En la mañana de hoy, casi simultáneamente al inicio de la conferencia de prensa de la presidenta Boluarte, la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), de la Policía Nacional, allanó la sede de la Confederación de Comunidades Campesinas y del movimiento político Nuevo Perú e intervino a más de 20 personas, provenientes de Cajamarca, Ayacucho, Cusco y Apurímac.
El Poder Ejecutivo decreto la inmobilización social obligatoria por cinco días en la provincia de Huamanga, en la región Ayacucho. Esto ocurre en el marco del estado de emergencia dictado por el gobierno por los próximos 30 días debido a la protestas masivas realizadas que demandan el adelanto de elecciones a nivel nacional.
Dicha medida regirá desde las 6:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. Como se ha indicado, Ayacucho ha sido el lugar más golpeado por la violencia ejercida por la Policía y las Fuerzas Armadas, después de Apurímac. En los últimos días, nueve personas fallecieron en incidentes vinculados a las protestas que vienen convulsionando al Perú.
Las protestas por el adelanto de elecciones empezaron el pasado 7 de diciembre. Captura: El Peruano.
Las 26 personas que fueron intervenidas por la Dircote, durante el allanamiento de la Confederación de Comunidades Campesinas en el centro de Lima, fueron finalmente liberadas.
Ayacucho: cuatro de los nueve fallecidos fueron enterrados hoy en el Cementerio de Huamanga
Cientos de personas, entre familiares, amigos y vecinos acompañaron hoy el entierro de cuatro de las nueve víctimas de las protestas acaecidas en Ayacucho. Las víctimas sepultadas son: Jhon Henry Mendoza Huarancca, Josué Sañudo Quispe (31), Luis Miguel Urbano Sacsara (22) y José Luis Aguilar Yucra (20). El sepelio se realizó en el Cementerio General de Huamanga.
El relator de la Comisión Interamericana para Perú (CIDH), Stuardo Ralón Orellana condenó las muertes ocurridas en el contexto de las protestas en Perú. “Los hechos deben ser investigados y se debe sancionar a los responsables. Mi solidaridad con las familias de las víctimas”, dijo el funcionario que deberá arribar en visita al Perú en enero del próximo año.
Ministerio de Salud confirma que 24 personas fallecieron en el contexto de las protestas
El Ministerio de Salud (Minsa) informó hoy que 24 personas fallecieron en el contexto de las protestas por el adelanto de elecciones generales. La distribución de decesos, según la región a la que pertenecen, es la siguiente: Ayacucho (9), Apurímac (6), Junín (3), La Libertad (3), Cusco (2) y Arequipa (1).
En el caso de Ayacucho, la Dirección Regional de Salud de Ayacucho (Diresa) indicó que la novena víctima falleció hoy, luego de estar en la lista de heridos con pronostico reservado.
En sede de la confederación campesina se hospedaban manifestantes de Ayacucho, Apurímac, Cajamarca y Puno
La Dirección contra el Terrorismo (Dircote) participó en el allanamiento del inmueble de la Confederación de Comunidades Campesinas del Perú, ubicado en la Plaza Bolognesi en el Centro de Lima. En dicha sede también se encuentra el movimiento político Nuevo Perú, que sufrió igual medida.
En un vídeo propalado en las redes sociales se observa al general PNP, Óscar Arriola, jefe de la Dircote, interrogando a algunas de las personas intervenidas. Al inmueble también se apersonó el titular de la 1era Fiscalía de Derechos Humanos de Lima, Jesús Hermosa Abad.
Según la Policía, el allanamiento se justificó por el hecho de que en el lugar existían objetos contundentes, como machetes, chalecos y hondas, a usarse en las protestas en Lima. Uno de los intervenidos indicó que dichos objetos fueron dejados en el sitio por las fuerzas del orden.
La Dircote es una unidad especializada en la lucha contra la subversión (Sendero Luminoso y el MRTA o sus rezagos), mientras que la Confederación de Comunidades Campesinas del Perú, es una reconocida institución creada hace más de 70 años dedicada a promover la lucha de las poblaciones originarias de los Andes.
La acción de la Policía, que acudió con un contingente de 30 efectivos, ocurrió en simultáneo a una conferencia de prensa brindada por la presidenta Dina Boluarte, en el contexto del segundo día del estado de emergencia decretado el pasado 15 de diciembre a nivel nacional por 30 días.
OjoPúblico conoció que 26 personas fueron intervenidas en la sede de la Confederación de Comunidades Campesinas. Del total, 12 procedían de la región Apurímac y otras diez del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
En la víspera, un grupo de manifestantes del pueblo asháninka se encontraba hospedado en la sede de la Confederación de Comunidades Campesinas, pero partieron a sus localidades de origen en la selva central debido a los fallecidos que dejaron las protestas en Junín.
Dina Boluarte dice que no renunciará y exige al Congreso que adelante las elecciones
Dina Boluarte, sus ministros y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Foto: Presidencia del Perú
La presidenta Dina Boluarte dijo, en conferencia de prensa, que ella no renunciará al cargo que ejerce desde el 7 de diciembre y al mismo tiempo exigió al Congreso que fije el adelanto de elecciones. “Yo no busqué estar aquí”, indicó la primera mujer en asumir la función presidencial y que, en diferentes momentos, utilizó el quechua para transmitir sus ideas.
