El legislador Wilson Soto (Acción Popular) ya presentó el informe final, donde además propone acusarlo por el delito de traición a la patria.
Esta redacción consultó sobre el tema a abogados especialistas en derecho internacional, penal y constitucional, y todos coinciden en la ausencia de fundamentos jurídicos por parte de los denunciantes y congresistas que pretenden usar la declaración de Pedro Castillo para sacarlo del cargo mediante un juicio político.
Frase sin valor jurídico
En una audiencia en el Congreso, el fujimorista Francisco Tudela había deslizado que la sola declaración de Castillo de consultar a la ciudadanía la salida al mar para Bolivia ya generaba implicancias jurídicas.
Al respecto Gattás Abugattás, profesor de derecho internacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue enfático en señalar que la declaración que hizo Castillo en CNN no tiene valor jurídico.
“Las declaraciones del señor Castillo no tienen valor jurídico desde el punto de vista del derecho internacional”, apunta.
El especialista precisa que no es suficiente la sola declaración para que el hecho sea un acto unilateral del Estado. “Se tiene que ver el contexto o la formalidad. No es lo mismo salir en un canal que hacer una declaración de ese tipo, por ejemplo, ante la ONU o la OEA”, explica.
Un segundo aspecto de relevancia que hace notar Abugattás es que la declaración que hizo Castillo no es viable en términos constitucionales.
“Lo que dice la doctrina sobre los actos unilaterales de los Estados es que su formulación, para que sea válida, no debe ser contraria a la Constitución de su país”, precisó.
No hay delito
Otro aspecto que tendrá que analizar el Congreso es la eventual comisión del delito de traición a la patria. Consultado sobre el tema, el penalista Jorge Zúñiga Escalante descarta que el mandatario Castillo haya cometido delito, ni siquiera en grado de tentativa, que es lo que consigna el legislador Wilson Soto en su informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
“Me parece una cuestión muy descabellada. Puede haber reproche moral o político a esa declaración, pero no hay los elementos para decir que hay delito”, apunta Zúñiga.
Para que haya delito en grado de tentativa, según explica Zúñiga, se debe establecer que hubo una fase inicial de ideación para cometer el delito. “El presidente tendría que haber iniciado algún acto orientado a ello (ceder territorio a Bolivia para una salida al mar). Pero la cesión de territorio ni siquiera está dentro de las competencias de un presidente”, enfatiza.
Análisis constitucional
El informe que podría aprobar el Congreso establece seis supuestas infracciones constitucionales por parte de Castillo.
El constitucionalista Pedro Grández advierte que “hay una deliberada actitud de fraude a la Constitución” por parte de los congresistas que pretenden forzar la comisión de un delito o una infracción constitucional.
“Bajo esos presupuestos, me parece que quienes están más cerca de violar la Constitución son quienes utilizan de esta manera un hecho”, agregó, en alusión a los congresistas.
Grández subraya que en este momento ya hay otros elementos más objetivos que pueden conllevar a una eventual acusación, distinto al delito de traición a la patria.
El constitucionalista Omar Cairo considera que el informe final debe ser declarado improcedente, por la incoherencia de plantear inhabilitación, sin contemplar previamente la destitución.
También cuestiona que pretendan sancionarlo con la inhabilitación y en forma paralela incluyen una acusación por el delito de traición a la patria, lo que implicaría solo una suspensión en el ejercicio del cargo.
Infografía-La República
Reacciones
Pedro Grández, constitucionalista
“En realidad, a los que están pidiendo la vacancia, la suspensión o la inhabilitación del presidente no les interesa hacer esto conforme a derecho, sino, en realidad, solo les interesa juntar los votos”.
Gattás Abugattás, derecho internacional
“Las declaraciones de Castillo no tienen valor jurídico desde el derecho internacional. Se tiene que ver la formalidad: no es lo mismo salir en un canal que hacer una declaración de ese tipo ante la ONU”.
Jorge Zúñiga E., penalista
“Me parece una cuestión muy descabellada. Puede haber reproche moral o político a esa declaración (del presidente Pedro Castillo), pero no hay los elementos para decir que hay delito”.
Omar Cairo, constitucionalista
“El informe final (del congresista Soto) debe ser declarado improcedente. Hay una contradicción: no pueden plantear la inhabilitación sin contemplar previamente una destitución”.
Fuente la República
