Una monja, un abogado ambientalista, algunos ejecutivos de fondos de pensiones y la administradora de activos más grande del mundo. Estos son algunos integrantes del peculiar grupo de rebeldes que esta semana se atribuyeron una serie de asombrosas victorias en contra de algunas de las empresas más grandes e influyentes de combustibles fósiles.

Desde Houston hasta La Haya, estas personas pelearon sus batallas en reuniones de accionistas y tribunales, y abrieron frentes sorprendentes en un esfuerzo acelerado para obligar a las empresas de carbón, gas y petróleo del mundo a asumir su papel protagónico en la crisis climática. Y aunque llegaron con puntos de vista notablemente distintos —de accionistas de empresas, defensores de los derechos de los niños, ambientalistas, miles de ciudadanos neerlandeses—, enviaron un mensaje común básico: el momento de comenzar a retirarse del negocio de los combustibles fósiles ya no es el futuro, sino ahora mismo.

“Estas empresas están enfrentando presiones para mejorar por parte de los reguladores, los inversionistas y, ahora, los tribunales”, señaló Will Nichols, director de investigación medioambiental en Maplecroft, una empresa de análisis de riesgos. “Es una buena parte de la sociedad y no se ve muy bien ir en contra de todo eso”.

El simbolismo fue insoslayable: los Países Bajos, construidos a las mil maravillas sobre una tierra recuperada del mar, enfrentan la amenaza inmediata de un calentamiento climático provocado por la combustión de los propios productos de Shell: el gas y el petróleo.

En otro ejemplo de la semana que pasó, durante la reunión anual de accionistas de Exxon Mobil, la empresa petrolera más grande de Estados Unidos, el mensaje se formuló de manera muy marcada en términos de ganancias: un nuevo fondo de cobertura muy pequeño provocó una rebelión de inversionistas para diversificarse y apartarse del gas y el petróleo… o correr el riesgo de afectar las ganancias y a los inversionistas.

Los accionistas de Chevron votaron por decirle a la empresa que no solo redujera sus propias emisiones, sino también, increíblemente, las emisiones producidas por los clientes que consumen su petróleo y gasolina. Y en Australia, un juez le advirtió al gobierno que la expansión propuesta de una mina de carbón, un proyecto cuestionado por ocho adolescentes y una monja de 86 años, tendría que garantizar que no dañaría la salud de los niños del país.

El momento fue importante. La semana pasada, los científicos también concluyeron que, en los próximos cinco años, la temperatura global promedio rebasará, al menos de manera temporal, un umbral peligroso, aumentará más de 1,5 grados Celsius y será más alta que en la era preindustrial. El principal objetivo del Acuerdo de París, el principal tratado internacional sobre el cambio climático para combatir el calentamiento global, es evitar llegar a ese umbral.

Desde luego que ninguna de estas medidas representa una amenaza inmediata para la industria de los combustibles fósiles. Durante siglo y medio, el motor de la economía global ha sido el carbón y el petróleo, y eso no cambiará en este momento.

No obstante, según algunos expertos, las disposiciones como la de los Países Bajos podrían ser un presagio de ataques legales parecidos contra otras empresas de combustibles fósiles y sus inversionistas. Kate Raworth, economista de la Universidad de Oxford, calificó la derrota de Shell en el tribunal como “un punto de inflexión social para un futuro sin combustibles fósiles”.

Shell señaló que consideraba “lamentable” la resolución del tribunal de distrito de La Haya, y que pensaba apelar. Es posible que ese proceso tarde años en llegar a la corte suprema del país, lo que retrasaría las medidas, pero también atraería la atención constante del público.

Sin embargo, según los analistas, si se mantiene el fallo del tribunal de primera instancia, es casi seguro que Shell tenga que reorientar su empresa para recortar el petróleo en su portafolio y frenar su desarrollo de gas natural licuado, del cual Shell es líder en la industria. Eso es preocupante para los inversionistas que tienen su dinero en las reservas de gas y petróleo de empresas como Shell, señaló Patrick Parenteau, profesor en la Escuela de Derecho de Vermont. “Es una decisión que le dice a una empresa que tiene que salirse del negocio del petróleo. Seguro que eso les provoca muchas inquietudes a las personas precavidas de la comunidad financiera”.

Lo que es peligroso para Shell, es que, en el pasado, el sistema judicial nacional de los Países Bajos ha demostrado llevar la delantera con respecto a los litigios relacionados con el cambio climático. En 2019, la Corte Suprema de los Países Bajos ordenó al gobierno recortar las emisiones de gas de efecto invernadero gracias a una demanda presentada por el grupo ambientalista Urgenda. Fue el primer caso del mundo en que se obligó al gobierno de un país a enfrentar el cambio climático para mantener su compromiso con los derechos humanos.

Ese caso también comenzó en un tribunal de distrito de La Haya antes de subir los peldaños judiciales. La demanda contra Shell marcó una escalada en esa estrategia.

Tras demandar al gobierno y ganar, los defensores del medio ambiente decidieron enfrentarse a una de las empresas más influyentes del país. El caso fue presentado en 2019 por Milieudefensie, la rama neerlandesa de Amigos de la Tierra, así como por Greenpeace y 17.000 residentes de los Países Bajos. Los denunciantes argumentaron que la empresa tiene el deber legal de proteger a los ciudadanos neerlandeses de los riesgos climáticos que se avecinan. El tribunal de distrito les dio la razón.

