Con una candidez digna de mejor causa, algunos comentaristas mediáticos se preguntaban, antes de que entre a tallar el ‘factor OEA’, por qué –contrario a lo que ocurrió con el dictador Alberto Fujimori, el año 2000–, la muchedumbre no está en las calles exigiendo vacar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, luego de la acusación constitucional planteada ante el Congreso de la República por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La respuesta es muy sencilla: La diaria y pesada artillería mediática que sobredimensiona y escandaliza todo lo que se mueva o acerque alrededor del presidente Castillo, fingiendo hacer periodismo de hechos a partir de variadas suposiciones, ha logrado el efecto contrario: lo que la gente constata son las evidencias públicas que desnudan una conspiración golpista antes que el desarrollo de una investigación fiscal transparente.
La prueba directa de que los golpistas no tienen como objetivo la lucha contra la corrupción sino el desconocimiento de los resultados electorales del 2021, para arrogarse un poder que no les ha sido concedido por el pueblo, se constata en el obsesivo afán de imponer un “paquete completo”: Fuera Castillo, fuera Dina Boluarte, la vicepresidenta que frente a cualquier “vacancia” tendría que sucederlo.
¿Con qué objetivo? ¡Con el objetivo de sacarle la vuelta al pueblo y poner como presidente encargado al titular del Congreso de la República, Williams Zapata, cuyo fujimontesinismo nadie pone en duda!
Así que dejémonos de candideces y hablemos las cosas como realmente son: la muchedumbre, la gente del pueblo que se moviliza contra la corrupción no está apañando la versión chicha del lobby ilegal que se perpetra desde palacio de gobierno, como tampoco ignora que el mercantilismo corrupto ha ejercido ese mismo lobby ilegal de manera hegemónica durante todos los gobiernos y con el silencio interesado de esa misma prensa. ¡¿Quién puede desmentir las pruebas que lo confirman?!
Lo que quiere la gente de a pie –como también lo exigió en su momento en el caso del expresidente Martín Vizcarra–, es que se respete el Estado de Derecho (que tanto temor provoca en el monopolio del grupo El Comercio y otros “grandes medios de prensa”), cuya vigencia se debe constatar también en el respeto a la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario, principio jurídico que la actual fiscal de la Nación abierta y públicamente desconoce.
Entonces, ¿de qué idoneidad, de qué imparcialidad para investigar estamos hablando cuando nos referimos a la Fiscal de la Nación, quien también está acusada de operar en favor de “Los cuellos blancos del puerto”?
Ahora bien, siendo verdad todo lo dicho, habría que ser cínico para desconocer que así como la gente no acepta la trama golpista tampoco acepta que el presidente Pedro Castillo pretenda escudarse en “el pueblo” para eludir las responsabilidades que se evidencian en los casos más objetivos del presunto lobby ilegal. Basta con caminar la calle para saber –más allá de cualquier encuesta–, que esto es verdad.
Así que resulta tardío que el presidente Castillo haya salido recién a hablar de quienes, según él, habrían “traicionado su confianza”, cuando las evidencias de protección a los autores materiales de los delitos que se investigan ha sido puesta sobre la mesa fiscal por Beder Camacho, uno de sus colaboradores más cercanos que hasta hace pocos días atrás aseguraba que todas las acusaciones eran patrañas contra el presidente.
La acción tardía del presidente Castillo también ha jugado en su contra al quedar de lado la hipótesis de que Zamir Villaverde y Karelim López, corruptos y criminales de antigua data le habrían sido “sembrados” en palacio de gobierno o en su entorno familiar, por operadores de la misma collera que pretendió desconocer los resultados electorales el 2021. ¿Cómo es que ellos y el aprista Bruno Pacheco, exsecretario general de palacio terminaron conformando su entorno más cercano?
Ahora bien, con OEA y todo, la pregunta que se impone despejar desde el análisis político desapasionado, es: ¿Cómo encarar esta crisis política en la que no se garantiza una investigación imparcial y se pretende mediante una acción inconstitucional retorcer un mandato para que el Congreso de la República ejecute el golpe de Estado, evadiendo la propia Fiscal de la Nación su responsabilidad sobre la obligada carga de la prueba, entre otros aspectos jurídicos centrales?
Lo primero, en ese contexto, es que no podemos ignorar que el actual Congreso de la República, es hoy por hoy un poder más desprestigiado que el propio Ejecutivo. La gente asume que sus representantes se dedican principalmente a ejercer lobby ilegal, como lo dijo no hace mucho y con sus palabras completas la congresista Susel Paredes. En otras palabras, este poder Legislativo no goza de ninguna autoridad política o moral para vacar o destituir, mucho menos a través de maniobras que buscan sustituir la falta de votos.
