El martes pasado, la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley que pretende reconocer y proteger los derechos del niño por nacer, un sin sentido dogmático sin fundamento técnico, como todos los que provienen de ciertos partidos de derecha en el parlamento; esta ley, que no se ha consultado con ninguna institución especializada pública o privada, amenaza el acceso de las mujeres peruanas al aborto terapéutico, establecido en 1924 y protocolizado hace pocos años, que garantiza la interrupción del embarazo en el caso que éste amenace la vida o la salud de la madre, y en el futuro inmediato a una legislación que lo despenalice completamente.

Como mujer, me niego a ser vista tan solo como un depósito o contenedor de un futuro ser humano; mi valía e identidad van más allá de mi proceso como madre. La decisión de tener o no un aborto debe ser personalísima, y el Estado debe garantizar que el acceso a este procedimiento, terapéutico o no, sea legal, debido a que aun si su prohibición continuara vigente no va a dejar de ser utilizado por miles de mujeres cada año; lo único que producirá es un riesgo constante para la vida de mujeres y niñas de las poblaciones más vulnerables.

A pesar de que se ha incrementado numéricamente la representatividad política de las mujeres, y se ha logrado cierta paridad en esa esfera, hay mujeres que no representan a las mujeres y solo preservan el modelo patriarcal heteronormativo, que tanto daño ha hecho durante décadas. Las mujeres no necesitamos que se promulguen leyes que puedan ser interpretadas de manera subjetiva, o de manera arbitraria, como el pre dictamen de Rosángella Barbarán.

Esta ley, de ser promulgada, desampara a las niñas y mujeres víctimas de violación que serán obligadas a tener a un niño sin quererlo, aun atentando en contra de la salud mental y física de la madre y del mismo niño; la obvia consecuencia de tener un niño no deseado -como sabemos- es la gran cantidad de problemas mentales y sociales que tenemos el día de hoy; aunque las estadísticas no sean muy claras al respeto, existen realidades que se puede evaluar de manera objetiva.

La legislación acerca del aborto terapéutico y las acciones a tomar en caso de violaciones ya ha sido regulada, deficientemente pero de forma aplicable (1–3). Este proyecto de ley no tiene más razón de ser que un afán conservador que cierra los ojos ante una realidad desgarradora, y a las demandas de las últimas décadas que reclaman la legalización del aborto en el Perú.

Las declaraciones de las legisladoras que respaldan este proyecto son francamente vergonzosas, y muestran un desconocimiento y carga dogmática sin precedentes. Las leyes deben crearse para el beneficio de la población, y no ser guiadas por creencias o dogmas sin fundamento en la evidencia o la realidad; esas creencias, personalísimas, pueden ser practicadas libremente por quienes creen en ellas, pero no deben imponerse al grueso de la población a la fuerza y abusando del poder que no les ha sido otorgado necesariamente en las urnas, sino por un sistema electoral mal escrito.

El proyecto de ley de la congresista Barbarán ha sido apoyado por diez legisladoras de un grupo de 13 personas, sin la asesoría o presencia de representantes del Ministerio de la Mujer y otras instituciones vinculadas a la materia, en una vergüenza sin precedentes, con la que en lugar de avanzar retrocedemos hacia la prehistoria. El derecho de decidir interrumpir un embarazo debe ser principalmente de la madre, y como dice la legislación actual, se da en el marco del desarrollo del embarazo y de los riesgos o beneficios que estos impliquen para la madre. Yo añadiría: ¿y porque para la madre? Porque ella es el único ser sujeto de derecho, y porque la decisión sobre el cuerpo femenino compete única y exclusivamente a la mujer gestante, no al estado, a su pareja o a la sociedad.

Las mujeres que conocemos que es ser vejadas o abusadas en algún momento de la vida, sabemos lo cruel que puede ser obligar a parir y gestar un ser proveniente de esos actos; sabemos también el trato que suele recibirse en los establecimientos de salud, como si fuéramos delincuentes cargando un estigma que nos avergüenza de nuestra sexualidad. Ahora mismo los únicos delincuentes son las personas que están en el Congreso, que en su juego de prebendas y ventajas son capaces de vender el alma sin importarles a cuanta gente perjudiquen en el proceso.

Así, este proyecto de ley, junto al que ha sido aprobado para eliminar la educación sexual integral de los colegios nacionales -que no ha sido rechazado por el poder Ejecutivo-, solo es un paso al abismo de seguir aumentando las estadísticas de abuso infantil, feminicidios y embarazo adolescente.

Las mujeres somos consideradas personas con derecho al voto y la representación política desde 1955; antes de eso, y hasta muchos años después, teníamos que soportar la vergüenza de no poder ni siquiera comprar una propiedad sin la firma de nuestro padre o marido; desde entonces hasta hoy hemos logrado muchísimo y sacrificado otro tanto en el camino de esos logros: no podemos permitir que en pleno siglo XXI, gente que solo representa a un porcentaje reducido de la población y que está en el poder debido a un sistema electoral fallido, gobierne nuestros destinos de la manera más ignorante y dogmática, y que pretenda decir que protege la vida, cuando nos les importan un soberano pepino los niños abandonados, las madres golpeadas, las familias disfuncionales y todo el peso social que esto implica para nuestro tantas veces golpeado país.