En el vertiginoso devenir de la política peruana, la precipitación del hasta el 7 de diciembre, presidente Pedro Castillo, ha llevado a la sucesión presidencial de su vicepresidenta, Dina Boluarte, primera presidenta constitucional del Perú. Muchas lecciones podemos aprender de la sucesión de episodios que llevaron a este desenlace, una de ellas lo necesario de entender las complejidades del Estado, incluyendo la sujeción de las administraciones públicas a la Constitución y la Ley, como condición imprescindible para gobernar.
Pero no hemos tenido tiempo de reflexionar sobre esa y otras lecciones de los 18 meses del gobierno del profesor Pedro Castillo y ya la presión ciudadana ha evidenciado la urgencia de apresurar nuevas elecciones generales para dar un cauce pacífico a la crisis estructural que viene agravándose en Perú desde hace años y que acaba de cobrarse dos vidas jóvenes en Andahuaylas, la de Becan Quispe Garfías y la del adolescente D.A.Q. Además de al menos 28 heridos hasta la noche del domingo, una niña entre ellos.
Por ellos, es necesario ir al fondo de la crisis. No es casual que el verbo con que Castillo se apartó del orden constitucional fue el mismo que usó en 1992 el, a partir de entonces, dictador Fujimori, como recordándonos que nuestra democracia aún tiene aspectos no resueltos. Cabe recordar que ya el 2001, el presidente de transición Valentín Paniagua constituyó una Comisión de Estudio para la reforma constitucional, a fin de corregir los defectos de fábrica del diseño institucional dejado en la Constitución de 1993. Aquí sus conclusiones: https://onx.la/b1d89 . Pueden ser punto de partida para un nuevo proceso constituyente, que podría abrirse con un referéndum en el mismo paquete que apruebe las reformas necesarias para concretar la propuesta presidencial de adelanto de elecciones generales para abril de 2024.
Estas nuevas elecciones requieren de nuevas normas, electorales y de desempeño de los nuevos elegidos. Urge que entre el articulado sobre derechos políticos de la Constitución, se fije el principio de equidad en la contienda electoral. Con ello puede suprimirse la prohibición de publicidad radial y televisiva distinta de la pagada por la ONPE, que no contribuye a informar sobre las alternativas en pugna. Y abrirse un desarrollo legal que asegure igualdad de información a los electores respecto de las candidaturas, por todas las vías publicitarias.
Una vez elegidos, los congresistas deberían rendir cuentas anual y obligatoriamente a sus electores en al menos una audiencia pública en su distrito electoral, que tendría que acotarse a un número fijo de ciudadanos y ciudadanas. Y a la mitad del período (que podría reducirse a 4 años, como en Colombia, Chile, Brasil y Estados Unidos), debería renovarse la mitad de congresistas, posibilitando una sóla reelección inmediata. Con ello tendríamos a los representantes atentos a sus representados. Y se haría innecesaria la disolución del Congreso.
Asimismo, las leyes sólo podrán emitirse luego de que los proyectos sean expuestos en audiencias públicas virtuales o físicas, para asegurar la información y participación ciudadana.
En cuanto a la Presidencia de la República, ha de eliminarse la subjetiva causal de vacancia por incapacidad moral y en su lugar, permitirse la acusación constitucional ante la Corte Suprema por cualquier delito o ante el Tribunal Constitucional por infracciones a la Constitución que no sean delitos. Esto mismo debería proceder para los congresistas.
En cualquier caso, estas y otras propuestas requieren de un amplio diálogo social descentralizado, con las organizaciones sociales que demandan ser parte del proceso político nacional. Diálogo que implica una prohibición absoluta del uso de armas letales por parte de policías para reprimir protestas. Dichas armas deben reservarse para la protección de personas de violencia delincuencial. Bien haría la presidenta de la República en asegurar la sanción efectiva a todos los responsables de las muertes con las que inició su mandato, al tiempo que preside los primeros espacios de diálogo en las zonas donde con más intensidad se han manifestado las protestas contra el mismo.
