Los manifestantes chocan con la policía en una nueva protesta antigubernamental en Medellín, Colombia, 2 de junio de 2021. (Foto: AFP)
Un informe cifra en 3798 el número de víctimas de violencia policial, registrada durante las protestas antigubernamentales que llevan más de un mes en Colombia.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la oenegé Temblores y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) realizaron un informe que presentaron el martes a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visita Colombia para observar in situ la situación de derechos humanos.
La nota señala que la represión policial con la que el Gobierno del presidente conservador Iván Duque decidió enfrentar los reclamos del pueblo colombiano dejó, entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021, un saldo de al menos 3798 víctimas.
“De este número, 1248 son víctimas de violencia física, 41 son homicidios, 1649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas, 65 casos de agresiones oculares, 25 víctimas de violencia sexual, 6 víctimas de violencia basada en género y 187 de disparos con armas de fuego”, precisa el texto.
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El documento también incluye registros de casos de amenazas con “desaparición forzada” por parte de policías a personas que son retenidas y “allanamientos y montajes” judiciales contra líderes sociales, estudiantiles y juveniles, así como “complicidad de agentes” de la Fuerza Pública con civiles que disparan armas de fuego.
Organizaciones sociales denuncian que la Policía utiliza una estación de autobuses en Bogotá, capital de Colombia, como centro de tortura de manifestantes.
Además de las agresiones físicas, destaca la nota, las consecuencias “psico-sociales” para las zonas que han vivido esta difícil situación de derechos humanos son muy “profundas” y necesitarán una serie de acciones de “reparación” y de reconstrucción del “tejido social”.
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Las organizaciones han puesto también de relieve los casos de amenazas hacia los familiares de las personas víctimas de violencia homicida para que “desistan de los procesos de justicia” o dejen de hacerlos mediáticos. “Este informe es una muestra de cómo el actuar violento del Estado, a través de su fuerza pública y de otros de sus funcionarios, recae en gran medida sobre poblaciones históricamente estigmatizados y marginados por el mismo Estado”, se lee en la nota.
El texto cierra con un llamado a que este tipo de actos tengan “sanciones ejemplares” y remarcado la necesidad de una “reforma policial” amplia y estructural que contribuya a desescalar la violencia estatal, que permita consolidar una Policía Nacional que no violente a la ciudadanía y que, conforme a su mandato constitucional, vele por los “derechos y libertades” de toda la ciudadanía colombiana.
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El 28 de abril, organizaciones sociales y sindicales declararon un paro nacional en Colombia para rechazar una reforma tributaria, si bien, esta enmienda fue anulada, las manifestaciones han continuado en todo el país.
El Gobierno de Duque para sofocar las movilizaciones ha recurrido al uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), protagonista de tristes episodios de violencia registrados, muchas veces, por las cámaras de reporteros y ciudadanos.
