La asociación española ‘Niños de Rusia-Niños de la Guerra’ denunció que varios de sus miembros han dejado de percibir “las moderadas cantidades que recibían trimestralmente del fondo público ruso de pensiones”.
En un comunicado emitido por el colectivo –integrado por personas de las comunidades españolas de Asturias, País Vasco y Madrid–, afirman que algunas entidades bancarias en España han devuelto el dinero de los afectados a Rusia y solo algunas “continúan pagando las pensiones con regularidad”.
“Nuestra Asociación entiende que retener o devolver las pensiones es una interpretación errónea y torpe de las medidas de presión sobre la Federación Rusa”, dice el texto oficial del colectivo integrado por quienes fueron evacuados de España a la antigua Unión Soviética, durante la Guerra Civil española (1936-1939), y sus descendientes.
Debido a la Segunda Guerra Mundial y la dictadura de Francisco Franco, se impidió el regreso de los evacuados hasta 1956, casi 20 años después de su salida. Desde entonces, muchos decidieron regresar a su país de origen, especialmente alentados por la crisis de la URSS, y hasta la fecha continuaban recibiendo sus pensiones “muy moderadas” desde Rusia.
Pero ahora, tras las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia debido al conflicto con Ucrania, algunos miembros de la asociación han dejado de recibir sus pensiones.
“El dinero ha salido de Rusia pero algunos bancos que operan en España –no todos– han retenido e incluso devuelto las pensiones, impidiendo el cobro del trimestre esperado en mayo“, detallan en la comunicación, que pide explicaciones a varias entidades sobre cómo han abordado la situación para decidir no abonar los pagos.
En vista de que la mayoría de los beneficiarios son personas mayores y jubilados, la asociación alerta que la situación es apremiante para varios afiliados, ya que “algunas residencias geriátricas han comenzado a repercutir en sus cuentas personales el porcentaje de la pensión no recibido”.
“A nuestros mayores –reza el comunicado- les asiste el convenio gubernamental entre países, el propio derecho constitucional español y el sentido común más elemental”. Para ese colectivo, “confundir la presión sobre el gobierno ruso con el bloqueo de pensiones vitales es injusto” y “hacerlo a costa de personas de avanzada edad e ingresos muy modestos, es un acto indigno”.
Ante este panorama, la asociación evalúa acudir al Defensor del Pueblo para presentar el problema, ya que, a su juicio: “Tratar a nuestros mayores como si fueran potentados es imperdonable”.
