Ante todo, mis condolencias a las familias juliaqueñas enlutadas en diez y ocho casos por acción de la represión indiscriminada de fuerzas policiales y militares y en un caso, de protestantes. Y mi invocación a ponernos en actitud de escucha para entender lo que está pasando con nuestros diferentes conciudadanos y conciudadanas, tras haber perdido 42 vidas, incluyendo adolescentes, en el marco de la represión policial y militar a protestas y del descontrol de las mismas.
Justamente lo contrario a entender, que es uno de los primeros objetivos de cualquier diálogo, es estigmatizar generalizando. Así como el sector de policías que ha disparado a matar es puntual, identificable, separable de la institución y sancionable administrativa, civil y penalmente, el sector de personas que han realizado actos delictivos y violentos en las protestas, es puntual, identificable, sancionable y distinguible de las mayorías que protestan pacíficamente, aunque con justa indignación.
Por eso es necesario contener, aislar y rechazar las afirmaciones de quiénes toman puntuales actos de vandalismo para señalar como terroristas a todas las personas que en los departamentos del sur de Perú, reclaman la renuncia de la presidenta Boluarte, elecciones generales este año y justicia para los asesinados. Esas afirmaciones no sólo ensanchan las brechas entre peruanos reforzando los peores estereotipos discriminatorios en razón de la procedencia, las ideas y las condiciones socioeconómicas, sino que reabren profundas y dolorosas heridas de la violencia política de fines del siglo pasado. Sin atender a que en Puno la organización aymara fue una barrera infranqueable para las huestes de la organización terrorista Sendero Luminoso, o que en Ayacucho los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga expulsaron a dicha organización de los claustros universitarios.
En la misma dirección, urge atender a que personal de una dependencia policial, de una fiscalía y de un juzgado, con funciones, respectivamente, de protección a las personas y a la comunidad, de defensa de la legalidad y de garantía del debido proceso, incluyan entre las diligencias de una investigación, la incautación de libros del filósofo alemán Karl Marx y de los políticos rusos Vladimir Lenin y José Stalin. La orden sería propia de un meme burlón si no fuera porque es parte de una resolución judicial donde se dicta la detención preliminar de 8 conciudadanos y conciudadanas de Ayacucho. En dicha resolución además se incluye como sustento de dicha decisión, que los detenidos han hecho invocaciones a una nueva Constitución, así como coordinaciones por Whatsapp sobre desplazamientos los días de las protestas.
Sin perjuicio de que la investigación termine archivándose o eventualmente se absuelva a los imputados, y que la fiscal y el juez sean sancionados, la primera por falta a deberes de debida diligencia, y el segundo por infracción al deber de una debida motivación, el Ministerio Público y el Poder Judicial deberían recordarle a sus integrantes y a la comunidad en general, que en un Estado de Derecho está proscrita la persecución por ideas, y que el derecho a las libertades de opinión, expresión y difusión del pensamiento, no se ha suspendido.
No hacerlo sería un indicio más de haber cruzado los límites de una democracia incipiente para entrar a una dictadura por pérdida de legitimidad de ejercicio de la presidenta de la República, sus ministros y la mayoría congresal que les dio el voto de confianza. En cualquier caso, salir de esta peligrosa situación para la vida y libertades ciudadanas, pasa por la renuncia de la presidenta de la República, la convocatoria a elecciones generales y el reinicio de una profunda reforma policial.