“Las consecuencias de este caso para la industria de los combustibles fósiles serán sistémicas e inmediatas”, dijo en Twitter Tessa Khan, la abogada que había demandado al gobierno en nombre de Urgenda. Predijo que estimularía otros casos y “aumentaría la percepción de riesgo entre los inversores”.

Shell ya había empezado a ver las consecuencias. La empresa indicó a principios de este año que la demanda mundial de petróleo probablemente había alcanzado un pico en 2019 y que disminuiría lentamente en los próximos años.

Y, al menos comparado con algunos de sus homólogos estadounidenses, Shell había establecido objetivos climáticos relativamente más ambiciosos. Ya había prometido reducir la intensidad de carbono de sus operaciones, lo que significa que podría seguir aumentando el petróleo y la producción, pero con menos emisiones por cada barril que produzca.

El 26 de mayo, el tribunal de distrito ordenó a la empresa recortar un 45 por ciento, según sus niveles de 2019, sus emisiones absolutas para 2030. El fallo aplica a las operaciones globales de Shell. Ahora bien, incluso si se confirma en la apelación, y entra en vigor, digamos en Nigeria, donde Shell es el mayor productor de petróleo, podría resultar “poco práctico”, señaló Biraj Borkhataria, analista de RBC Capital Markets, un banco de inversiones.

“Sin embargo, este es otro ejemplo de que la sociedad ahora les exige más a las empresas petroleras”, les dijo el 27 de mayo a sus clientes en una nota por separado.

La sentencia de Shell es especialmente notable porque las empresas privadas han sido objeto de litigios sobre el clima en Estados Unidos y otros países, pero los tribunales rara vez han fallado en su contra.

El caso neerlandés potencialmente abre un nuevo frente, al envalentonar a los defensores del medio ambiente para que persigan más casos por la vía judicial en más países, en particular en aquellos donde las leyes nacionales consagran el derecho a un medio ambiente limpio. Varios tribunales europeos y latinoamericanos, incluidos los de los Países Bajos, han interpretado sus leyes nacionales en este sentido.

Un agricultor de Perú demandó a un gigante energético alemán por los efectos del calentamiento global en un glaciar de su país. Una veintena de ciudades, condados y estados de EE. UU. han demandado a la industria de los combustibles fósiles desde 2017, y han pedido indemnizaciones por los costos locales del cambio climático.

Los gobiernos también están en aprietos.

Hace poco, el máximo tribunal de Alemania ordenó al gobierno que endureciera sus metas relacionadas con el cambio climático porque no estaba haciendo lo suficiente para garantizar que las generaciones futuras estuvieran protegidas.

En el caso de Australia, ocho adolescentes, a los que se unió Brigid Arthur, la monja, comparecieron ante el tribunal para evitar que el gobierno ampliara una enorme mina de carbón llamada Whitehaven. El jueves, el tribunal no llegó a emitir una orden judicial contra la mina, como los demandantes habían solicitado

No obstante, al ordenarle al gobierno tener “el debido cuidado para evitar daños personales a los niños”, reconoció el cambio climático como un “crimen intergeneracional”, señaló Michael Burger, director ejecutivo del Centro Sabin para la Legislación sobre el Cambio Climático de la Universidad de Columbia y abogado que representa a varias ciudades y estados de Estados Unidos que demandan a las empresas de combustibles fósiles.

“Las medidas que tomemos hoy con respecto al cambio climático pueden ofrecerles a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a otras generaciones futuras un mundo que sea habitable en su esencia, o condenarlos a uno que no lo sea”, señaló. “Los tribunales lo están reconociendo”.

El caso más seguido en Estados Unidos, presentado en nombre de jóvenes contra el gobierno de ese país, pretende establecer el derecho constitucional a un medio ambiente sano. Tras recientes reveses en los tribunales federales, un juez federal ordenó a las partes que inicien conversaciones para llegar a un acuerdo.

Las acciones contra Chevron y Exxon son notables porque revelan hasta qué punto los accionistas rápidamente se están dando cuenta del riesgo que corren sus inversiones si las empresas energéticas no empiezan a cambiar drásticamente sus modelos de negocio.

Una parte importante de los accionistas demostró que desconfiaba cada vez más de que las empresas pudieran obtener los resultados financieros que esperaban sin diversificarse fuera del petróleo y el gas.

Exxon perdió la semana pasada una batalla contra un nuevo y pequeño fondo de cobertura, Engine No. 1, que reunió a grandes inversores como Blackrock y el fondo de pensiones del estado de Nueva York para obligar a la empresa a cambiar de rumbo. El fondo de cobertura ganó al menos dos puestos en el consejo de administración de Exxon, compuesto por 12 miembros.

Tensie Whelan, director del Centro Stern para la Empresa Sostenible de la Universidad de Nueva York, lo calificó de “momento crucial para la responsabilidad de los consejos de administración”. Los accionistas activistas han enfrentado tradicionalmente a los ejecutivos de las empresas por cuestiones financieras, no por cuestiones sociales como el cambio climático, dijo. “Los accionistas están profundamente preocupados por los riesgos financieros que plantea el cambio climático y cada vez están más dispuestos a exigir responsabilidades al consejo de administración”, dijo Whelan.