La Defensoría del Pueblo, institución que en estos momentos es dirigida por una funcionaria interina, se pronunció en contra de la propuesta del Gobierno del presidente Pedro Castillo de reducir la edad mínima de imputabilidad –de 18 años a 16 años- para los infractores de la ley penal y sostuvo, que a su entender, no es “la real solución a la ola de inseguridad ciudadana que atraviesa el país”.
Los argumentos que presenta para su oposición están vinculados más a los compromisos asumidos en el contexto internacional que al reconocimiento de un problema que aqueja a la sociedad peruana desde hace algunos años.
“Se advierte que se pretende contravenir lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, lo cual significaría un retroceso en la protección de los derechos de las y los adolescentes, vulnerándose así el principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes”, señala la Defensoría en su fundamentación.
Agrega que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el documento Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas consideran que las y los adolescentes infractoras/es deben estar sometidas/os a un régimen especial de justicia juvenil cuando la presunta infracción se haya cometido sin haber alcanzado los 18 años”,
En conclusión, sostiene, la Defensoría del Pueblo considera necesario dar prioridad a la implementación integral de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y Conflicto con la Ley Penal, así como en la emisión de normas que favorezcan el tratamiento de las y los adolescentes infractoras/es, mejorando las capacidades del Programa Nacional de Centros Juveniles, apostando por la creación de nuevos Centros Juveniles y mejorar los ya existentes.
Otro argumento
“Se requiere la emisión de normas que favorezcan el tratamiento de las y los adolescentes infractoras”, añade la Defensoría en su pronunciamiento para luego hacer una invocación al Gobierno para que cumplir con sus compromisos internacionales, plasmados en la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y Conflicto con la Ley Penal”.
Esta política nacional “busca generar condiciones para mejorar la administración de justicia penal juvenil en el país a través de la resocialización y reintegración a la sociedad, además de atacar el fenómeno criminológico en los adolescentes a través de programas de prevención, implementación de un modelo de justicia especializada y un Estado comprometido en garantizar la reinserción social constructiva de y los adolescentes infractores.
“Anuncios radicales, como los vertidos por las más altas autoridades del Gobierno, no hacen más que dar la espalda a la verdadera necesidad de atacar la inseguridad ciudadana, no llegando a solucionar, bajo ninguna razón, con políticas de represión y castigo”, sostuvo la defensora del pueblo, Eliana Revollar.
