Dina Boluarte, William Zapata y Alberto Otárola conforman el triunvirato del poder político del actual régimen, pero que ningún parecido tiene con los dos que en nuestra memoria académica recordamos de la historia de Roma; ya que el primero (Pompeyo, Julio César y Licinio Craso) abolió la constitución aristocrática del dictador Lucio Cornelio Sila; y, el segundo (Marco Antonio, Octavio y Lépido), se enfrentó al Senado de su tiempo. Si de parecidos se trata, hay que buscarlos muy cerca de aquí, y vemos que el actual es similar al que hace pocos años sostuvieron Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás De Bari Hermosa (el expresidente del Comando Conjunto de la FFAA). Solo que en los 90 Alberto Fujimori tenía perfil propio y por eso pudo prescindir en algún momento De Bari Hermosa, pero se mantuvo ligado hasta el final a Montesinos, porque él es quien le daba el dinero de la corrupción y con quien tramaba los crímenes de Estado, como fue probado en diversos procesos judiciales de años posteriores.
En el caso de Boluarte, ella está ligada a William Zapata porque le debe haberla puesto en el cargo y significa el poder del Congreso tras el solio presidencial. Detrás de Zapata está, a su vez, todo el pelotón de bancadas de la extrema derecha, como Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú; así como algunos “independientes” que pululan siempre tras el poder de la mesa directiva; pero, sobre todo, el poder ideológico, mediático y económico que representa y mueve Keiko Sofía Fujimori, y que para no hacerse notar se mantiene en elocuente silencio en estos días cruentos y aciagos para la Nación. Sin embargo, es obvio que la hija del japonés batutea a Zapata y al Congreso a través de Martha Moyano, la segunda de abordo de la referida mesa directiva.
De modo que, si Alberto Fujimori no podía ni quería prescindir de Montesinos porque era el soporte económico y societario de la estrategia delictiva del poder dictatorial que ejercían, Boluarte no puede, ni podrá desmarcarse de William Zapata porque él es su padre putativo y soporte político ante su afán de permanencia, luego de haber probado las mieles de los honores y alfombra roja del poder. Recuerden que quiso compartir la presidencia con él cuando ella viajase al extranjero. De ese soporte político es que el gabinete Otárola ha recibido el “voto de confianza”, pese a las casi cincuenta víctimas (incluyendo un médico y un policía) y en el lago de sangre caliente que aún baña la tierra en el interior del país.
Por otra parte, a diferencia de Alberto Fujimori que en algún momento pudo desprenderse de De Bari Hermosa, como hemos dicho, Boluarte no puede dejar de lado a Alberto Otárola, porque está comprometida con él en las masacres de diciembre y enero, y que ya ha cobrado cerca de medio centenar de muertos. Es claro que ella desde el solio presidencial tomó con él la decisión de hacer intervenir a las FFAA y el endurecimiento de la represión policial; con lo cual habrían aprobado la estrategia criminal de terruquear las protestas para legitimar los disparos a la cabeza y al cuerpo de las víctimas, como ya va determinándose técnicamente con los protocolos de necropsia respectivos (los cuales corroboran lo que se ha visto en algunos videos, donde aparecen policías y militares apuntando en esa dirección); así como de la compra por parte de la PNP de 31,615 cartuchos, por $ 661,530, entre el 20 y el 27 de diciembre, para enfrentar el pedido de elecciones inmediatas; que informa el diario La República en su edición del 12/01/23. La “funcionalidad” de la estrategia trazada, así como la conexión que ha logrado Otárola con el poder fáctico de la jerarquía militar y policial, explica que Boluarte haya premiado a aquél, ascendiéndolo de Ministro de Defensa a Premier y Presidente del Consejo de Ministros (¿recuerdan que Alberto Fujimori también ascendió a los miembros del grupo Colina, después de haber cometido sus principales crímenes?). Es la gratitud de la complicidad.
Lo del terruqueo lo ha dicho públicamente Otárola, al calificar de “violencia organizada” la protesta y le ha agregado, “narcotráfico”, “minería ilegal”, “intervención extranjera” y otros delitos, sin presentar prueba alguna. Lo importante es que la prensa tenga esa versión oficial para machacar día y noche el terruqueo, generar el odio y justificar socialmente la masacre. Lo ha reiterado Dina Boluarte en su último mensaje a la Nación de este viernes 13 de enero, llegando a resucitar hasta el fantasma de los pobres perros de SL, colgados en los años 80 con el nombre de Deng Xiaoping. Es el mismo y viejo libreto del fujimorismo. Recordemos que éstos calificaron de “terroristas” a las víctimas de Barrios Altos y la Cantuta; muriendo entre ellas un menor de ocho añitos, de manera similar a las numerosas víctimas adolescentes de estos días en Juliaca, Junín, Apurímac y Ayacucho.
