LIMA — Un joven estudiante de medicina con su uniforme de trabajo, desesperado, cuenta su familia, por ayudar a los manifestantes heridos. Un hombre de 22 años que finalmente había ahorrado lo suficiente para estudiar mecánica. Un vendedor de helados que volvía a casa tras un largo día de trabajo.

Ninguno participó en las manifestaciones que han consumido a Perú durante un mes. Pero todos murieron el lunes en el sur del país, víctimas de lo que se convirtió en el día más mortífero de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas gubernamentales desde que el país estalló en violencia el mes pasado.

En cuestión de horas, al menos 17 civiles y un policía fallecieron en el caos de las manifestaciones, según la Defensoría del Pueblo del país, una oleada de violencia extraordinaria que complicó el intento de la nueva presidenta de estabilizar el país.

Las muertes, en la ciudad de Juliaca, cerca de la frontera con Bolivia, provocaron un repudio generalizado hacia las fuerzas de seguridad peruanas, que parecen ser responsables de la mayoría de los fallecimientos, y han sido acusadas por manifestantes y grupos de derechos humanos de usar la fuerza letal de forma indiscriminada contra civiles.

“Él estaba con la ropa uniformada, como todos los médicos, para que sean reconocidos y no los ataquen”, dijo Milagros Samillan, de 27 años, hermana del residente médico muerto, un aspirante a neurocirujano llamado Marco Samillan, de 31 años. “Pero aun así la policía los ha atacado a matar”.

El martes, Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, un grupo de rendición de cuentas, responsabilizó de las muertes del lunes al “uso indiscriminado de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

“Lo que ocurrió ayer realmente fue una masacre”, comentó. “Fueron asesinatos extrajudiciales”.

Perú, el quinto país más poblado de América Latina, ha sido escenario de manifestaciones violentas desde mediados de diciembre, cuando el entonces presidente de izquierda del país, Pedro Castillo, quien había prometido atender los viejos problemas de la pobreza y la desigualdad, intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. La medida fue condenada de manera generalizada como una acción inconstitucional, Castillo fue detenido y su vicepresidenta fue juramentada en su lugar.

Los partidarios de Castillo, muchos de ellos provenientes de regiones rurales desfavorecidas, rápidamente tomaron las calles para pedir nuevas elecciones generales y varios de ellos afirmaron que se les había arrebatado el derecho a ser gobernados por el hombre que habían elegido para el cargo solamente un año antes.

La violencia del lunes en la ciudad de Juliaca, al sur del país, marcó el enfrentamiento más mortífero entre civiles y actores armados en Perú en al menos dos décadas, cuando el país salió de una dictadura y de una lucha prolongada y brutal contra una guerrilla violenta, un conflicto que dejó al menos 70.000 personas muertas, muchas de ellas civiles.

Las convulsiones violentas en Perú se producen en un momento en el que Sudamérica enfrenta amenazas importantes en muchas de sus democracias , y cuando las encuestas muestran niveles excepcionalmente bajos de confianza en las instituciones gubernamentales, los políticos y los medios de comunicación.

El domingo, simpatizantes de Jair Bolsonaro, el expresidente de extrema derecha de Brasil, asaltaron el Congreso y otros edificios de la capital, impulsados por la creencia de que las elecciones que Bolsonaro perdió en octubre habían estado amañadas. En la vecina Bolivia, estallaron protestas en Santa Cruz, centro económico del país, tras la detención del gobernador de la oposición, cuyos partidarios afirman que está siendo perseguido por el gobierno en el poder.

El ministro del Interior de Perú, Víctor Rojas, dijo que las protestas en Juliaca habían comenzado de manera pacífica pero que se volvieron violentas alrededor de las 3 p. m., cuando aunos 9000 manifestantes intentaron tomar el control del aeropuerto y personas con armas improvisadas y explosivos atacaron a la policía.

En medio de los disturbios, las imágenes de la televisión local mostraron a personas destruyendo las oficinas de los fiscales y un supermercado en Juliaca e incendiando la casa de un legislador de un partido de la oposición.

Rojas aseguró que las fuerzas de seguridad habían actuado dentro de los límites legales para defenderse. Fue “imposible controlar a la turba”, dijo.

Los enfrentamientos en Juliaca elevan el número de fallecidos a nivel nacional desde la destitución de Castillo a al menos 47 personas, según la Defensoría del Pueblo de Perú. Casi todos los muertos han sido civiles, aseguró el organismo: 39 personas que murieron en medio de las protestas, junto a un oficial de policía y siete que fallecieron en accidentes de tránsito relacionados con el caos o como resultado de los bloqueos de los manifestantes.

Las manifestaciones comenzaron en el país poco después de que, el 7 de diciembre, las autoridades detuvieran a Castillo por cargos de rebelión. Algunas protestas en el último mes han sido pacíficas; en otros casos, los manifestantes han usado hondas para arrojar piedras, bloqueado carreteras en vías cruciales, quemado edificios gubernamentales y tomado aeropuertos.

Cuando la nueva presidenta, Dina Boluarte, exaliada de Castillo, declaró en diciembre el estado de emergencia, los militares salieron a las calles para mantener el orden.

