Me produce una sana envidia la situación económica financiera de las empresas públicas de países vecinos como Enap de Chile, Ecopetrol de Colombia, YPF de Bolivia, que por política de estado tienen como objetivo garantizar la seguridad energética y el abastecimiento interno de combustibles.
El caso paradójico es Chile que tiene a su empresa Enap que al 2021 obtuvo ingresos por ventas de US $ 7,655, una cifra superior a las ventas de PetroPerú que alcanzaron los US $ 4,222 millones. Esto dice bastante sobre las características del mercado de combustibles entre ambos países.
Si bien la empresa petrolera estatal chilena produce un mínimo de sus necesidades de crudo no más de 20 mil barriles diarios, frente a un mercado que procesa más de 350 mil barriles día, tiene una empresa filial Sipetrol que se encarga de explorar y explotar petróleo en Ecuador, Colombia, África entre otros países.
Mientras en el vecino del sur la política energética es alcanzar la seguridad energética que se constituye en un problema fundamental en esta coyuntura internacional de cambio climatológico, inestabilidad de precios, conflictos. Allá están apostando en la transición energética por la promoción y un mayor protagonismo de las energías renovables no convencionales como la energía eólica y solar, con una participación de más del 30 % en su matriz energética, mientras en el Perú no alcanzan ni al 5 %.
Mientras en el Perú la clase política en los últimos treinta años ha apostado por la privatización de los hidrocarburos, donde antes se producían 125 mil barriles diarios de crudo (1995) hoy se producen menos de 40 mil barriles por día. En un mercado que se satisface con 260 mil barriles diarios con una mayor participación de empresas transnacionales.
En Chile existe la voluntad política de fortalecer las empresas estatales como Enap y Codelco del cobre, que le otorgan seguridad energética y una mayor renta minera gracias a los altos precios del cobre.
Así, ante la crisis energética del 2003, cuando Argentina se negó a trasladar el gas natural de empresas privadas hacia Chile para priorizar su consumo interno, Enap garantizó la seguridad energética participando en alianza con empresas privadas en la construcción de dos plantas de regasificación de gas natural donde pueden recibir el energético de cualquier parte del mundo.
Chile al igual que Perú es un importador neto de petróleo y combustibles, pero en el país del sur el estado por medio de Enap controla la refinación de combustibles abasteciendo el mercado con combustibles limpios desde la primera década del 2000; en el Perú la actividad del refino, está en un 50 % privatizada con la presencia de la transnacional Repsol en la refinería La Pampilla con 117 mil barriles de capacidad y la Planta de Fraccionamiento de Pisco de Pluspetrol que procesa los líquidos del gas natural de Camisea un aproximando de 90 mil barriles diarios.
Al igual que PetroPerú que tiene que endeudarse con la banca privada para poder financiar las compras de petróleo y combustibles y abastecer el mercado interno, por ello mantienen importantes deudas con el sector financiero, en Chile la empresa petrolera de dicho país tiene activos del orden de US $ 6,928 millones de dólares y pasivos (deudas) por US $ 5,900, y un patrimonio de US $ 1,019 millones.
Sin embargo, a diferencia de Chile en la medida que desde el 2015 está en construcción la Nueva Refinería de Talara de PetroPerú en un 99 % de avance con 16 nuevos procesos industriales, los activos se han incrementado a más de US $ 8,699 millones de dólares con pasivos de US $ 6,752 millones, y un patrimonio de US $ 1,947 millones.
Esto expresa las fuertes inversiones que se han realizado en la Nueva Refinería de Talara que suman más de US $ 5,500 millones, activos que cuando estén en operaciones brindarán mayores márgenes refineros que los obtenidos por nuestros vecinos.
YPF DE BOLIVIA
En un modelo estatista desde 2006 con Evo Morales a la cabeza, el país altiplánico ha potenciado a su empresa estatal que hacia el 2020 facturaba por ventas ingresos de US $ 4,220 millones de dólares, con activos de US $ 12,902 millones, pasivos de US 5,000 millones de dólares y un patrimonio de US $ 7,901 que resulta superior en cuatro veces al patrimonio de PetroPerú que alcanzó los US $ 1,947 millones de dólares.
Con una producción de más de 1,500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural que se exportan al Brasil y la Argentina en precios atractivos, YPF de Bolivia garantiza el abastecimiento de gas natural a su población con una serie de gasoductos que atraviesan el país, y una política de subsidios que tiene un alto costo fiscal.
En todo caso sea el modelo chileno que fortalece a su empresa estatal y el modelo boliviano que garantiza mayores rentas (regalías) en la producción con tendencia a la baja, sin mayores inversiones en la exploración, aseguran el abastecimiento del mercado interno.
En nuestro país, se asfixia financieramente a la petrolera estatal PetroPerú que sin producción propia de petróleo que resulta la fuente de la renta petrolera, más de US $ 40 dólares por barril en las operaciones de noroeste (Talara) con los precios vigentes actualmente. Con una producción propia de 25 mil barriles diarios tendría utilidades anuales superiores a los US $ 300 millones de dólares.
Si se persiste en la re privatización de los lotes petroleros, tal como lo asumen el gerente de Perúpetro y el Ministro de Economía y Finanzas (MEF), la petrolera estatal seguirá pagando precios internacionales por el crudo que refina, un absurdo económico conveniente para las transnacionales.
En la presente coyuntura el gobierno peruano debe fortalecer el patrimonio de la petrolera estatal con mayores capitalizaciones de sus aportes como lo hacen los gobiernos de Colombia, Chile y sobre todo Bolivia con sus empresas petroleras. El compromiso del gobierno del Presidente Pedro Castillo apuesta por el fortalecimiento de PetroPerú en el estratégico sector de los hidrocarburos