“Ustedes [la población] dijeron ‘adelanto de elecciones’, apenas asumí el cargo. Pues de iniciativa propia nosotros –porque nadie quiere quedarse en el poder– presentamos el proyecto de adelanto de elecciones y ahora está en el Congreso”, dijo Boluarte, quien el 15 de diciembre decretó el estado de emergencia a nivel nacional.
“[Ahora] es el Congreso quien tiene que definir con su votación el adelanto de elecciones. Nosotros ya presentamos nuestra petición. Y habrán visto ayer la votación en el Congreso. Al parecer quieren trabar esa posibilidad. El Congreso tiene que actuar de cara al país. El 83% de la población quiere el adelanto de las elecciones, entonces señores congresistas no busquen pretextos. No se abstengan en el voto”, dijo Boluarte.
Boluarte además manifestó que hay un grupo de congresistas que no se quieren ir. “Sean sinceros con el pueblo. No sean ciegos y actúen conforme a la población”, indicó. La mandataria afirmó que ella no dejará el cargo: “Yo estoy cumpliendo el orden constitucional. Aquí estaremos firmes hasta que el Congreso resuelve el adelanto de elecciones. Hay que pararnos firmes para defender la democracia”.
La presidenta además culpó del caos desatado en el Perú a “grupos de violentistas”. “Esas no son marchas pacíficas, no son reivindicaciones sociales”, indicó antes de justificar el decreto de estado de emergencia y las facultades otorgadas a las Fuerzas Armadas.
En la conferencia de prensa también estuvieron presentes: el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas, general EP, Manuel Gomez La Torre; así como el general PNP, Raúl Alfaro Alvarado, quienes realizaron una larga exposición sobre la situación que vive el Perú.
La CIDH pide al Estado del Perú que investigue y sancione a responsables de las muertes en las protestas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, emitió un comunicado reiterando su llamado al Estado del Perú a profundizar sus esfuerzos en la “construcción de canales de diálogo” como vía prioritaria para la atención de la conflictividad social que ya ha dejado 20 muertos a nivel nacional.
De igual forma, instó al Estado a identificar y sancionar a los responsables de los fallecidos en las manifestaciones iniciadas el 7 de diciembre último.
“La CIDH expresa su más alta preocupación por la escalada exponencial de violencia en las protestas del Perú; y hace un enérgico llamado a todas las personas involucradas a invertir los esfuerzos en una solución de la crisis por medio de los canales democráticos y con el más alto apego a los derechos humanos”, dijo el ente supranacional.
La CIDH insta al Estado a sancionar a los responsables de las muertes. Captura: Comunicado CIDH.
La CIDH además pidió al Estado que las muertes en las protestas sean investigadas y los culpables sancionados. También indicó que “cualquiera sea la modalidad de la protesta, los instrumentos interamericanos establecen que el derecho de reunión debe ejercerse de manera pacífica y sin armas. Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de protestas y de individualizar a los manifestantes que recurren a la violencia”
El pasado 7 de diciembre el entonces Pedro Castillo dio un fallido golpe de Estado. Luego el Congreso lo vacó en el cargo y el Poder Judicial inició el enjuiciamiento del expresidente dictando 18 meses de detención preventiva. Casi en simultáneo, y frente a las protestas generalizadas que piden adelanto de elecciones, el gobierno de Dina Boluarte decretó el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días (con toque de queda en ocho regiones).
Consejo del Estado respaldó decisiones de Dina Boluarte que han dejado muertos y heridos a nivel nacional
El Consejo del Estado, integrado principalmente por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, brindó su respaldo político a la presidenta Dina Boluarte, y a su decisión de adelantar las elecciones y de emitir el decreto de estado de emergencia que ha puesto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas bajo control de la seguridad en el país durante 30 días.
En la sesión del Consejo del Estado –que se realizó anoche mientras entraba en vigencia el toque de queda en las ocho regiones más convulsionadas del Perú– también participaron los representantes de instituciones autónomas como el Tribunal Constitucional (TC), la Junta Nacional de Justicia (JNJ) , la Contraloría de la República y la Defensoría del Pueblo.
A la salida de la reunión, quienes salieron a brindar su respaldo a Dina Boluarte fueron: el general EP (r) José William Zapata, Elvia Barrios, José Ávila y Francisco Morales Saravia, presidentes del Congreso, el Poder Judicial, la JNJ y el TC, respectivamente. También estuvieron el titular de la Contraloría, Nelson Shack, y de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar.
“Se está restableciendo el orden, la paz y tranquilidad, pero hay zonas en donde se necesitan reforzar las estrategias de control de la situación. [Además] se ha respaldado a las fuerzas policiales y armadas, creo que el país debe darle aliento [a las fuerzas del orden] para restablecer el orden en el país. Queremos exhortar a los involucrados en violencia a que cesen esas conductas”, dijo José Ávila de la JNJ.
En el mismo sentido, Williams Zapata, titular del Parlamento, dijo: “Hay manos negras, hay algo metido ya asentado en las raíces de la sociedad. Aparecen en un lugar y atacan en otro lugar. Hay algo detrás que está tratando de llevarnos a un caos”.
Igualmente, Elvia Barrios, presidenta de la Corte Suprema, indicó que respaldan a la presidenta Boluarte en el impulso al adelanto de elecciones y que la decisión final sea tomada por el Congreso. De igual forma se mostró en contra de “actos de violencia”. Finalmente indicó que se debe esclarecer la muerte de las protestas de estos días y también las heridas sufridas por los efectivos policiales.
