probadas de crudo sobre todo pesado, con un promedio de 18º grados API, más de 120 millones de barriles de crudo, pero que tienen un alto costo de extracción por la reinyección de aguas que se tienen que hacer, al margen de los costos del transporte por el Oleoducto Norperuano, fracturado tantas veces por intereses oscuros.
Esto significa que para obtener cinco barriles de crudo tengo que reinyectar 95 barriles de aguas tóxicas que hasta antes del 2010 se vertían a las cochas, ríos y lagunas. Esto significa que el viejo lote 1-AB ahora denominado 192 no es una “pera en dulce”, que tiene graves pasivos ambientales que deben ser resueltos, está en rendimientos productivos decrecientes, es cuestionado por las comunidades nativas.
INVERSIONES NECESARIAS
En verdad, desde marzo del 2020 ese viejo lote ha dejado de producir un promedio de 12 mil barriles diarios de crudo pesado y podría llegar a producir 20 mil barriles diarios, pero requiere fuertes inversiones de capital que por ahora PetroPerú no dispone.
Las ventajas del contrato firmado entre PetroPerú y Altamesa Energy han sido observadas en la “Junta de Accionistas” de la petrolera estatal, y se demanda una opinión técnica y legal independiente sobre la conveniencia de un contrato supuestamente lesivo a los intereses del país.
En verdad, si una empresa inversionista en una licitación internacional convocada por la propia petrolera estatal y promovida por el Bank de América resulta triunfadora, con una propuesta de inversión de US $ 250 millones para perforar en dos años 25 pozos de desarrollo por lo menos, sería una buena propuesta.
Si además se compromete a realizar las inversiones para rehabilitar el capital físico del lote, motores, bombas, ductos, campamentos etc. que han sido canibalizados por manos extrañas, y cuyo costo se estima en no menos de US $ 100 millones adicionales. Estamos ante un mínimo de inversiones de US $ 350 millones en tres años que PetroPerú no dispone, en un contrato que durará 30 años.
Tales montos de inversiones están fuera del alcance de PetroPerú sumida en una grave crisis, un “bache financiero” le llamaría yo, por los altos montos de pago, amortización e intereses en el corto y mediano plazo. Existe un compromiso de deuda de US $ 4,300 millones más “muertos y heridos” asumido por la construcción de la Nueva Refinería de Talara.
Si a ello se agrega el reciente préstamo de US $ 750 millones de dólares más S/ 500 millones de soles realizado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como un salvataje financiero para otorgarle liquidez a la petrolera estatal ante los bancos privados y poder pagar las importaciones de gasolinas y diésel 2 que se han disparado en los precios entre enero a mayo del presente.
Es decir, PetroPerú ha recibido un préstamo del MEF de US $ 750 millones que tendrá que repagar a fin de año con sus propios recursos, a los cuales se sumarían los compromisos internacionales sobre todo que tendrán que ser reprogramados.
En tal contexto, el contrato firmado entre PetroPerú y Altamesa Energy firmado en el gobierno de Sagasti en PetroPerú, en la gestión de los inefables Guevara/Barrientos no debió firmarse pues en agosto del 2021 había un nuevo gobierno y se esperaba una nueva administración en la petrolera estatal.
Pero dicho contrato se firmó y las consecuencias económicas para el país de no respetar dicho contrato serían impredecibles. No solamente nos espera una demanda internacional en un arbitraje ante el CIADI de parte de Altamesa Energy que seguramente perderíamos por más de US $ 500 millones de dólares, sino también seríamos denunciados por el Bank de América por no respetar los contratos.
En verdad, el gobierno de “Perú Libre” debe aprender del líder soviético Vladimir Lenin cuando negociaba con Arnold Hammer fundador de la Occidental Petroleum (OXY) que en 1921 en plena guerra civil, negociaba con el capital imperialista, atrayendo inversiones para los ricos yacimientos petrolíferos de Bakú. Les otorgaba todos los beneficios económicos y tributarios posibles, pues el interés público era incrementar la producción de crudo y alcanzar la autonomía energética.
En nuestro país la Nueva Refinería de Talara demanda la producción interna de petróleo de los lotes de la Cuenca de Talara a costos de producción en especial de los lotes X y VI/VII que no comprometen grandes inversiones como el lote 192 ubicado en la selva nororiental.
Por ello, el interés público me demanda la recuperación de la producción interna de crudo sobre todo de la selva, en especial de los lotes 192 y 64 que han sido transferidos a PetroPerú, lo más rápidamente posible pues rehabilitar el lote 192 y ponerlo en producción se tomaría su tiempo un mínimo dos años, y se requieren capitales más confianza en los contratos.
Este artículo fue publicado en el Diario Uno el 21 de mayo del 2022