La oposición, tragándose algunos sapos, resolvió que lo mejor era dar la bienvenida a la misión, confiando en que sea equilibrada. Si lo será o no, nadie lo puede saber nadie por ahora, pero sí cabe destacar que es de muy alto nivel: 6 cancilleres miembros de la Comisión Permanente de la OEA (Argentina, Ecuador, Costa Guatemala, Costa Rica, Belice y Paraguay), 1 vicecanciller (Colombia) y un ex canciller (Paraguay) puesto por el secretario general, Luis Almagro. La observación durará dos días –esa gente no puede distraerse más de sus obligaciones nacionales respectivas- y en dos o tres semanas estará listo su informe.

Según mis fuentes de la OEA, los cancilleres son personalidades con criterio propio que difícilmente van a molestar a sus presidentes para consultarles qué poner en el informe; pero una vez que lo presenten a la Comisión Permanente, ahí sí se abre un espacio para el lobby que no depende solo de la misión. El gobierno tendrá más margen y contactos para lograr algunas frases más o menos amables que las que le caigan a la oposición; pero nadie se juega la vida en ese texto que, se presume, recomendará un diálogo asistido por la propia OEA. Una fuente diplomática me dijo que su escenario ideal es que, de montarse una mesa, de allí mismo podrían salir propuestas de reforma política agendadas en el Congreso. Así pasó, de algún modo en el 2000 y, antes, en el 1992, el diálogo sirvió para convocar al Congreso Constituyente Democrático (CCD). Pero, ¿se van a sentar Aníbal Torres y el núcleo vacador a hablar de reformas pateando la vacancia para más adelante? ¿podrán negociar de buena fe un adelanto de elecciones?

No hablo contigo

‘No tengo nada que negociar con golpistas’. ‘Y yo no hablo con corruptos’. Este diálogo imaginario está más cerca de la realidad que los buenos deseos de la OEA. La tensión judicializada entre Ejecutivo y oposición ha alcanzado cotas altísimas en esta semana. A la media docena de carpetas fiscales y a la denuncia constitucional de la fiscal Patricia Benavides, que la oposición ya hizo suya y la SAC (Subcomisión de Acusaciones Constitucionales) ya admitió; se sumó la muy polémica acusación por traición a la patria. Esta ha provocado serias críticas incluso de quienes favorecen la vacancia. Una fuente del gobierno, divertida, me dijo que les dio pena que el magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, desbaratara al abogado del Congreso exponiendo la debilidad de esa acusación, pues ansían que esta llegue lejos y así la OEA vea al ‘golpismo calato’.

Al revés, a la oposición le gustaría que la OEA encuentre a Aníbal Torres batallando para que le hagan caso a su cuestión de confianza (CdC). En realidad, el tesón que ha puesto Torres en el tema, trasciende la estrategia palaciega -si se le puede llamar así- trazada desde el consejo de ministros extraordinario del lunes 14 (ahí se aprobó la CdC que se presentó el jueves 18). Torres quiere irse desde hace buen tiempo. No fue una broma su renuncia por Twitter del 3 de agosto, luego retirada a pedido de Castillo y, según mis fuentes, con la esperanza de encontrarle un buen reemplazo. Se lo pregunté en una breve conversación telefónica que registré en la crónica “Ten tu vuelto, Congreso” (15/9/2922) y el premier me respondió con gravedad: “He tenido que quedarme para defender al país”.

En su discurso pechador del jueves, Torres añadió este pasaje que no estaba en el texto distribuido al Congreso, que le salió del forro: “Es la primera oportunidad que manifiesta esto, de que el Ejecutivo está facultado para presentar dos o más cuestiones de confianza, incluso simultáneamente. No lo he manifestado ni siquiera ante el Consejo de Ministros”. Le escribí a su equipo de comunicaciones pidiendo una aclaración sobre lo que quiso decir. ¿No quiso hacer partícipe a los ministros de la idea de disolver al Congreso más expeditivamente o, por el contrario, no contemplaba esa posibilidad y por eso no la mencionó antes?. No tuve respuesta; pero en ese pasaje personal volví a leer sus ganas de renuncia y por eso, barajo este escenario: cuando la CdC se declare improcedente, Torres podría asumir el gesto de considerarla rechazada y renunciar en consecuencia, musitando ‘chau congresistas de mala entraña, chau Pedro, chau ministros calichines’.

