La falta de institucionalidad propicia problemas serios en los sistemas políticos de la mayoría de los países de América Latina. La crisis que agobia en este momento a Perú es un problema institucional y, como tal, es una situación que ya se contemplaba a futuro.
Mientras la falta de institucionalidad persista, los líderes mesiánicos estarán al orden del día y las crisis de gobierno también.
Los problemas institucionales de Perú son históricos. Sin embargo, el último proceso de inestabilidad política está relacionado con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien ingresó al palacio de gobierno en julio 2016 y terminó cediendo su posición presidencial en marzo 2018 debido al repudio incesante de la sociedad civil.
Luego Martín Viscarra tomó la batuta del gobierno. Al igual que Kuczynski, terminó cediendo y abandonando su gobierno después de dos años. Manuel Merino estuvo en la casa de gobierno por unos días, Francisco Sagasti unos cuantos meses y finalmente Pedro Catillo, quien fue elegido a través del voto popular electoral, duró un año y medio aproximadamente.
En su momento, todos ellos se sintieron dioses del escenario político peruano; todos ellos quisieron resolver los problemas sociales y económicos a partir de sus propias prebendas; todos ellos entraron para salir espetados por una oposición inflexible.
Los presidentes peruanos, una vez asentados en el gobierno, piensan que pueden resolver los problemas económicos, políticos y sociales a través de políticas populistas y con el “garrote”. Es decir, todos se consideran mesías políticos; ninguno considera que la institucionalidad política es el arma secreta que sirve para resolver crisis de diversas índoles.
En este sentido, las instituciones políticas y económicas ofrecen certeza y permiten llevar a cabo proyectos de gobierno de una manera organizada, reduciendo la incertidumbre del pueblo y haciendo énfasis en el interés del pueblo.
El éxito de todo proyecto político depende del buen funcionamiento de las instituciones del Estado. Lamentablemente la pandemia del COVID-19 había terminado por cercenar las débiles instituciones peruanas, las cuales en gobiernos anteriores (Alan García y Ollanta Humala), ya habían mostrado síntomas de debilidad y abandono.
A Pedro Castillo se le había encomendado trabajar dentro de una coyuntura política altamente volátil, con una oposición altamente intransigente en el Congreso. Castillo no supo entender ese panorama político; entró en conflicto con la oposición y estos simplemente hicieron uso de su poder y terminaron con destituirlo.
La forma cómo procedió el Congreso peruano, destituyendo y mandando a prisión a un mandatario elegido por el voto popular, es también un problema institucional. La nueva mandataria Dina Boluarte tiene, como primera medida, cimentar los primeros ladrillos de la institucionalidad peruana.
Humberto Caspa, Ph.D. es un investigador de Economics On The Move. E-mail: hcletters@yahoo.com.
Fuente: El Nuevo Herald
