La República informó que Boluarte y Otárola no podrán ser interrogados por la Procuraduría ni por los abogados de las víctimas en el caso de genocidio. “A ver si la salvan, por ahora está salvada”, dijo César Hildebrandt.
Este lunes, el periodista César Hildebrant se refirió a la nota que publicó La República a la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, en su reciente edición impresa. Específicamente se trata de que la Procuraduría no podrá interrogar a la jefa de Estado ni al primer ministro, Alberto Otárola Peñaranda, quienes son investigados por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
“Dina Boluarte no podrá ser interrogada por los procuradores en el asunto de la investigación sobre la responsabilidad de las decenas de muertes ocurridas. Los abogados del Estado no van a poder, tampoco los que representan legalmente a las víctimas”, dijo en su podcast.
“Como sostiene el diario La República, esto ni siquiera se ha hecho en los casos de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, casos en los que los procuradores sí pudieron interrogar, pero aquí no. Es otro favor, en fin, que el sistema judicial, en conjunto, le hace a la señora Boluarte. A ver si la salvan porque por ahora está salvada”, agregó.
Como informó este diario, la defensa del Estado, así como los abogados de las víctimas que fallecieron durante las manifestaciones que se registraron en varias regiones del país contra la gestión de Dina Boluarte, solo podrán participar en las tomas de las declaraciones en sede fiscal.
Tanto la presidenta de la República como el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros podrán responder las preguntas de su defensa, así como del fiscal a cargo de las indagaciones contra la dupla del Ejecutivo.
El pasado 10 de marzo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró fundada, en parte, la tutela de derecho que planteó la Procuraduría en las investigación que se le sigue a Boluarte y Otárola. Asimismo, el juez supremo Juan Carlos Checkley no accedió al pedido de anular la declaración del primer ministro que dio el 16 de febrero, cita a la que no fue convocada la entidad.
Fuente: La República
