Juez Zúñiga decidirá suerte de Salatiel Marrufo y acusados de ser parte de presunta organización criminal que encabezaría el presidente Pedro Castillo.
Tras una prolongada jornada, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, presidido por el juez Víctor Zúñiga Urday, decidió proseguir hoy la audiencia de prisión preventiva y comparecencia con restricciones contra los investigados en el caso ‘gabinete en la sombra’, entre ellos Salatiel Marrufo y otros acusados de ser parte de la presunta organización criminal que encabezaría el presidente Pedro Castillo.
Ayer, en la audiencia, la Fiscalía aludió a declaraciones de colaboradores eficaces que dieron cuenta de coordinaciones de Salatiel Marrufo, Biberto Castillo y Abel Cabrera con el presidente Pedro Castillo para adjudicarse obras, por lo que insistió en el pedido de 36 meses de prisión preventiva por presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencia y encubrimiento personal.
Según la tesis fiscal, el denominado ‘gabinete en la sombra’ planeó el direccionamiento de 34 proyectos de obras públicas, para ser incluidas en el Decreto de Urgencia n° 102-2021-Vivienda, del 29 de octubre del 2021, lo que generó un perjuicio económico de S/130 millones en agravio del Estado.
En la audiencia, el Ministerio Público expuso los elementos de convicción para sustentar el pedido de prisión contra los tres investigados, aunque las defensas reclamaron por una supuesta desorganización en la acusación de la Fiscalía.
Por un momento, la audiencia fue suspendida debido a que Abel Cabrera, presunto aportante de medio millón de soles a la campaña de Pedro Castillo, sufrió una descompensación.
Según la Fiscalía, los presuntos actos ilegales en las contrataciones públicas se llevaron a cabo, desde junio del 2021, con reuniones informales y citas a Palacio de Gobierno, al Congreso o los ministerios de Economía y de Vivienda.
El representante del Ministerio Público proseguirá hoy con sus alegatos para sustentar que se habrían adjudicado irregularmente cuatro obras en la Municipalidad Distrital de Cumba, provincia de Utcubamba, en Amazonas.
Sostuvo que se direccionaron y adjudicaron a dedo millonarias obras que fueron aprobadas por el Ministerio de Vivienda y que Segundo Sánchez, Nenil Medina y Abel Cabrera hicieron aportaciones económicas a la campaña de Castillo con la finalidad de colocar personal de su confianza en puestos claves de entidades del Poder Ejecutivo.
Son más de 20 personas involucradas a las que el Poder Judicial solicitó que se imponga mandato de comparecencia con restricciones, entre ellos el exsubsecretario del Despacho Presidencial Beder Camacho Gadea, los exfuncionarios del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República Auner Augusto Vásquez Cabrera y Eder Vitón Burga, así como el empresario Henry Shimabukuro.
El empresario Alejandro Sánchez está en calidad de “no habido” por la justicia, mientras que cinco implicados en este caso están detenidos en la sede policial de la Diviac, en el Cercado de Lima.
La semana pasada, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada declaró infundadas las apelaciones a la orden de detención preliminar por diez días impuesta contra los investigados Abel Cabrera, Salatiel Marrufo, Auner Vásquez y Alejandro Sánchez.
Salatiel era pieza clave en organización
Según la Fiscalía, “Salatiel Marrufo habría tenido un rol protagónico en la ejecución del DU n° 102-2021, del 29 de octubre del 2021, toda vez que era uno de los integrantes de la presunta organización criminal que decidía qué proyectos se incluirían en el listado de obras de dicho decreto, pasando por alto los criterios técnicos”.
Fuente: La Republica.
