Con 14 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia constitucional que acusa a la excongresista Luciana León por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio, organización criminal y peculado doloso.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, con 14 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, el informe final de la denuncia constitucional contra la excongresista Luciana León.
A la excongresista se le denuncia por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación del Código Penal. Todos durante su ejercicio como parlamentaria.
La denuncia constitucional 240 fue presentada el 11 de marzo del 2022 por la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos contra la excongresista aprista a través de un oficio enviado a la entonces presidenta del Congreso de la República María del Carmen Alva.
Como se recuerda, la última vez que se sesionó sobre la denuncia, su abogado Fernando Silva La Rosa señaló que dentro de la investigación que se le sigue a su patrocinada no se han encontrado elementos de prueba que acrediten que habido algún tráfico de influencias.
“No hay elementos de prueba, elementos de convicción de ningún funcionario de los ministerios que señalen que la señora León Romero haya participado de manera directa para esas obras”, expresó aquella vez.
Investigación contra Luciana León
Un reportaje de Punto Final reveló que la Fiscalía tiene como indicios y pruebas contra Luciana León conversaciones de WhatsApp que revelan presuntas presiones a exfuncionarios del Poder Ejecutivo para lograr el visto bueno de obras vinculadas a la Municipalidad de La Victoria.
Según el Ministerio Público, la exparlamentaria “era el brazo legal y político encargado de ofrecer su amplia red de contactos con políticos y altos funcionarios así como interceder y gestionar ante ellos para satisfacer los requerimientos y necesidades de la organización delictiva con claros fines económicos”.
La Fiscalía también investiga a Alexander Peña Quispe como presunto brazo operativo de la organización “Los Intocables Ediles” y que realizaba las obras en colusión con el entonces alcalde de La Victoria, Elías Cuba.
Los chats de la exlegisladora evidenciarían su presunta presión para favorecer a la comuna de La Victoria para el presupuesto del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel), programa del gobierno para inversión pública regional y local.
Fuente: RPP
