Tras los ataques, agentes antidisturbios cargaron contra los manifestantes golpistas con gases lacrimógenos.
Las fuerzas de seguridad recuperaron este domingo el control de las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema de Brasil, tras ser invadidos y vandalizados por cientos de seguidores radicales del exmandatario Jair Bolsonaro, en Brasilia.
Agentes antidisturbios cargaron contra los manifestantes golpistas con gases lacrimógenos y establecieron un perímetro alrededor de la plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran los edificios que albergan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Según informaciones preliminares de la Policía, citada por medios locales, hasta el momento hay 150 detenidos.
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Miles de partidarios de extrema derecha, simpatizantes de Bolsonaro, provocaron el caos en la capital brasileña al entrar de forma violenta y destrozar parcialmente el Supremo, el Parlamento y el Palacio de Planalto, sede del Gobierno.
Los hechos, condenados de forma unánime por la comunidad internacional, ocurrieron exactamente una semana después de Luiz Inácio Lula da Silva asumir la Presidencia de Brasil.
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Fueron alrededor de cuatro horas y media durante las cuales los manifestantes bolsonaristas camparon con libertad por esas instalaciones, generando destrozos en el interior, mientras otras decenas rodeaban los edificios, algunos de ellos equipados con palos.
Ante los graves altercados, Lula, quien se encontraba de viaje en el interior de Sao Paulo para conocer los daños de las fuertes lluvias de los últimos días, decretó la intervención federal en el área de seguridad del Distrito Federal de Brasilia.
Lula afirma que vándalos “fascistas” serán encontrados y castigados
La medida, que estará vigente hasta el próximo 31 de enero, implica que las fuerzas de seguridad de Brasilia estarán bajo control directo del Gobierno federal.
El dirigente progresista también prometió en un pronunciamiento encontrar y castigar a los “vándalos fascistas” que “destrozaron todo lo que encontraron a su paso” en Brasilia e identificar a los posibles “financiadores” de esos actos antidemocráticos.
Poco antes del anuncio de Lula, el secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro, fue destituido de su cargo.
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El Gobierno de Lula, a través de la Abogacía General del Estado, solicitó además al Supremo la prisión de Torres.
El episodio vivido hoy en Brasilia recordó a la invasión del Capitolio de Estados Unidos ocurrida el 6 de enero de 2021 por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, quien guarda una relación de amistad con Bolsonaro.
El exmandatario brasileño se encuentra actualmente en Estados Unidos, lugar hasta donde viajó dos días antes de la investidura de Lula sin billete de vuelta.
