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Opinión

Laura Arroyo Gárate. Estado sin derecho

Esta mañana detuvieron a la Presidenta de la federación de estudiantes de la UNSAAC en Cusco por protestar junto con otros ciudadanos contra la llegada de Dina Boluarte. A su vez, la Fiscalía, ha iniciado un proceso contra dirigentes de la Macroregión Sur por querer reunirse en Asamblea a debatir temas políticos. Hace unas horas la congresista Ruth Luque ha denunciado un reglaje en desarrollo contra ella. Guillermo Bermejo hizo lo propio hace unos días. Abel Gilvonio, un compañero activista de izquierdas, fue señalado directamente por la Presidenta Boluarte en un medio de comunicación como azuzador por señalar que las protestas eran legítimas y que somos muchos los que las reconocemos así y las aplaudimos como ejemplo de resistencia y nos sumamos a ellas.
Por otra parte, esta semana supimos también que los compañeros de la Confederación Campesina del Perú que fueron hostigados y señalados por las fuerzas del orden tenían ya abierta una investigación preliminar por “presunto delito de terrorismo” en un caso plagado de irregularidades que desde la Coordinadora Nacional Contra el Terruqueo (jóvenes activistas y profesionales del derecho) ya están denunciando. Ayer, el flamante Premier Otárola, el que lideró la represión que causó 28 asesinados, defendió ante una prensa muda su política (mal)considerada “pacificadora” cuando lo que hace es eliminar para siempre las voces disidentes en un país donde el gobierno no cuenta con legitimidad ni capacidad de gobernar más allá de las paredes de Palacio de Gobierno.
Hoy, Dina Boluarte contó con el aval de la gran prensa -incluida una lamentable portada de un diario otrora progresista y derechohumanista como La Republica- que publicitó su inicio de ”gira del diálogo” con primera parada en Cusco. Lo que no te cuenta esa prensa es que los espacios politizados y movilizados de Cusco no fueron invitados (ni líderes ni representantes diversos), que la recibieron protestas contra su gobierno por el particular ensañamiento que ha tenido su represión en el sur del país y que la Presidenta del régimen dictatorial no pudo ni asomarse a las calles. Hoy, una compañera líderesa en Plaza Manco Cápac anunció que se le había comunicado que si hasta el 2 de enero quienes pernoctan hace más de una semana en esa plaza no se han ido del lugar recibirán una respuesta.
Hablamos de hermanos y hermanas que se han desplazado de sus territorios para resistir en Lima al abuso de la dictadura cívico-militar. Hace más de una semana la Plaza San Martín está completamente militarizada y cercada para que nadie pueda congregarse en ella, con lo cual se vulnera de facto el derecho a organizarse y a la autoconvocatoria de la sociedad civil.
Todos estos hechos han ocurrido en menos de un mes y aún así hay quienes nos exigen no llamar dictadura al actual régimen. Hay quienes nos dicen que toca poner el acento en los hechos aislados de violencia en las protestas como si fueran una norma en lugar de en los 28 asesinados o los centenares de heridos que fueron literalmente disparados a matar como demuestran las pruebas audiovisuales que solo publica la prensa extranjera. Hay quienes nos hablan de la importancia de “guardar las formas” cuando nos terruquean desde espacios y vitrinas del poder como si el foco debiera estar en las víctimas y no en los agresores que tienen forma de periodistas que hasta hace unas semanas se hacían pasar por los y las mayores adalides de la prensa libre.
Pese a todo esto, hay quien nos dice que este gobierno es legítimo, sostenible y un “mal menor” frente a ese Congreso golpista que YA gobierna con Dina Boluarte como su fachada desde el minuto uno como fue obvio en ese primer “nos quedamos todos” de la Presidenta con manos manchadas de sangre. Pese a todo esto hay quien aún sostiene que vivimos en cierto “estado de derecho” obviando que solo en esa afirmación confirma el tremendo racismo de un país que se permite decir algo así como “estado de derecho” cuando hay 28 muertos que en la capital suenan a números distantes y no a vidas valiosas porque, vergonzosamente, se les considera menos valiosas que otras vidas. Y eso tiene un nombre. El racismo es como el pus que emerge en cuanto se toca cualquier superficie de este país doloroso.
