Uno de los grandes desafíos de Luis Ignacio Lula da Silva, quien asumió la presidencia de Brasil el 1 de enero, será reducir el uso indiscriminado de los llamados “pesticidas agrícolas”, intensamente promovidos por el gobierno de su predecesor.
Tan solo en los últimos cuatro años se introdujeron al mercado brasileño 1.800 plaguicidas, la mayoría (59 por ciento) de procedencia china, según datos de un nuevo estudio publicado en la revista Third World Quarterly.
Un primer paso para que el nuevo gobierno enfrente esta situación sería derogar el decreto presidencial de 2021, que anticipa disposiciones contenidas en el proyecto de ley 6299, aún en trámite en el Congreso Nacional, conocido como “Proyecto de ley del veneno”.
Así lo señala a SciDev.Net la toxicóloga Karen Friedrich, investigadora del Centro de Estudios de la Salud del Trabajador y Ecología Humana de la Escuela Nacional de Salud Pública/Fiocruz.
Ella asegura que de aprobarse ese proyecto de ley se eliminarán partes de la legislación vigente que prohíbe el registro de sustancias que provoquen cáncer, mutaciones o trastornos hormonales, y reducirá el poder de los órganos de fiscalización, como la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.
Para el geógrafo Marcos Pedlowski, las alternativas al uso de pesticidas serían la reforma agraria e incentivar la agricultura familiar y los policultivos.
