El próximo año estará marcado por las promesas y narrativa de nuevos gobiernos de izquierda con un discurso más verde
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El próximo año promete ser uno interesante en temas ambientales para América Latina. En medio de crisis globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, en la región se empezaron a posicionar gobiernos de izquierda y con una narrativa verde, por lo que, en 2023, tendrán que demostrar si son capaces de cumplir sus promesas y cobijar a varios países bajo esa misma bandera. Combatir la deforestación, una herida que comparte la región, seguirá siendo el desafío que marcará la agenda.
México y el reto de no ser mortal para los ambientalistas
México llega a 2023 con grandes retos en temas medioambientales. El país se convirtió en el más mortífero en 2021 para los ambientalistas y los defensores de la tierra y no parece que la tendencia vaya a revertirse. En los últimos diez años, México ha superado a Brasil y Colombia en esta lista negra, de acuerdo a Global Witness. Sumado a esto, los grandes recortes presupuestarios, por un lado, y la apuesta por grandes proyectos de infraestructura desde el Gobierno, por otro, chocan con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Está previsto que en diciembre de 2023 se inaugure el Tren Maya que atravesará la península de Yucatán, pese a las protestas de los ecologistas, arqueólogos y grupos originarios que se oponen al proyecto y que alertan de un daño irreversible a los ecosistemas de la zona. Solo para la construcción del Tramo 5 de la obra se han talado 500 hectáreas de selva. La obra, una de las más emblemáticas del Gobierno de López Obrador, pretende reactivar la economía del sureste mexicano, una de las regiones más empobrecidas del país.
Este 2022 también fue un año de fuertes sequías en México, durante el verano el 70% del país sufrió problemas de agua. Una crisis severa que solo evidenció aún más los problemas de gestión hídrica que arrastra el país desde hace décadas. Estas sequías han provocado una crisis en el campo que golpea de lleno la producción agropecuaria. Otro de los retos fundamentales en México este año ha sido la mala calidad del aire, una epidemia silenciosa que mata cada año entre 8.000 y 14.000 personas solo en la Ciudad de México, la capital y la urbe con más concentración de población.
Chile quiere ser líder ambiental
Uno de los hitos en materia medioambiental en Chile ocurrirá el 3 de abril próximo cuando se celebre en la ciudad de Viña del Mar la primera reunión de ministros de Agricultura y Medio Ambiente de la región para debatir sobre la reducción de emisiones de dióxido de carbono y metano en los sectores agroalimentarios y de residuos. Lo harán convocados por el ministro de Agricultura del Gobierno de Gabriel Boric, Esteban Valenzuela. “Si no se bajan las emisiones de metano en esta década vamos a desaprovechar la oportunidad de evitar el calentamiento en el corto plazo. Este desafío no se logrará sin bajar o frenar las emisiones de la agricultura. Y en los últimos años han emergido soluciones tecnológicas que permitirán que países como Chile, Brasil o la Unión Europea puedan ser los primeros de producción de carne y leche de menos emisiones”, explica Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso.
El Gobierno de Boric cumple un año en marzo próximo y uno de los desafíos, de acuerdo a Mena, está en levantar proyectos de ley en torno a las principales urgencias de Chile en materia medioambiental: una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental para facilitar las inversiones que contribuyan a la descarbonización, una ley de residuos orgánicos, un nuevo plan de descontaminación para Santiago de Chile y la actualización de normas de calidad de aire.
Brasil, el giro con Lula
La supervivencia de la Amazonia dependía, en gran medida, del resultado de las elecciones en Brasil, y ahora uno de los principales desafíos de Lula da Silva es frenar en seco una deforestación desbocada: Bolsonaro dejó como legado 45.486 kilómetros cuadrados de vegetación arrasados, según datos oficiales, y un clima de absoluta impunidad en la selva.
Lula prometió “deforestación cero”, y para lograrlo lo más urgente será reconstruir la policía ambiental y todas las políticas públicas de preservación, prácticamente desmanteladas en los últimos años. Habrá muy pocos recursos, pero Lula podrá apoyarse, eso sí, en el Fondo Amazonía, donde países extranjeros (sobre todo Alemania y Noruega) depositan donaciones para preservar la selva, una herramienta que había sido ninguneada en el último mandato.
También contará con la reconocida experiencia de Marina Silva, la ministra de Medio Ambiente. Durante el primer gobierno Lula, a partir de 2003, implementó unas políticas que consiguieron reducir la deforestación en más del 80%. Brasil también estrenará una Autoridad Nacional del Clima, un cargo técnico de carácter transversal que velará para que todos los ministerios remen en la misma dirección contra el cambio climático, y un ministerio de los Pueblos Indígenas, que podría ocupar una de las principales activistas del país, Sônia Guajajara. La expulsión de invasores y el reconocimiento legal de las tierras indígenas por parte del Estado, paralizado en los últimos años, será el principal campo de batalla.
