La Amazonía requiere de cuidados intensivos para salvarla de la deforestación. EFE
La capacidad de restauración de la Amazonía se está agotando y, de seguir con el ritmo actual de deforestación, el pulmón verde del planeta, tal y como lo conocemos hoy, no llegará a 2025. Así lo alerta un informe que diseña estrategias globales para proteger el 80 % de los bosques amazónicos, un desafío aún posible.
“Gran parte de la Amazonía (…) está emitiendo más carbono del que absorbe. Se está cambiando el rol ecológico de la Amazonía y seguir en este ritmo (…) es muy peligroso”, afirmó Marlene Quintanilla, una de las investigadoras principales del reporte “La Amazonía a contrarreloj: Un diagnóstico regional sobre dónde y cómo proteger el 80 % al 2025”.
Sus conclusiones son alarmantes, pero también arrojan un soplo de esperanza al considerar que, aunque es urgente, es posible lograr, con los territorios indígenas como principales aliados, la conservación de la mayor reserva de agua dulce del planeta.
Una reserva que se extiende por casi el 40 % del territorio de Suramérica.
Los hallazgos de esta pesquisa, desarrollada por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), fueron revelados hoy durante la V cumbre amazónica de pueblos indígenas, que reúne en Lima a más de 500 pueblos originarios de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
Por un lado, el informe alerta que el bosque amazónico se encuentra inmerso en un punto de no retorno debido a las altas tasas de deforestación y degradación que, combinadas, llegan al 26 % de la región, donde cada día se extinguen 137 especies vivas.
“Los niveles de deforestación e incendios están mermando la extensión del bosque tropical, la disponibilidad hídrica que tiene la Amazonía y, lamentablemente, si no se toman medidas hasta el 2025, para el 2030 consideramos que los impactos van a ser más agudos”, comenta Quintanilla.
La investigadora destacó que el 90 % de la deforestación y degradación combinadas se concentran en Brasil y Bolivia, donde la “sabanización” ya es un fenómeno real.
El estudio, por ejemplo, ha identificado que, en las últimas dos décadas, las lluvias anuales se han reducido en un 17 % en la región amazónica boliviana, donde la temperatura ha aumentado un grado en este lapso.
Por otro lado, revela que el 66 % del territorio amazónico está sujeto a algún tipo de presión permanente, ya sea por amenazas legales o ilegales que incluyen los bloques petroleros, las centrales hidroeléctricas, las minas y las actividades agropecuarias, estas últimas responsables del 84 % de la deforestación.
Quintanilla sostiene que los marcos legales vigentes están “definiendo prácticamente el destino de la Amazonía”, generando condiciones para que los Estados otorguen licencias en bosques intactos o en territorios indígenas sin el consentimiento previo e informado de las poblaciones nativas.
“Se mira el bosque como una tierra floja, se dice que, para generar desarrollo, hay que ampliar la actividad ganadera o agrícola y entonces se subestima el valor del bosque”, apostilla la autora, quien insiste en la necesidad de que los gobiernos empiecen a ver el desarrollo forestal como “una estrategia para el desarrollo económico”.
Para cumplir con el pacto global adoptado en septiembre pasado en el Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el reporte urge a las autoridades a adoptar medidas que salvaguarden las Áreas Prioritarias Clave Intactas (33 %), con Baja Degradación (41 %) y promuevan la restauración del 6 % de tierras con alta degradación.
En ese sentido, defiende la necesidad de contar con los territorios indígenas como principales aliados, reconocerlos y dotarlos de mayores recursos nacionales e internacionales por mostrar un grado de eficacia incluso más alto que las áreas protegidas, en términos de conservación de los ecosistemas.
“Este informe demuestra, y no fue la intencionalidad, que el rol de los territorios indígenas es clave para la adaptación al cambio climático (…) el reconocimiento es el primer paso y la asignación de recursos es un paso importante”, apostilla la autora tras señalar la “deuda” histórica de los Estados hacia estos territorios relegados.
En conjunto, las áreas protegidas y los territorios indígenas cubren alrededor de la mitad (48 %) de la Amazonía, pero el 86 % de la deforestación ocurre en el 52 % restante del territorio.
Dentro de las acciones más urgentes, el estudio también sugiere limitar nuevas licencias y financiamiento para actividades extractivas, e insta a la comunidad internacional a adoptar políticas inmediatas que garanticen la afluencia permanente de recursos para lograr la conservación y fortalecer la gestión integral de los territorios indígenas.
Unos esfuerzos globales que deben adoptarse ahora que aún se está a tiempo de salvar el mayor bosque tropical del planeta y recuperar su capacidad reguladora ante la emergencia climática.