¿Castillo lo dejaría ir así nomás? No, mientras no tenga un reemplazo. Roberto Sánchez, el que más se empinaba entre los voceros, para serlo, perdió esa opción, por las denuncias que le han caído encima; igual que Betssy Chávez y Félix Chero. El ministro Alejandro Salas está limpio de esos cuestionamientos pero mis fuentes me dicen que, por ahora, Castillo preferiría abrir la cancha. Miembros de su entorno le han presentado distintas posibilidades. Les puedo documentar una. Máximo San Román, el ex vicepresidente de Fujimori y ex asesor de PPK, fue invitado dos veces al despacho presidencial. San Román me ha contado que sospechaba que la intención era plantearle el cargo, pero Castillo no lo hizo y él hizo suficientes críticas como para desanimarlo. En medio de tanta inestabilidad, una de las pocas rocas a las que se aferra Pedro es Aníbal.

Muevan el entorno

Pero, ¿quiénes toman decisiones con el presidente?. Ya varias veces hemos comentado que este proceso es caótico, cortoplacista y ligero. Los ministros voceros, sumando a Betssy Chávez, están es ense pequeño e irregular comité y, por supuesto, el asesor Alberto Mendieta. Y sumen al congresista Guillermo Bermejo, una influencia aislada y constante desde el primer día de gobierno. Bermejo, además, ha introducido en el entorno a dos abogados que son sus socios políticos, Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, autores de iniciativas judiciales en defensa del presidente, como, por ejemplo, una denuncia penal a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ello les ha generado réplicas en la fiscalía y en el Congreso (Noblecilla es asesor en el despacho de Bermejo), por lo que mis fuentes me comentaron que es probable que ambos se sumen formalmente al gabinete de asesores de Castillo.

La defensa legal ocupa mucho tiempo y gente al presidente y ha excedido la capacidad de los abogados contratados Benji Espinoza y Eduardo Pachas (ambos socios), quien no necesariamente se ponen de acuerdo con los amigos de Bermejo ni con otro contratado, José Palomino Manchego. Julio Palomino Duarte, discreto secretario general del despacho desde agosto, es una presencia gris. No solo la inestabilidad del entorno (ya van media docena de secretarios generales), se acumula para deterioro del gobierno; sino la costumbre de Castillo de atender a muchos personajes sin experiencia ni predicamento que llegan a él por sugerencia de terceros o porque accedieron a su número telefónico. Esto último podría reducirse en el futuro pues, según mis fuentes, el presidente ha cambiado recientemente de celular. Ello no lo libra de la presencia constante de personajes como Marino Flores, el líder rondero que ha hecho de Lima su residencia para hacer presión en Palacio por los más diversos temas.

A estas presiones incómodas se suman fricciones dentro del entorno. Por ejemplo, hay una, que era previsible, entre los ministros Alejandro Salas y la temperamental Betssy Chávez. El enroque entre sus ministerios (ella fue de Trabajo y él fue de Cultura), los ha llevado a hacer cambios que el otro quisiera evitar y viceversa.

En esa atmósfera caldeada, el único aire fresco ha sido la renovación del equipo de comunicaciones del despacho, ahora a cargo de Eduardo Guerrero; y reuniones temáticas o regionales que le han permitido a Castillo hacer migas con los congresistas fujimoristas Jeny Morales, Cruz Zeta y Raúl Huamán Coronado. Sin embargo, disciplinados (hasta ahora), votaron con su bancada al negar el permiso de viaje a México y aprobar el de Chile. Con otras bancadas, menos cohesionadas, han tenido mejor suerte.

¿Y qué suerte tendrá el gobierno con los oidores de la OEA?. Volvamos a nuestra inquietud inicial. Para responder esta pregunta, hay que hacerse otra: ¿Por qué lanzaron las CdC precisamente en vísperas del arribo de la misión? Es obvio que la misión, al ver a gobierno y Congreso trenzados en esta lucha con armas letales, propiciará un diálogo con mayor razón. Si el gobierno buscaba ese esa suerte de armisticio no vinculante, no será difícil que lo consigan. Pero la misión también verá que, si la oposición no para en mientes para acabar con Castillo al punto de promover la forzada acusación por traición a la patria; el gobierno incurre en similar exceso al sacar de la manga sus cuestiones de confianza. La CdC, por cierto, es una figura que Stuardo Ralón, el comisionado para el Perú de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA), considera peligrosa y recomienda extirpar de nuestro ordenamiento jurídico.

Es probable que los oidores, tras su visita, sean menos conmiserativos con el gobierno que lo que estaban dispuestos a ser desde lejos; que le dispensen menos simpatía que la que en principio le dispensaban; que encuentren que los cargos contra Castillo tienen fundamentos sólidos ajenos a la ojeriza de la oposición. También confirmarán que nuestro orden jurídico contiene figuras peligrosas, mal delimitadas y temerariamente empleadas como la cuestión de confianza, la acusación constitucional y la vacancia por incapacidad moral; pero, por otro lado, nos deja desprotejidos e inermes frente a la corrupción ejercida desde el despacho presidencial.

Fuente: La República