La tercera moción de vacancia presidencial presentada por el congresista no agrupado Edward Málaga – que se sustenta en las diversas denuncias de corrupción que afronta el presidente – no es el único mecanismo con el que las bancadas de la oposición buscan remover del cargo a Castillo.
Este jueves el Pleno debatirá la admisión de la moción de Málaga. Y es inminente que recibirá luz verde del Hemiciclo. El pedido del excongresista morado tiene 67 firmas. El reglamento del Congreso precisa que basta con 52.
Lo que es incierto es a cuántos votos podrá llegar esta aventura vacadora en esta ocasión. El reglamento del Parlamento pide 87 votos. Málaga dijo el último miércoles que su moción “sobrepasa con holgura” esa cantidad de votos. De ser así, la única forma de que haya llegado a ese número es con el apoyo de un sector del oficialismo y la izquierda.
Las bancadas aliadas de izquierda tienen 44 votos. Aunque sus principales voceros se han mostrado en contra de destituir al mandatario, durante el debate del Pleno ningún desenlace debe descartarse.
Pero de fracasar este intento de vacancia, el Congreso aún tiene otras cartas bajo la manga: la inhabilitación o la suspensión del presidente.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tiene dos denuncias controversiales contra el Jefe de Estado: una por traición a la patria y otra por presunta organización criminal.
La primera, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó anular todo lo actuado desde el informe de calificación hasta el informe final, será reformulada, según confirmó la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, a La República. Esta comisión ya tenía listo y aprobado el informe final de este caso, que recomendó inhabilitar al presidente por cinco años de la función pública. Van a reorientar sus argumentos para volver a la carga.
La segunda, está pronta a ingresar a una etapa de audiencia. La Subcomisión logró que la Comisión Permanente apruebe el informe de calificación. Falta que delegar a un congresista ponente que elabore el expediente final y recomiende las sanciones contra el mandatario. Estas pueden ir desde acusarlo, y permitir así que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalice la investigación, hasta plantear un juicio político que apunte a inhabilitarlo de la función pública.
La inhabilitación requiere 66 votos a favor en el Pleno, sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente.
Sobre la suspensión. Este jueves, desde las 3:30 de la tarde, continúa el debate del proyecto de ley para suspender al presidente de la República. La iniciativa es de Renovación Popular y Somos Perú. El texto modifica el reglamento del Congreso para que cuando un parlamentario presente una moción de suspensión, con el 15% de firmas del total de congresistas, su discusión tenga prioridad en el Pleno.
Esta propuesta de ley comenzó a discutirse justo cuando los congresistas Roselli Amuruz, de Avanza País, y Esdrás Medina, de Somos Perú, comenzaron la recolección de firmas para presentar una moción de suspensión.
Se trata de una iniciativa de ley con nombre propio.
