Informes secretos de inteligencia militar que intercambiaron altos mandos de Colombia, Ecuador y Perú señalan que son exintegrantes de las FARC ahora denominados Comandos de la Frontera del Ejército Bolivariano y Frente Carolina Ramírez.
En relación al Frente Carolina Ramírez, el documento precisa que sus actividades criminales en el Putumayo no solo están vinculadas con el narcotráfico: “Existen coordinaciones relacionadas al tráfico de pasta base de coca, clorhidrato de cocaína, extorsiones a ganaderos, comerciantes, conductores y campesinos, reclutamiento forzado de menores”.
Ante la indudable actuación de los grupos armados colombianos en territorio peruano para fomentar el narcotráfico, bajo coacción y amenazas de muerte, el Comando Operacional de la Amazonía, dependiente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, planteó la ejecución de las denominadas Operaciones Armagedón para desalojar a los elementos de los Comandos de Frontera del Ejército Bolivariano y del Frente Carolina Ramírez.
En un informe secreto del jefe del Comando Operacional de la Amazonía, general de división EP Miguel Gonzales Bojórquez, al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general FAP Igor Guzmán Sánchez, ratifica el peligro de la presencia de los colombianos: “Por información de inteligencia recibida durante la X Reunión de Mandos Regionales de Frontera Perú-Colombia (…) se tiene conocimiento del incremento de la presencia de miembros (de) (…) Grupos Armados Organizados Residuales Ex-FARC (GAOR), a lo largo de la línea de frontera común Perú-Colombia, en las provincias de Mariscal Ramón Castilla y Putumayo de la región Loreto”.
Se trata de una confirmación contundente.
“El río Putumayo es la autopista de la droga”
Enfoque por Ricardo Soberón G., director de Devida.
En el Putumayo hay un incremento en la producción de hoja de coca. No es propiamente zona de primerísima producción, pero tiene cantidades importantes en las vertientes del Putumayo y Yavarí. La dificultad para nosotros es que una operación, cualquiera que sea, en Loreto, cuesta tres veces más en presupuesto que en la selva baja. Y el presupuesto que tiene Devida para el 2023 es de 287 millones de soles. Es muy poco.
Lo que La República ha encontrado en el Putumayo no es gratuito. Nosotros, a partir de dos instrumentos, el informe mundial de drogas 2022 y el informe de monitoreo de superficie cultivada de coca de 2021 –que publicó Devida el 15 de setiembre–, llegamos a la conclusión de que es la demanda internacional de cocaína la que está destruyendo irreversiblemente la Amazonía.
Lo que sucede en el Putumayo también podría haber sido en Ucayali y en el Marañón, donde igualmente ocurre, pero no como en el Putumayo. Porque el Putumayo es la autopista fluvial la que junta al primer y segundo productor mundial (Perú y Colombia) de la materia prima y del producto final.
Entonces, el esfuerzo que pueda realizar el Estado peruano gastando un aproximado de 72 millones de dólares anuales, más otros 50 millones de dólares que nos da la cooperación internacional, no arañamos siquiera las causas estructurales que están generando esta sucesión de hechos que evidencia.
“No hay control territorial en el putumayo”
Enfoque por Ricardo Valdés C., director CHS Alternativo
La situación de trabajo forzoso es poco conocida para los operadores de justicia. Y eso se ve expresado en tanto que, pese a que es un delito tipificado en el Código Penal en 2017 y desde 2021 está entre los delitos contra la dignidad, apenas el Ministerio Público ha reportado entre el 2017 al 2020 solo 28 denuncias y 46 víctimas. Es poquísimo. Y en el caso del Ministerio del Interior, en los últimos cuatro años ha contabilizado solo 25 denuncias. Y en el caso de la Sunafil, que realiza la fiscalización laboral, hay 10 casos en 15 regiones.
En cambio, si yo voy a las estadísticas nuestras, que hicimos con el IEP, indican claramente que el trabajo forzoso es desconocido para más de la mitad de la población peruana.
Lo que ha encontrado el equipo de La República en el Putumayo ratifica lo que he mencionado, que hay abuso de vulnerabilidad, engaño, aislamiento, intimidación, amenaza, retención de documento, todos los indicadores que están en la OIT.
Demuestra que en lugares donde no hay control territorial por parte de la autoridad, ese control territorial es asumido por la criminalidad organizada o por las economías criminales. En el caso del Putumayo, estamos hablando de narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y, además, del ingreso por falta de control territorial, de exmiembros de las FARC que cruzan la frontera.
Documentado
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas recibió información secreta de sus pares de Colombia sobre la actuación de grupos ex-FARC en la región peruana del Putumayo.