Cientos de policías y civiles han resultado heridos

El derramamiento de sangre más reciente en Perú ocurrió en la región de Puno, una zona predominantemente indígena del país, luego de que miles de personas de comunidades aimaras alejadas llegaran masivamente a la ciudad de Juliaca.

Muchas exigen que Castillo regrese a la presidencia, un reclamo que resulta políticamente inviable en la capital, Lima, y una medida que sería ilegal.

La petición principal es que se celebren nuevas elecciones generales, que según las autoridades electorales podrían realizarse tan pronto como a fines de este año. El Congreso, integrado por muchos representantes reacios a ceder sus escaños, rechazó un lapso tan ajustado, pero apoyó una propuesta para una votación en abril de 2024.

Hasta la tarde del martes, Boluarte aún no había hecho comentarios sobre los disturbios desde que confirmó la muerte del primer civil un día antes, cuando pareció exasperada con las demandas de los manifestantes.

“Lo único que estaba en mi mano era el adelanto de elecciones, y ya lo propusimos”, dijo Boluarte el lunes en un evento. “En paz y orden todo se puede lograr, en mitad de la violencia y el caos se complica más, se hace difícil”.

El primer ministro Alberto Otárola, en rueda de prensa, culpó a Castillo y a sus aliados de la muerte de los manifestantes, al afirmar que habían incitado a ataques violentos destinados a desestabilizar al gobierno de Boluarte.

“Ellos son los responsables”, dijo, “y no nuestros policías”. Ni tampoco “los ciudadanos que aterrorizados ven cómo estas hordas de delincuentes pretenden soliviantar el estado de derecho”.

El martes, Otárola dijo que la región de Puno estaría sujeta a tres días de toque de queda a partir de las 8 p. m.

A raíz de la violencia, las Naciones Unidas, el embajador británico en Perú y otros actores internacionales emitieron declaraciones en las que pedían explícitamente a las fuerzas de seguridad peruanas que respetaran los derechos humanos.

Estados Unidos, que ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo al gobierno de Boluarte y anunció la semana pasada una nueva financiación de ocho millones de dólares para Perú destinada a apoyar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, fue menos directo.

“Es urgente que se tomen medidas para detener esta dolorosa situación de violencia y evitar la pérdida de más vidas humanas”, escribió en Twitter la embajadora estadounidense en Perú, Lisa Kenna.

Tras la llegada de los primeros nueve cadáveres a un hospital de Juliaca el lunes por la tarde, Enrique Sotomayor, médico funcionario del hospital, dijo a los medios de comunicación locales que todos habían recibido disparos de proyectiles de armas de fuego lo suficientemente potentes como para dañar gravemente los órganos internos.

Samillan, el aspirante a neurocirujano, esperaba abrir algún día un hospital que atendiera a personas de escasos recursos económicos, dijo su hermana. Estaba haciendo su internado en un hospital de Juliaca y el lunes, junto con otros voluntarios, había salido a la calle para ayudar a los manifestantes heridos.

Hablando por teléfono mientras se encontraba en un patio frente a la morgue del hospital, Samillan dijo que su hermano había recibido dos disparos.

“Todo fue tan rápido, tan sangriento que hasta ahorita estoy sin creer todo lo que está pasando”, dijo

Samillan dijo que su hermano era “una persona que le gusta ayudar a la gente, que muchas veces él ha venido diciendo: ‘Yo voy a apoyar a la gente. No importa que pierda la vida’. Lamentablemente, se hizo real eso, ¿no?”.

Pidió la renuncia de Boluarte.

“El pueblo no la quiere”, dijo.

Roger Cayo, de 22 años, siempre quiso estudiar mecánica, pero no podía costearlo, dijo su único hermano, Mauro Cayo. Este año por fin había ahorrado suficiente para hacerlo. Esos planes se truncaron cuando el lunes recibió un disparo en la cabeza mientras pasaba junto a las protestas.

“Aquí nos encontramos todos los dolientes”, dijo Cayo, que esperaba para recoger el cuerpo de su hermano. Por teléfono, se oía de fondo el sonido de un llanto.

Gabriel Omar López, de 35 años, fue la primera persona muerta a manos de la policía el lunes. Su esposa declaró al diario La República que le habían disparado en medio del caos tras un día vendiendo helados en la calle.

El martes, la policía identificó al suboficial muerto como José Luis Soncco, y el Ministerio del Interior dijo que había muerto después de que los manifestantes atacaran un vehículo policial, se apoderaran de armas e incendiaran el auto.

Los manifestantes han asegurado que marcharán a Lima en los próximos días, mientras que el gobierno ha prometido introducir nuevas medidas para restablecer el orden. Muchos peruanos temen una nueva ola de violencia.

El gobierno ha anunciado el envío de una delegación de altos funcionarios a Puno para entablar un diálogo. Pero no está claro con quién hablarán. El lunes, el ministro del Interior, Rojas, dijo que no había encontrado a nadie en Puno dispuesto a hablar con él.

“En el Ejecutivo tenemos todas las ganas de hacer las cosas bien, queremos enmendar errores”, pero los manifestantes “cerraron la puerta” al diálogo, dijo.

“Hay compatriotas muertos, ese es el objetivo de ellos. Crear caos sobre el caos”, dijo Rojas.

Julie Turkewitz es la jefa de la oficina de los Andes y da cobertura a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de trasladarse a Sudamérica, fue corresponsal nacional en el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz