El último 19 de enero, el congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular) ingresó al Congreso una propuesta “para recuperar la actividad productiva en el sector pesca y acuicultura” a través de un nuevo régimen excepcional de reducción de multas.
La iniciativa legislativa 4025 indica que las personas naturales y jurídicas que cuenten con sanciones impuestas por el Ministerio de la Producción (Produce) pueden acogerse a la reducción de hasta 90% del total de sus multas.
La propuesta ya se encuentra en la Comisión de Producción del Congreso. En ese contexto, especialistas consultados por La República recomiendan que el grupo de trabajo archive de plano la iniciativa por ser perjudicial a la fiscalización en este sector y porque incentiva que se sigan cometiendo más infracciones, lo que atenta contra la sostenibilidad de los recursos marinos.
Medida ya fue aplicada
En mayo de 2022, el Produce aprobó el decreto supremo 007 que permitió que se reduzcan las multas hasta en un 90%, norma que en su momento fue cuestionada porque solo se justificó señalando que era en beneficio de los pescadores artesanales y de mediana escala que habían sido afectados por la pandemia.
“Se perdonaron más de S/270 millones en multas y los principales beneficiados no fueron los pescadores artesanales, sino empresas medianas y grandes con historia de reincidencia en la comisión de infracciones”, precisa Carmen Heck, directora de Políticas de Oceana Perú.
Por este motivo, Heck precisa que el verdadero impacto que va a tener la nueva propuesta es generar más incentivos para que los infractores hagan caso omiso a la ley.
La iniciativa plantea que para multas de hasta 50 UIT, lo que equivale a S/247.500, se reduzca mínimo el 90%, mientras que cuando sea mayor a 200 UIT (S/990.000), la disminución no puede ser mayor al 50%. Además, si el monto final a pagar supera el valor de una UIT —que tiene un valor de S/4.950 al 2023—, esta puede fraccionarse hasta en 12 cuotas mensuales.
“Lo que encontramos incongruente es que se señala que el objeto de la ley es promover el pago de las multas. Técnicamente eso no se sostiene”, afirma Heck.
El documento también detalla que los interesados tendrán hasta 120 días hábiles para realizar su solicitud, es decir, 30 días más que el año pasado.
Por su parte, el asesor legal de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Percy Grandez, concuerda en que la propuesta debilita la fiscalización pesquera. “Desde un punto de vista legal, contradice y vulnera el principio de razonabilidad establecido en la ley de procedimiento administrativo general, que dispone que pagar una multa no puede ser más beneficioso que cometer una infracción”, sostiene Grandez.
El abogado exhorta a la Comisión de Producción a que archive el proyecto, pues “genera impunidad y afecta la sostenibilidad de la pesquería”.
