En La Mula TV, la antropóloga cusqueña cuestionó las intervenciones policiales contra dirigentes que solo gestionaban recursos para los manifestantes.
Es “brutal” que se esté criminalizando a las manifestaciones de solidaridad y organización de los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta, señaló, en La Mula TV, la antropóloga cusqueña Rosmery Roca.
En el programa ‘Al Filo’, Roca destacó que la columna vertebral de las protestas en Cusco son las comunidades campesinas y lamentó las muestras de racismo de algunos sectores que rechazan a estos grupos.
En ese sentido, destacó las formas de autogestión y solidaridad entre los manifestantes.
“Ha jugado mucho esta suerte de solidaridad que se está dando. Cuando uno contrata un carro, no le cobran el precio regular, sino también hay un transportista que se solidariza. Yo entiendo que para muchas personas esto significa nuevo, novedoso o hasta exotizan esta forma de organización, pero acá en Cusco sabemos que eso sucede siempre“, dijo en entrevista con Javier Torres.
“En el marco de esto, se ha estado criminalizando la solidaridad y organización de la gente, lo que me parece brutal. La congresista Ruth Luque ha denunciado que hay un rondero campesino de Quispicanchi que se encuentra detenido hace siete días, el compañero Cirilo Jara Medina, porque se le encontró con un bolso de dinero que le permitía mantener a su delegación Quispicanchi en Lima. Entonces, esta suerte de no comprensión está llevando a estigmatizar”, señaló.
En los últimos días, la Policía ha informado sobre la detención de dirigentes por el solo hecho de poseer dinero que, como se evidenció en los cuadernos, estaba destinado para atender las necesidades básicas de los ciudadanos de regiones que se encuentran en Lima ejerciendo su derecho a la protesta contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.
FOTO: RONDAS CAMPESINAS DE JAÉN, CAJAMARCA
Desde diciembre del 2022, tras la caída del expresidente Pedro Castillo, miles de manifestantes de diversas regiones del país protestan pidiendo la renuncia de Boluarte y la Mesa Directiva del Congreso, el adelanto de elecciones generales y un referéndum sobre una Asamblea Constituyente.
Lamentablemente, hasta la fecha, según cifras de la Defensoría del Pueblo, 47 civiles han fallecido en medio de las protestas sociales. La mayoría víctimas mortales ha sido herida por dproyectiles de armas de fuego, según la fiscalía.
