Si fue o no fue un golpe de Estado lo que pasó aquel 10 de noviembre de 2019 es un debate que aún divide el país. Y hasta la Iglesia católica se metió de lleno en la discusión. Mientras la Conferencia Episcopal Boliviana defiende su rol “pacificador” en el derrocamiento del expresidente Evo Morales (2006-2019), desde el MAS aseguran lo contrario.
“La cúpula de la Iglesia católica siempre ha mentido y engañado al pueblo. Tenemos toda la información que demuestra que los representantes de la lglesia han orquestado el golpe de Estado, han formado parte de ese equipo delincuencial”, insistió en entrevista con Sputnik el senador Leonardo Loza, del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) intentó mantenerse ajena al tema, pero las declaraciones de la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) sobre la participación de los sacerdotes en su asunción del Gobierno, les obligó a salir de su ostracismo. Así fue que publicaron un comunicado para explicar el rol “pacificador” que consideran haber tenido en la crisis política de Bolivia en los últimos meses de 2019.
En prisión preventiva desde marzo, Áñez rememoró ante la Justicia una polémica reunión el 11 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica Boliviana (UCB), en la cual un grupo de curas, políticos y diplomáticos definieron cómo sería la sucesión presidencial, cuando Evo ya se encontraba exiliado en México.
Como respuesta a las acusaciones de la exmandataria, la CEB detalló sus actividades en octubre y noviembre de 2019 en el informe presentado este 15 de junio. De acuerdo con el documento, los representantes católicos validaron el traspaso de mando “constitucional” a Áñez con el argumento de que nadie del MAS quiso hacerse cargo de la Presidencia del país.
Convencido de la participación eclesiástica en la ruptura del orden constitucional, el senador Loza remarcó por qué no cree en la versión de los sacerdotes: “A lo largo de nuestra historia, la Iglesia católica siempre ha apoyado diferentes políticas en contra de los pueblos”. Y recordó la década de los 80, cuando los sucesivos gobiernos pretendían erradicar los cultivos de coca de los campesinos.
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Antes de ser electo al Parlamento, Loza dirigió hasta noviembre de 2020 las Seis Federaciones del Trópico, el poderoso sindicato de campesinos productores de hoja de coca. Se trata de la organización en la que Evo Morales se inició políticamente en los 80 y pasó a ejercer una influencia irresistible sobre los demás jóvenes líderes. El actual senador era uno de ellos.
“Cuando a los cocaleros nos mataban en el Trópico de Cochabamba, me acuerdo de que la Iglesia llamaba al diálogo. Firmábamos un acuerdo, pero al día siguiente venía el Gobierno de nuevo a matarnos”, recordó.
A su juicio, la CEB ahora intenta “aparecer como los salvadores” en el informe presentado, pero no condice con su actuación a lo largo de la historia. Evo coincide con el compañero de partido y de lucha cocalera sobre el comunicado de la conferencia episcopal y lo manifestó a través de su cuenta de Twitter.
Más denuncias contra el Gobierno de facto
Los casos y anécdotas del Gobierno de facto a partir de las declaraciones de la expresidenta y otras exautoridades siguen multiplicando investigaciones de la Justicia. Entre los escándalos, el portal investigativo The Intercept reveló audios que pertenecerían al exministro de Defensa de Áñez, Luis Fernando López, quien habría intentado contratar a mercenarios extranjeros para evitar la asunción de Luis Arce como presidente tras vencer las elecciones en 2020.
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Las tropelías del gobierno de Áñez no se limitaron al territorio del Estado Plurinacional, según las revelaciones. A partir de la declaración de otro exministro, se supo que en sus primeros días de mandato la expresidenta pidió a Ecuador un préstamo de material represivo para las innumerables protestas que se registraban en el país en los turbulentos momentos de la caída de Evo.
En este sentido, Loza afirmó que preparan una denuncia contra Carlos Sánchez Berzaín, un operador político de la derecha continental refugiado en Miami desde 2003, luego de haber dirigido la represión al pueblo de El Alto durante la llamada Guerra del Gas, cuando era ministro de Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
También está implicada en este caso la exministra de Comunicación de Áñez, Roxana Lizárraga, quien participó del acuerdo con Sánchez Berzaín.
“Han traído armas desde Ecuador a nuestro país para balear y masacrar al pueblo. Hemos instruido a nuestro equipo técnico jurídico que prepare una demanda penal contra Sánchez Berzaín, Lizárraga y otras personas para que la justicia boliviana esclarezca este tema”, dijo el senador.
