¿Recuerdan la Ley 31399?
Hasta enero de este año, la ley peruana establecía que si el Congreso deniega la confianza al Gobierno en dos oportunidades, este queda facultado para disolverlo. Eso fue lo que sucedió en octubre de 2019, cuando el Congreso –donde la oposición tenía mayoría– fue disuelto tras una “denegación fáctica”.
Este Congreso quiere evitar a toda costa que se repita la historia de 2019, y por eso aprobó en enero la Ley 31399. Antes, en octubre de 2021, modificó el artículo 86 de su reglamento interno. La 31399 impide realizar cualquier consulta ciudadana sin el permiso del Parlamento y la modificación del artículo 86 indica que el Congreso puede declarar improcedente una solicitud de confianza sin que ello pueda ser interpretado como una denegación.
Con eso, parecía que el actual Congreso quedaba blindado contra los dos mecanismos que podían disolverlo constitucionalmente: la consulta ciudadana y la cuestión de confianza.
Pero la airada reacción de la oposición al pedido de Torres, acusándolo de pretender cerrar el Congreso, indica que los congresistas no confían en la eficacia de las normas que ellos mismos aprueban y que temen poner a prueba su blindaje.
Sillas musicales
Es casi seguro que el Congreso declarará que el pedido de confianza de Torres es improcedente. Pero el viernes anunció que lo discutirá cuando la misión de la OEA –de visita en Lima– se haya ido.
¿Por qué esperar?
Es probable que, con las visitas en casa, el Congreso no quiera dar la impresión de ser intransigente o propiciador de crisis. Además, buena parte de la oposición percibe a la OEA como progobiernista e interpreta su presencia en Lima como un apoyo a Castillo y a su gobierno.
Al final, la oposición –de derecha y de izquierda– es un amasijo de intereses, objetivos e ideología diversos, divergentes, enfrentados. Y, paradójicamente, un espejo del oficialismo.
El agente aglutinante allí es –todavía– el declarado objetivo de inhabilitar a Castillo y a su vicepresidenta, Dina Boluarte; convocar a elecciones presidenciales (¡no congresales!) y que gane un candidato afín a sus intereses, para llegar –por lo menos hasta el 28 de julio de 2026– sentados en la misma curul.
Pero el ánimo vacador pierde fuerza ante la diversidad de intereses y de objetivos de los congresistas. Y además, no pesa en las encuestas. Esto es clave para entender por qué la vacancia sigue perdiendo tracción.
Es cierto que las presiones para vacar a Castillo son enormes, pero provienen principalmente de grupos sin representantes asegurados en el Congreso (conglomerados de medios, empresarios y negociantes, grupos de conservadores, sobre todo de ultraderecha, etc.). Tienen las ganas, pero no los votos.
Es cierto que hay razones más que suficientes para sacar a Castillo, claro que sí… y al Congreso también. Pero el prospecto de una destrucción mutua en el proceso mengua los entusiasmos y drena los votos necesarios.
Para muchos congresistas, la vacancia significa un suicidio político y probablemente laboral. ¿Ese suicidio tiene un precio? No es imposible, pero todavía no sucede.
El gobierno de Castillo no tiene un gramo de logro que mostrar y está enlodado en fundadas denuncias de corrupción. Pero afirmar que no hay elementos de racismo y clasismo en el ánimo por vacarlo es faltar a la verdad. Y quien puede capitalizar toda esa barrosa oscuridad está de gira por el VRAEM y cercanías, con sus bases de reservistas, licenciados y etnocaceristas, esperando que la derecha le cumpla aquello de que nadie sabe para quién trabaja.
Colofón
Hasta la semana pasada, Torres insultaba al Congreso; este devolvía los insultos; Castillo se victimizaba; el Congreso amenazaba con vacarlo; Castillo se victimizaba de nuevo y a empezar otra vez.
Hoy, algo ha cambiado.
La discusión que seguirá a la declaración de improcedencia del pedido de confianza de Torres durará semanas y, seguramente, la ganará el Congreso. Pero ese tiempo favorecerá al Gobierno, mientras la osteoporosis de las bancadas avanza a medida que cada congresista se acomoda según crea que se mueve el poder.
En tanto continúe el pleito, el Gobierno acumulará respaldos, comprará más apoyo inflando presupuestos y Castillo subirá otro punto en las encuestas. Y la oposición seguirá resquebrajándose y se le hará más costosa y lejana la posibilidad de vacarlo a él para quedarse ella.
Más de la mitad de los peruanos cree, según una encuesta de Ipsos, que “el Congreso debería buscar entenderse con el Gobierno”. Eso, en la práctica, significa que este Gobierno permanecería hasta el 2026. Y lo más probable es que se quede –al menos– hasta el 29 de julio del 2025, fecha a partir de la cual el Congreso se vuelve indisoluble haga lo que haga.
Quizás es lo que todos están esperand