En medio de este escenario hay una evidencia muy concreta: la reacción avanza posiciones. Así como la victoria de Pedro Castillo en 2021 supuso más que un programa ganador, una apuesta de izquierdas posible o un bofetón al statu quo y consolidó en realidad una posibilidad concreta de una democracia distinta, hoy vemos que la reacción contra esa posibilidad y esperanza no sólo se ha fortalecido con Boluarte al mando, sino que recrudece. Pese a lo que algunos colegas señalan en columnas de opinión que considero valiosas por la buena intención que las origina seguramente, no estamos frente a una operación para cancelar y sacar de la arena política a sujetos concretos.
He leído a algunos señalar que esto va “contra las izquierdas” entendiendo por izquierdas a personajes concretos de ese espectro que estaría representado por la clase política que ya existe. Me temo que esa es una mirada miope del escenario. La clase política en general (incluidos los y las compañeras que han hecho labor positiva en la política en los últimos años) está antes agónica que otra cosa. La crisis sistémica se ha llevado todo a su paso como era previsible con una crisis tan aguda como la que cosechamos hace décadas.
Lo que estamos viviendo no tiene nombre propio. No es una operación contra Ruth Luque, Guillermo Bermejo, Mirtha Vásquez, Nuevo Perú, la CCP o incluso Martin Vizcarra si quieren. Es antes bien un aviso a navegantes en general. Lo que estamos viendo es la más desvergonzada y evidente RECOMPOSICIÓN DEL RÉGIMEN que se implantó con la dictadura fujimorista, oleada y sacramentada con la Constitución del 93, y con el aval de los grupos de poder encantados con el modelo de país que esa dictadura impuso. Lo que estamos viendo es el señalamiento, terruqueo y legitimación de sacar del espacio político público a cualquiera que no baja la cabeza, acepta este modelo y sea un poco incómodo. Y, hay que decirlo, claro que hay un componente racista y clasista transversal a toda esa operación. Lo que vivimos es una advertencia en vivo y en directo contra todos y todas las demócratas. Cualquiera de nosotros está en la diana.
Y por eso no es posible ya hablar de un ”estado de derecho”, sino de un estado SIN derechos que se consolida a cada hora que pasa mientras desde el poder económico se aplaude, el poder empresarial se avala, el poder judicial se apoya iniciando procesos contra quien osa denunciar las acciones dictatoriales del gobierno y desde el poder mediático se arropa con portadas blanqueadoras y concesivas, titulares tendenciosos, reportajes parcializados, entrevistas terruqueadoras y un largo y vergonzoso etcétera.
Hoy, más que ayer, toca tener en claro que lo que tenemos en frente no es un desorden de intereses articulándose entre sí, sino un bloque organizado y disciplinado que tiene la orden clara: para recomponerse toca eliminar a“otro”. El terruqueo es eso.
El discurso que fractura el derecho a protesta llamando “radical” a quien se moviliza como ha hecho hoy Boluarte en Cusco, también. Empapelar con procesos judiciales a quienes sostienen la resistencia es una intimidación que busca quebrar al Perú movilizado y, en última instancia, sacar de carrera electoral a cualquiera que no haya dicho “amén” a la dictadura vigente. Es crudo pero real preguntarse ¿hay siquiera garantías para que una próxima elección pronta o lejana sea realmente limpia? Con las formas que vemos estos días me queda claro que así como el régimen busca sacar de carrera a determinados líderes sociales podrá hacerlo con partidos políticos incómodos.
No, amigos. No, amigas. No vivimos en un estado de derecho desde hace unas semanas. Vivimos en un estado SIN derechos por más maquillaje que le pongan en la prensa. Y la democracia hoy, agotada y débil pero resistente, está en cada peruano y peruana que le hace frente a todos los sucesos que he narrado al inicio de este texto lleno de pesimismo y dolor. Resistir es defender la democracia. Protestar es defender la democracia. Marchar es defender la democracia. Rebelarse contra estos poderes cómplices es defender la democracia. No hay, me temo, ningún valor en el silencio que hoy es sinónimo de indiferencia, complicidad, racismo y muerte.
Recuperar los derechos es lo primero.
Sacar a quienes nos los han arrebatado es urgente.

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