El futuro de la Amazonía y su papel en el clima global será clave en la nueva ‘diplomacia verde’ de Brasil: Lula quiere reunir a todos los países amazónicos en una cumbre ya en el primer semestre del nuevo año, y que Brasil sea la sede de la COP-30, en 2025.
Colombia medirá las promesas ambientales
En 2022, Colombia eligió por primera vez un Gobierno de izquierda, el de Gustavo Petro, quien no solo tuvo un discurso ambiental durante su campaña, sino que tiene como vicepresidenta a Francia Márquez, ganadora del reconocimiento ambiental Goldman Environmental Prize en 2018. Esto implica que, en el país, durante el 2023, el desafío de cumplir las promesas ambientales son varias. Sin embargo, hay dos temas que serán clave. El primero, es la transición energética, ya que Petro y la ministra de Ambiente, Irene Vélez, han señalado en varias ocasiones que el país debe empezar a dejar su dependencia del carbón y los hidrocarburos. Pero el camino para hacerlo de manera justa, no solo teniendo en cuenta el panorama fiscal de Colombia – cuyos ingresos dependen en gran medida de este sector –, sino con las comunidades y trabajadores que viven de estos proyectos, no ha sido claro. Por ende, se espera que esa hoja de ruta tenga mayor claridad el próximo año.
El segundo reto, y que ha pasado relativamente inadvertido durante el 2022, es la deforestación, el mayor detonante de las emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia. El Ministerio de Ambiente, bajo el liderato de Susana Muhamad, decidió cambiar la estrategia militar que tenía el anterior Gobierno contra la deforestación, con la misión Artemisa, que había sido fuertemente criticada por violar los derechos humanos de las comunidades campesinas. Según el Gobierno, la nueva herramienta para combatir este problema – que ha arrasado con más de tres millones de hectáreas en los últimos 20 años – será aprovechar la vocación del suelo en los territorios, impulsar la educación ambiental y generar acuerdos con las comunidades para que conserven los bosques.
Venezuela, amenazado por la minería
Venezuela está arrinconada por la amplia devastación que ha seguido a la explotación del Arco Minero del Orinoco, un área al sur del país que abarca 12% del territorio nacional y que, por decisión del presidente Nicolás Maduro, está sometida a la extracción de minerales de todos los rubros con graves consecuencias para la región amazónica. Son cinco años ya desde que se autorizó el uso intensivo de ese territorio, que ha permitido en los últimos años al Gobierno venezolano sacar ingresos —con un manejo totalmente opaco—, cuando el colapso de la industria petrolera llegó a los mínimos la producción y las sanciones internacionales lo cercaron financieramente. Lo que pasa en el Arco Minero del Orinoco es voraz. Esta semana el actor de Hollywood y activista Leonardo DiCaprio colgó una foto de la magnitud del desastre en sus redes sociales volviendo a poner en la conversación la denuncia que centenares de ONG venezolanas llevan años haciendo. Una de ellas es S.O.S Orinoco que se ha dedicado a investigar a fondo lo que ocurre.
Informes de Naciones Unidas han recogido este año alertas sobre la actividad minera sin control en el sur del Orinoco, que ya rebasa el daño ambiental y se ha convertido en una grave crisis de derechos humanos, con reportes de explotación laboral y sexual, esclavitud y presencia de grupos criminales e incluso la guerrilla colombiana del ELN, involucrada en la explotación de oro, coltán, diamantes y bauxita en esta extensa región con anuencia de las autoridades venezolanas, según esos reportes.
Bolivia y su perturbación del bosque
Bolivia tiene tareas que arrastra y ha descuidado desde hace años. La primera, hacer frente a la deforestación y degradación de la Amazonia. El país, junto a Brasil, concentra el 90% de las perturbaciones en el bosque tropical, de acuerdo con un informe presentado el pasado septiembre. Las invasiones o avasallamientos, además de la ampliación de la frontera agrícola para la plantación de cultivos transgénicos —por parte de la empresa privada con el beneplácito del Ejecutivo—, son la causa central de la deforestación, que ha llevado a este país a perder más de seis millones de hectáreas de bosques, lo que equivale a una disminución del 9.5% de la cobertura arbórea desde el 2000, según un reporte de Global Forest Watch.
La segunda, y que ha ido complejizándose con el paso de los años, es la fiscalización de la minería aurífera dentro de áreas naturales protegidas y territorios indígenas. La fiebre por el oro ha introducido la contaminación del mercurio a los ríos y al ecosistema, así como riesgos a la salud de los pueblos originarios que habitan el Madidi, una de las áreas protegidas más grandes de Bolivia con una extensión de 1,8 millones de hectáreas, ubicado en el noroeste del país. Empresas chinas, colombianas, así como cooperativas mineras bolivianas, un sector que goza de privilegios con el actual Ejecutivo —así como con el Gobierno del expresidente Evo Morales—, explotan el oro con dragas y mercurio de forma legal e ilegal.
