Las elecciones son momentos de expresión formal de nuestro poder ciudadano o poder popular. Aunque constreñido por reglas sesgadas hacia la cleptocracia (gobierno de ladrones) o plutocracia (gobierno del dinero), que urge modificar en los niveles constitucional y legal, poder al fin. Por ello, conviene esforzarnos por usar bien ese poder, aunque sea una vez cada 5 años para las elecciones generales y cada 4 años en las elecciones regionales y municipales.
Siendo conscientes de que las actuales normas constitucionales y legales no incentivan la participación de candidaturas ajenas a financiamientos de empresas interesadas en “recuperar la inversión” con obras públicas. En efecto, carecemos de incentivos para candidaturas con visiones de ciudad o región, con equipos que combinen convicciones profundas y criterios para hacerlas realidad. Mientras no cambiemos esas normas, una manera responsable de acercarnos a las urnas en varias ciudades, es la de evitar los males mayores.
Para ello, propongo un criterio extremo de descarte: la sospecha de pertenencia a una organización criminal, ya sea una que ya saqueó algún gobierno local en períodos anteriores, o una que se apresta a hacerlo de obtener una mayoría relativa de votos el siguiente domingo. Podemos identificarlas indagando sobre las investigaciones fiscales abiertas por actos cometidos en períodos anteriores de gobierno. Lamentablemente, esta información no está centralizada, teniendo uno que buscarla entre lo difundido por medios de comunicación o investigación periodística. Bueno sería que el Ministerio Público la entregue de oficio al Jurado Nacional de Elecciones para su difusión masiva. Mientras eso ocurre, una aproximación la dan las declaraciones juradas publicadas en la plataforma del JNE y sistematizadas en esta página: https://otorongo.club/2022/ . Otro indicador son las investigaciones abiertas por temas que evidencian desprecio por el bien común, como las relacionadas con evasión o elusión tributaria. Y otro, más visible, viene de la observación del dinero que se viene gastando en las campañas electorales y de su origen.
En cualquier caso, algo que poco a poco va mejorando en nuestro país, es la investigación fiscal. Precisamente, la semana pasada se aprobó generar una fiscalía especializada en criminalidad organizada en Huánuco, departamento con mafias que han saqueado gobiernos locales y el gobierno regional, que han depredado sus bosques, que han traficado con las ansias de vivienda de la ciudadanía, que lavan activos a plena luz. Esta nueva fiscalía hace más probable que cualquier alcalde que cumpla sus objetivos de expolio del dinero público, o que sin proponérselo, caiga en la tentación de hacerlo, en vez de terminar su período de gobierno, termine con una prisión preventiva. De manera que el voto por candidaturas sospechosas de pertenecer a organizaciones criminales, resulte un voto perdido. En Huánuco ese aumento de probabilidad hemos de agradecerlo a la Asociación Cultural de Jóvenes Empoderados, que, con su joven dirigente tingalés Julio Nestor Garrido Huaranga, activó, vía el ejercicio del derecho de petición del inciso 20 del artículo 2 de la Constitución, los procesos internos del Ministerio Público para lograr la mencionada fiscalía.
Esa exitosa acción ciudadana nos recordó que el poder ciudadano es capaz de contener los males mayores de nuestro sistema político y que puede hacerlo, esta semana a nivel municipal y regional y en un futuro próximo, puede convertirse en poder constituyente para mejorar dicho sistema.