Loza comentó que trabajan en coordinación con legisladores de Ecuador, quienes desean enjuiciar al expresidente Lenin Moreno (2017-2021) por facilitar este préstamo.
¿Una ‘cacería de brujas’ en Bolivia?
La caída de la oposición boliviana comenzó en Florida, Estados Unidos, el 26 de mayo pasado. Ese día fue detenido el exministro de Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, involucrado en el manejo irregular de 5,6 millones de dólares, destinados a la compra de armamento no letal para la Policía Nacional. Lo acusan de lavado de dinero y de participar en sobornos. Podrían condenarlo a 30 años de cárcel.
Desde entonces, el Ministerio Público llamó a declarar a todos los exministros de Áñez. Dos de ellos están detenidos: el exministro de Justicia, Álvaro Coímbra; y el de Energías, Rodrigo Guzmán.
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El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), una organización pública con un rol destacado durante los días previos y posteriores al derrocamiento del expresidente aymara. Su vocero, el investigador social y escritor Manuel Morales, brindó a Sputnik su análisis de los últimos acontecimientos.
“A partir de la detención de Murillo, es como si el Gobierno boliviano se hubiera excitado jurídica y políticamente”, dijo. Y agregó: “Está aprovechando la situación generada por el Gobierno de Estados Unidos para llevar agua a su molino”.
A su juicio, “la detención de Murillo debería haber sido fruto de una investigación, que lastimosamente la justicia boliviana no ha hecho. Recién se han empezado a mover con la detención de Murillo”.
Jeanine Áñez, ¿presa política?
Para Manuel Morales, la detención de Áñez es injusta, primeramente porque —según él— no hubo un golpe de Estado: “Desde nuestro punto de vista, el juicio contra Áñez vulnera garantías constitucionales. El debido proceso no es solamente que te detengan y te enjuicien con las formalidades del caso. También te tienen que juzgar por un delito punible y que sea de verdad”.
Por ello, en el Conade afirmaron que Áñez debería someterse a un juicio por responsabilidades, en atención a su pasada investidura presidencial.
“Según la Constitución de Bolivia, cuando un presidente comete delitos, ya sea traición a la patria, vulneración del régimen de recursos naturales o derechos humanos, le corresponde un juicio de responsabilidades”, aseguró Morales.
“Debería aplicarse la Constitución por encima del Código Penal. Correspondería un juicio de responsabilidades a Áñez, pero también a la gestión de Evo Morales, porque también ha cometido delitos”, afirmó.
Y consideró que este escenario “nunca se va a dar, porque el MAS no va a viabilizar un juicio contra Evo y la oposición no va a viabilizar un juicio contra Áñez”.
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Para motorizar un juicio por responsabilidades, es necesario contar con el apoyo de dos tercios del Congreso. El MAS contaba con esta porción hasta noviembre del año pasado. En la actual conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene más del 50%, pero ya no alcanza al 66%.
Por ello, “el Gobierno del MAS ha decidido primero hacerle un juicio penal a Áñez por un supuesto golpe de Estado, en el cual ella no ha tenido parte. Porque cuando han habido las movilizaciones por la defensa del voto en 2019, la señora Áñez estaba en su casa en Beni”, dijo Manuel Morales.
El MAS “ha iniciado primero un juicio penal por conspiración, sedición y terrorismo para argumentar que hubo un golpe de Estado. Así, el Gobierno está inviabilizando el juicio por responsabilidades. En ese contexto, el MAS ha hecho una detención arbitraria”, sostuvo el líder del Conade.
Y recordó cuál fue el rol de su organización durante octubre y noviembre de 2019: “Ha habido un levantamiento popular, como ha habido en 2003 o en 1952. En este caso, el pueblo salió molesto a las calles por la corrupción, por la quema de la Chiquitanía, por el fraude electoral y el no respeto al 21F”, movimiento llamado así por el 21 de febrero de 2016, cuando un referéndum rechazó la cuarta postulación de Morales.
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En ese contexto, el Conade “organizó el paro general, convocó bajo las reglas de la democracia a una resistencia civil, para que finalmente se respete el voto del pueblo y se conforme un nuevo Tribunal Supremo Electoral que convoque a nuevas elecciones”.
Comentó que “nunca se nos pasó por la cabeza el tema del poder. En el caso del Conade, y el 99% de la movilización ciudadana, nadie pensó en sacar a Evo Morales y poner un nuevo Gobierno”.
De todos modos, afirmó que “el Conade no se retracta de nada de lo que ha hecho. No hemos participado de ningún golpe de Estado. El elemento central es que había un vacío de poder”, ante la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de 2019.
