El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, reveló que la lista de supuestos perseguidos políticos que levantó la oposición no cuenta con seriedad ni está apegada a la verdad.

El martes, el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, en conferencia de prensa señaló que en Bolivia existen 200 presos políticos y que el país ocupa el cuarto lugar con esa cantidad, luego de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Ante esta aseveración, Lima explicó que en ese documento se cuenta a personas que deben responder ante la justicia por graves vulneraciones a los derechos humanos, hechos de corrupción y otros casos que no deberían ser considerados como una persecución política.

“Si esos 200 ciudadanos que alega Carlos Mesa deben ser amnistiados, nos está planteando expresamente ir en contra del documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”, dijo la autoridad en una entrevista con Bolivisión.

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Agregó que existe un mandato internacional para investigar estos graves hechos y que por esa razón no se puede amnistiar.

De la lista que manejan sobre los presuntos perseguidos políticos, el ministro indicó que se los puede categorizar en tres grupos: el primero, por graves vulneraciones a los derechos humanos con 88 casos, en el que, por ejemplo, se encuentran siendo investigados policías y militares por las masacres de Sacaba y Senkata; además de la toma violenta y posterior quema del mercado de la coca de Villa El Carmen, entre otras.

En una segunda categoría se agrupan 55 casos que están siendo investigados por el delito de corrupción, entre ellos, la acusación de Luis Fernando Camacho en contra de Rubén Costas y Roly Aguilera por asuntos propios de la Gobernación de Santa Cruz.

En un tercer grupo se cuenta con 30 acusaciones varias, entre ellas la del diputado Héctor Arce contra la diputada Tatiana Añez por agresiones físicas.

“Lo que están pidiendo al pueblo boliviano es que salgan a defender a quienes mataron, masacraron en Sacaba y Senkata y robaron a la población”, lamentó.