La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Wildlife Conservation Society (WCS), apoyará los esfuerzos de Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Guyana y Surinam para prevenir los delitos ambientales en la cuenca amazónica.
En ese sentido, Usaid, UNODC y WCS presentaron las iniciativas Conservando Juntos y ECOS que tienen como objetivo contribuir a que esta sea una región forestal saludable y resiliente, que garantice el bienestar de las poblaciones que la habitan.
En la ceremonia de lanzamiento junto a autoridades del gobierno peruano, cuerpo diplomático, y representantes de organizaciones de la sociedad civil, el ministro consejero de la Embajada, John McNamara, destacó la importancia de apreciar la Amazonía y trabajar con los gobiernos y la sociedad civil de Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam para atender retos transnacionales en la zona amazónica y mencionó a los dos proyectos, a través de los cuales Usaid invertirá 28 millones de dólares en la conservación de la cuenca Amazónica los próximos 4 años.
Por su parte, Daniela Pogliani, subdirectora del proyecto Conservando Juntos y representante de WCS destacó el rol de la sociedad civil en promover la conservación de la biodiversidad amazónica, defender los derechos de sus pueblos, y prevenir delitos ambientales. En tanto, Jorge Ríos, jefe del equipo Ambiental de UNODC, destacó la importancia del trabajo interagencial y participativo que el proyecto ECOS promueve.
Conservando Juntos, trabaja en el fortalecimiento de redes de colaboración regional de la sociedad civil que conectan experiencias locales de pueblos indígenas y comunidades locales, empresas privadas, medios de comunicación, redes de periodistas, y otras organizaciones, para conservar la biodiversidad y prevenir los delitos ambientales en la Amazonia de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.
Por su lado, ECOS, implementada por UNODC en asociación con Usaid, busca mejorar la cooperación regional, la capacidad de los actores del sistema judicial y la aplicación de la ley para detectar, interceptar, investigar y enjuiciar delitos contra la conservación en Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.
