La segunda pata de la reforma de las pensiones cuenta con el apoyo de Bruselas, del socio de Gobierno Unidas Podemos y de los sindicatos, pero no de la patronal. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha reunido este viernes con los agentes sociales para presentarles la propuesta que matiza los años de cálculo de la pensión, aborda el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima y apunta a una subida de la sobrecotización para mantener la hucha con la que jubilar a la generación del baby boom. Las partes se emplazan a una nueva reunión el lunes.
PSOE y Podemos cerraron a última hora del jueves un acuerdo para esta segunda fase de la reforma. La confirmación por parte de UP llegaba a primera hora del este viernes de la mano de la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que en un mensaje compartido en Twitter calificaba que la propuesta del Gobierno “ha sido muy trabajada” y que “amplía los derechos a los y las pensionistas garantizando la sostenibilidad del sistema gracias al aumento de ingresos”. Más tarde celebró el acuerdo en la misma línea la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
La segunda pata se centra en el aumento de los ingresos de la Seguridad Social y en la suficiencia de pensiones para los trabajadores con carreras laborales más volátiles, uno de los hitos vinculados al cuarto desembolso de los fondos europeos de 10.000 millones que España aún no ha solicitado.
La negociación del Ministerio de Inclusión ha sido a tres bandas: con Bruselas, con las fuerzas políticas y con los agentes sociales y los tiempos se han extendido más de lo previsto bajo riesgo de castigo por parte de la Comisión Europea, con quien el Gobierno ha mantenido contactos “intensos” en las últimas semanas. Para cerrar el círculo, ahora falta el acuerdo de los sindicatos y las patronales.
Escrivá buscaba conseguir hoy el consenso con UGT (que antes de la cita ya avanzó su apoyo con un “mejor, imposible”), CCOO (que lo veía “muy posible”), CEOE, Cepyme y ATA, que finalmente han rechazado la propuesta por ser “regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión”, han indicado en un comunicado
Uno de los puntos más calientes de esta negociación ha sido la propuesta del Gobierno de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años entre 2027 y 2038, descartando los dos peores años de cotización, de forma que la pensión se calcularía con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años. Finalmente, el acuerdo cerrado con Bruselas permitirá a los pensionistas elegir entre el periodo de cómputo actual de 25 años o ampliarlo a 29 años pudiendo quitar los dos de peor cotización.
La propuesta que llega ante los agentes sociales flexibiliza el periodo de cálculo. La Seguridad Social aplicará por defecto el sistema más beneficioso aunque el pensionista podrá elegir entre mantener el cómputo de 25 o ampliarlo a 27 años si le compensa.
La fricción generada y reconocida por el propio ministro llevó a modificar los términos aunque manteniendo el objetivo final, que pasa por que los trabajadores con carreras laborales más volátiles (los despedidos al final de su vida laboral, por ejemplo) no sufran una merma de su pensión.
Ampliar el periodo de cálculo de las pensiones beneficiará a los trabajadores con empleos precarios (especialmente las mujeres, que engloban más jornadas parciales, excedencias, periodos de inactividad…) cuyos últimos años de cotización han sido inestables o de retribuciones menores que al inicio de sus carreras (el 30% de los trabajadores está en esta situación según cálculos del propio Gobierno), pero puede ser perjudicial para aquellos que sí han reunido los mejores años al final de sus carreras porque implica meter en el cálculo años con menos salario y diluir más la cuantía. La posibilidad de elegir evita perjudicar a unos o a otros.
El secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha desvelado que el acuerdo también contempla una subida de las pensiones más bajas, tanto contributivas como no contributivas, hasta representar, “como mínimo”, el 60% de la cuantía de la pensión media.
La otra gran cuestión de la segunda parte de la reforma de las pensiones es mejorar los ingresos del sistema sobre todo de cara a la jubilación de los babyboomers. Para lograrlo, la propuesta del Gobierno plantea una “cuota de solidaridad” para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización: será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045.
Esta solo se aplicará a salarios superiores a 53.946 euros en 2023, la base máxima de cotización hoy en España, como apuntan las fuentes de la Vicepresidencia Segunda y Unidas Podemos. También han recalcado que es “una aportación neta al sistema” y no un mecanismo de destope, por lo que no conlleva una contraprestación ni genera derechos. Por tanto, su carácter no es contributivo sino solidario, para fomentar la mejora de la solidaridad del sistema.
Del mismo modo, han insistido en que no supondrá un mayor gasto para la Seguridad Social, puesto que se trata de una aportación de las empresas con los salarios más altos para financiar el sistema.
Asimismo, el Ejecutivo propone duplicar la sobrecotización asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Esta, que este año subió el 0,6%, subirá hasta el 1,2% en 2029 para empresas y trabajadores a un ritmo de una décima por año. Así, las empresas pagarán un punto más y los trabajadores 0,2 frente al 0,5 que el empresario asume ahora y el 0,1 del empleado. El reparto de esa aportación recaerá en un 83,4% sobre la empresa y en el 16,6% en el trabajador.
El acuerdo con el que Escrivá ha ido a la mesa de negociación propone, para elevar los ingresos del sistema mediante la subida de las bases máximas, que se hará entre 2024 y 2050 sumándole a la cuantía anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Las pensiones máximas se revalorizarán año a año con el IPC anual más un incremento adicional de 0,0115 porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales.
La subida de las bases máximas de cotización, ha apuntado Santiago, se hará de manera progresiva, hasta un máximo cercano al 35%, “sin que ello signifique un incremento de la pensión máxima en esa cuantía”, ha apuntado Santiago.
