La nueva primera ministra británica inicia el mandato con un gasto público histórico para intentar frenar la crisis. Un hogar medio no pagará más de 2.900 euros anuales por la energía
Liz Truss ha tardado menos de 48 horas, desde que se convirtió en primera ministra del Reino Unido, en anunciar la decisión que puede definir todo su mandato. A partir del 1 de octubre, el precio máximo que pagará por el gas y la electricidad cualquier hogar británico tendrá un límite de 2.900 euros anuales, y no de los más de 4.000 que la autoridad reguladora del país (OFGEM, en sus siglas en inglés) había actualizado a principios de septiembre, de acuerdo con la escalada de precios en el mercado mayorista. La medida se prolongará durante dos años, justo el tiempo que Truss tiene por delante hasta que deban celebrarse nuevas elecciones generales, y supondrá un gasto público de dimensiones históricas, similar al dinero destinado a salvar empleos durante la pandemia. Los expertos calculan que el plan puede aumentar la deuda pública del Reino Unido en más de 115.000 millones de euros.
El nuevo Gobierno conservador era consciente de que tenía que responder de inmediato a una emergencia nacional que amenazaba con triturar sus ya de por sí escasas expectativas electorales.
El plan, cuyos detalles económicos todavía no se conocen, no congela el precio medio actual (unos 2.200 euros anuales), pero pone un freno inmediato a un devastador panorama en el que millones de ciudadanos iban a entrar en una situación de pobreza energética. Ya había en marcha campañas llamando a la rebelión y al impago de las facturas. “Ha llegado el momento de ser audaces. Nos enfrentamos a una crisis energética global, y ninguna de las opciones que tenemos por delante saldrá gratis”, ha dicho Truss, para defender el proyecto.
Porque la nueva primera ministra ha descartado la opción defendida por la oposición laborista, que reclama impuestos extraordinarios adicionales a las compañías energéticas. El pasado junio, el entonces ministro de Economía, Rishi Sunak ―derrotado por Truss en las primarias para sustituir a Boris Johnson― ya aprobó un impuesto “sobre los beneficios caídos del cielo” (windfall tax, en la jerga británica) del 25%, con el que pretendía recaudar cerca de 5.800 millones de euros. La nueva inquilina de Downing Street, sin embargo, que ha prometido un drástico giro en la economía del país con un programa neoliberal cuyo punto central es una fuerte bajada de impuestos, se niega a gravar a las empresas del sector porque, según ha explicado, sería un modo de frenar las necesarias inversiones para garantizar la seguridad energética del Reino Unido.
“Eso es ridículo. Los beneficios que tienen previsto obtener [unos 200.000 millones de euros, en los próximos dos años, según Bloomberg News] no son la recompensa de una buena gestión, sino el resultado de la barbarie lanzada sobre Ucrania por Vladímir Putin”, ha dicho el líder laborista, Keir Starmer, durante el debate de este jueves en la Cámara de los Comunes. La oposición acusa a Truss de financiar la crisis a costa del erario público, y vaticina que el coste final recaerá en el bolsillo de los ciudadanos.
Revisión energética
Las ayudas anunciadas se extienden también a las empresas, organizaciones no gubernamentales y administración pública, pero en su caso será para los próximos seis meses, y revisable a partir de ese periodo. El nuevo Gobierno ha concertado además con el Banco de Inglaterra un esquema de ayudas, valorado en más de 46.000 millones de euros adicionales, “para que las empresas que operan en el mercado mayoritario de la energía tengan la liquidez necesaria para gestionar la volatilidad de los precios”, ha anunciado Truss.
Junto a la inyección urgente del dinero, el nuevo Gobierno británico pondrá en marcha un grupo de trabajo que revise por completo el modo en que se fija hoy el precio de la energía, además de aumentar el número de licencias de extracción en el mar del Norte ―de donde procede casi la mitad del gas que consume el país―, acelerar la construcción de nuevas centrales nucleares, y levantar la moratoria del fracking, una técnica de extracción de petróleo y gas en yacimientos no convencionales que consiste en fracturar rocas del subsuelo a través de una presión altísima de agua.