¿Es la OEA –que los golpistas que la buscaron para denunciar “fraude electoral” ahora no quieren que intervenga–, una tabla de salvación segura del presidente Castillo? No lo creo; por el contrario, podría estar confiando erráticamente en un arma de doble filo, porque la OEA no puede interferir en las investigaciones fiscales y judiciales y tampoco en los afanes del Congreso (tal como lo ha dicho desafiante su presidente William Zapata, quien anduvo muy calladito, con súper perfil bajo por estos días), pero, sí puede emitir una declaración que lo lapide.
Dudo que los congresistas –que saben que si “vacan” a Castillo se irán todos, porque el pueblo no permitirá a un fujimontesinista en Palacio–, estén dispuestos a dejar sus gollerías. Para ellos, la oportunidad ideal para “vacar” es el 2025, cuando el Ejecutivo no tendrá entonces la opción constitucional de cerrar el Congreso.
Frente a todo lo expuesto, opino que el país no merece estar sometido a las pugnas de los golpistas ni a los fallos de un presidente reiteradamente errático, que fue elegido por una mayoría de peruanos para que gobierne con los mejores, contra la corrupción y por la implementación de cambios sustanciales en la vida económica, política y social del país, lo cual pasa necesariamente –como queda demostrado en muchos casos– por elaborar una nueva Constitución. ¡Nada de eso priorizó el presidente Pedro Castillo!
Por ello, más allá de su declarada inocencia frente a los delitos que se le imputan, lo cual debe quedar decantado mediante una investigación transparente y apegada a la Constitución y las leyes, frente a la crisis política que amenaza desde varios lados tornarse más inmanejable todavía, soy un convencido de que la mejor opción para el país y para el propio ciudadano presidente, es que en lugar de aferrarse a un poder que no sabe cómo administrar, él mismo debe evaluar y decidir su renuncia, a fin de que lo suceda constitucionalmente la vicepresidente Dina Boluarte.
Esta sería una decisión inteligente –antes que hablar de reacciones desesperadas–, cuando todavía le queda un saldo no desdeñable de aceptación ciudadana, más por rechazo a los golpistas que por su propia gestión presidencial.
De hecho y de derecho las acusaciones con las cuales se pretende “vacar” también a la primera vicepresidente Dina Boluarte, son un disparate:
¿Cuáles son los “graves” cargos contra Dina Boluarte? Dos que no merecerían más que un llamado de atención porque nunca habrá forma de que el contralor general de la República, Nelson Shack pruebe dónde está el daño que Dina Boluarte le ha infligido al Estado al haber firmado unos papeles –en vías de regularización– en un club departamental en el que ella fue dirigente, o la gestión de una licencia ante la Municipalidad de Lima para ese mismo club, como dice ahora el exalcalde Jorge Muñoz Wells.
Lo que sí es posible probar es que Nelson Shack se prestó a tal maniobra luego de que “Hildebrandt en sus trece” informase que él también laboraba como docente bien pagado en la Universidad César Vallejo, de propiedad de César Acuña, cuando debía ejercer como contralor a dedicación exclusiva; y, que, en el caso de Muñoz –según el mismo semanario–, ha sido durante su gestión que el grupo El Comercio logró el cambio de zonificación para que la ONPE termine comprándole –con intervención de la Contraloría, incluso– un terreno (en 49 millones 500 mil soles), obteniendo una ganancia millonaria que sin ese cambio de zonificación no hubiese ocurrido. (Ojo que los negocios del Grupo El Comercio con la ONPE vienen de antiguo).
En resumen: los elementos de convicción de la muchedumbre aparentemente “inactiva” o “indiferente” frente a una “corrupción no fujimorista” no son los mismos que manejan la Fiscalía de la Nación, los voceros políticos del golpismo –mercantilistas a ultranza– y sus medios de prensa que con grosero sigilo pretenden ocultar que lo que demanda la ciudadanía es ¡QUE SE VAYAN TODOS! Porque el Perú no aceptará ninguna ficha del fujimontesinismo encubierto, abierto o asolapado, tanto así que la presencia de Castillo en palacio solo se explica porque la Sra. K fue su contendora.
OTROSÍ DIGO: Hace tres días se cumplieron 22 años de la fuga al Japón, desde el sultanato de Brunei, del dictador Alberto Fujimori, quien, entre otras cosas, ocultó a los peruanos que era japonés. Y fue a su verdadero país de nacimiento a postular como senador, sin conseguir la curul, claro está!
Lima, 22 de octubre de 2022
Fuente: Público
