La iniciativa de ampliación de la cantidad de integrantes del máximo tribunal abrió una ardua discusión política y jurídica. ¿Qué cambios acarrearía en la práctica? ¿Mejorará su bajo nivel de aprobación por la opinión pública? El debate entre los especialistas.
Tras la renuncia de una de sus miembros, la Corte Suprema de Justicia —el máximo tribunal de la Nación— quedó conformada por cuatro magistrados de cuyo criterio depende la resolución de las causas más trascendentes del país.
El Frente de Todos —la alianza peronista que gobierna desde 2019— impulsa un proyecto de ampliación de cantidad de integrantes de la Corte para elevar sus miembros de cinco a 15, considerando los criterios de representación federal y paridad de género.
La medida ya obtuvo media sanción en el Senado y será tratada en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo se encuentra en minoría. El debate trascendió el Congreso y abre un interrogante entre juristas: ¿resuelve esta iniciativa los problemas en el funcionamiento de la justicia?
El Poder Judicial es una de las instituciones con peor imagen en la opinión pública argentina, en el marco del descrédito de todos los organismos ejecutivos y legislativos. Según un estudio de la Universidad de San Andrés, un 65% de los argentinos no está satisfecho con su desempeño. Por eso, en los últimos años, ha habido distintas iniciativas para reformar el sistema de justicia del país.
Problema de números
En promedio, la Corte Suprema recibe más de 20.000 causas por año. En 2021, el tribunal resolvió una media de 2.000 casos por mes, pero para alcanzar esta cifra debería pronunciarse sobre más de 60 por día, incluyendo sábados y domingos. Estos exorbitantes valores constituyen un problema de urgente resolución.
“Casi todas las cortes latinoamericanas tienen un número de ministros acorde al volumen de causas, a la densidad poblacional y al índice de litigiosidad que tiene el país, que en Argentina es muy alto”, dice a Sputnik Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista que integró la Convención Constituyente argentina de 1994. El jurista afirma que “una población de 47 millones de personas amerita una Corte con un número suficiente de miembros para cumplir este cometido”.
En esta misma línea se posiciona Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista que integró el comité de expertos conformado con el fin de evaluar el proyecto. “No hay un número mágico, pero si uno tiene en cuenta que la Constitución Nacional de 1853 estableció que fueran nueve los miembros para el país de aquel momento, creo que hoy una de cinco queda muy chica”, sostiene en diálogo con Sputnik.
Este diagnóstico no es unánime. Félix Lonigro —abogado constitucionalista y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires— descarta el argumento de la relación entre el tamaño de la población y el número de ministros: “Desde la primera Corte constituida en 1863 aumentó la población significativamente. ¿Qué tiene que ver la Corte con la cantidad de habitantes? En todo caso [el lugar donde esto debería reflejarse] es la Cámara de Diputados”, objeta consultado por Sputnik.
Lonigro se concentra en los efectos concretos de un incremento en la cantidad de magistrados en el máximo tribunal: “Creen que aumentando a 15 los integrantes se agiliza el proceso. Todo lo contrario: cada causa va a pasar por 15 vocalías, en lugar de cinco”, señala.
Según esta lógica, ampliar la cantidad de jueces deviene en una demora en los tiempos de resolución de cada causa. “No creo que la cantidad de integrantes sea el motivo del actual funcionamiento de la Corte, ya sea bueno o malo”, opina. Si el problema no es el número de jueces, la atención debería centrarse en la cantidad de casos que la Corte recibe.
Causas de fondo
“Más que una ampliación en la cantidad de miembros, creo que una mejor idea sería que [la Corte] no interviniera en tantos asuntos”, marca Lonigro. “Lo ideal quizás sería que no tuviera que intervenir en causas vinculadas a la seguridad social: tendría un 30% menos de trabajo y sería más eficiente”.
El constitucionalista se refiere a los casos derivados de juicios por jubilaciones, indemnizaciones por despidos o liquidaciones de sueldo, entre otros. Su propuesta es compartida por Gil Domínguez, quien apunta que “[desde el comité consultivo] hicimos una propuesta para que solo llegaran a la Corte las causas donde se afectaran derechos fundamentales y humanos”.
Este punto también siembra controversia entre los juristas. Barcesat sostiene que “de ninguna manera podemos negarles a los jubilados la posibilidad de que se apliquen los reajustes que determina el sistema legal: sería una política genocida privarlos del reclamo”.
Tiempos y contratiempos
Una de las principales críticas al máximo tribunal consiste en la demora en el tratamiento de los casos. Por ejemplo, 2021 cerró con más de 3.000 causas pendientes de resolución. Barcesat apunta que se deberían fijar plazos para que la Corte emita sus resoluciones, porque hoy es la discrecionalidad de los ministros la que determina cuándo puede salir una sentencia. Este es un resabio monárquico”. Gil Domínguez comparte esta posición.
Temas pendientes
La voluntad del Gobierno de reformar la Corte Suprema se remonta a su llegada al poder en 2019 El presidente Alberto Fernández ha manifestado en reiteradas oportunidades sus críticas al desempeño del Poder Judicial y su anhelo de llevar a cabo modificaciones en el máximo tribunal.
En gran medida, la iniciativa de modificar ciertas áreas de la Justicia se asienta sobre las denuncias del oficialismo en torno a lo que se considera una persecución contra la vicepresidenta —y una de las principales referentes de la coalición—, Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta está siendo procesada en la causa Vialidad, en la que se le acusa de haber direccionado la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz y en la cual el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión.
En este marco, el Gobierno ha impulsado cambios en diversos fueros para modificar el funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto.
Tanto Barcesat como Gil Domínguez consideran que una verdadera reforma de la Justicia debe ser integral. Para el primero, el proyecto de reforma en cuestión “es el medio más eficiente dentro de aquellos que puede ser hecho por ley”, aunque remarca que “si uno pretende una modificación total del Poder Judicial, hay que proceder a una reforma constitucional”.
Gil Domínguez agrega que “uno de los problemas del funcionamiento de la Corte es la cantidad de miembros, pero no es el único. Si no se encara una reforma integral de su funcionamiento, los problemas van a subsistir y, en algunos casos, se van a agravar”.
Fuente: Sputnik