Solo en el Perú la derecha bruta, achorada y criminal usa esa metodología de satanización y represión armada. Ya se ha visto que en Brasilia no hubo un solo disparo de las fuerzas del orden tras la reciente toma del Palacio de Gobierno de Planalto, el Congreso y el Poder Judicial (pese a los 44 policías heridos), tampoco en París durante las violentas protestas de diciembre contra el racismo; mucho menos en EEUU cuando las huestes de Trump tomaron el Capitolio. Solamente se le ocurrió tal adjetivo a dicho expresidente norteamericano, que calificó de “terroristas” a las protestas que convulsionaron más de cincuenta ciudades de ese país del norte, en junio de 2020, por la muerte de George Floy, a manos de un policía, obligando a Trump a refugiarse en su bunker de la Casa Blanca, ante lo que éste amenazó con reprimir a los manifestantes con 10,000 soldados del ejército, pero fue contenido por su propio exsecretario de Defensa, el General James Mattis, denunciando que esa estrategia y adjetivo era “PARECIDA A LA EMPLEADA POR LOS NAZIS Y DIVIDE A LA NACIÓN”. Tomen nota los Montoya y Cuetos que llaman a mayor terruqueo y la declaración del estado de sitio. La aplicación de la ley y el orden no significa terruqueo y ejecución extrajudicial. La vida es el valor supremo de la sociedad.
Pero, si Boluarte está indisolublemente ligada a Zapata y Otárola, éstos también lo están con ella y la necesitan, porque es la cara formal del régimen, el certificado de legalidad, y representa “la sucesión constitucional”, así como Alberto Fujimori representaba “el poder civil” en la dictadura de los 90. Sin Dina todo se cae ante el arrollador avance de la protesta social, y por eso se aferran a ella. Aunque ahora todo parece indicar que la han estado presionando para evitar que renuncie, así se explica su ausencia mediática de días anteriores y la aparición reiterada solo de Otárola, amenazando a la protesta y declarando que ella “no va a renunciar, porque sería abrir la puerta al caos y el desgobierno” (el mismo rollo de los 90 cuando se decía algo así como que, si caía Fujimori venía el diluvio).
Dina Boluarte y Otárola deben estar pensando cómo salvarse de la acusación penal por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves seguidas de muerte, delitos que son perseguibles hasta en los tribunales internacionales; si es que la actual Fiscal de la Nación usa las investigaciones iniciadas para el encubrimiento y el blindaje. Hay rumores de que Boluarte en los últimos días habría estado buscando asilo en Ecuador y Canadá; y al no conseguirlo ha optado por la infame coartada de insinuar el autoabaleamiento de las víctimas, con eso de que un “cargamento de municiones habría entrado clandestinamente por el Sur del país”. Misma Martha Chávez cuando decía que las víctimas de La Cantuta se habían autosecuestrado. Después Boluarte dice no entender por qué la gente reclama y se indigna.
Mientras tanto, el actual triunvirato del poder, y todos los intereses y poderes fácticos que se mueven tras ellos, va a continuar endureciendo las medidas represivas para sostenerse. Lo que empezó con el apaleamiento y desalojo de los espacios públicos (Plaza San Martín y Manco Cápac), así como el allanamiento a locales partidarios y gremiales, y detenciones intimidatorias masivas (como los 200 de la Comisaría de Cotabambas), ya escaló hasta el abaleamiento criminal de medio centenar de pobladores, y ahora, en simultáneo, entra a la fase de persecución selectiva y encarcelamientos, previa empapelada y terruqueo policial; como hemos visto con la reciente detención de los dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho, por parte de la DIRCOTE y la DIVIAC, bajo el atípico cargo de “promover y financiar movilizaciones”. Pronto seguirán los de Juliaca, Cuzco, Apurímac y otras regiones; tal vez también los dirigentes de colectivos sociales en Lima, así como analistas e intelectuales democráticos (aquí estamos de pie, con nuestra palabra firme e inquebrantable de siempre; por si acaso).
¿Recuerdan que, hace pocos meses, una fiscal del entorno directo de Patricia Benavides (satélite funcional del triunvirato) decía que “todos son culpables hasta que demuestren su inocencia” ?, pues ya vemos a dónde apuntaba ese trinquete inconstitucional.
No olvidemos que las dictaduras se endurecen y desesperan cuando están más cerca de caer, pero no pueden evitar su estrepitoso y trágico final. La voz de las lágrimas y la sangre derramada clama siempre desde la tierra, como dicen los primeros versículos de las sagradas escrituras.
